Analizará gobierno de México fallo de la Corte IDH sobre prisión preventiva oficiosa

Foto: Cuartoscuro

• El Gobierno de México afirmó que analizará los resolutivos sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión 17 años sin haberles dictado sentencia.

AN / MÉXICO.-La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, que incluye dejar sin efecto el arraigo pre-procesal y adecuar la medida de la prisión preventiva oficiosa a las normas internacionales, servirá para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad, afirmó el Gobierno de México.

“Servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas”, sostuvo en un comunicado.

La Secretaría de Gobernación (Segob), junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvieron que el Estado mexicano analizará los resolutivos para “estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones”.

Esto después de que la Corte IDH determinó este miércoles que el gobierno mexicano había violado los derechos humanos de García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron en prisión preventiva durante más de 17 años sin sentencia.

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Ante esto, ordenó dejar sin efecto el arraigo, el cual afirmó vulnera los derechos a la libertad personal, a ser oído y a la presunción de inocencia, así como adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva a estándares internacionales, por considerar que esta figura es contraria a la Convención Americana.

La PPO fue introducida al artículo 19 de la Constitución en 2008 y expandida en 2019, para contemplar 16 delitos distintos. Estipula que toda persona vinculada a proceso por alguno de estos crímenes deberá pasar su proceso en prisión hasta que un juez dicte su sentencia.

Previamente, organizaciones han denunciado que dichas figuras no garantizan que las víctimas accedan a la justicia, sino que fomenta la reclusión a partir de falsas presunciones o falta de pruebas suficientes.

Además, señalan que, debido a la PPO, ha aumentado la cantidad de personas privadas de la libertad sin sentencia. Igualmente, sostienen que esta medida vulnera los derechos a la libertad, control judicial y presunción de inocencia.

Daniel García Rodríguez afirmó este miércoles durante entrevista en Aristegui en Vivo, tras conocer la sentencia sobre su caso, que durante la primera década de este siglo, miles de mexicanos fueron arraigados “sin una sola prueba en su contra”.

Esta no es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre estas figuras. El pasado 27 de enero, ordenó al gobierno dejar sin efecto el arraigo y adecuar la prisión preventiva a estándares internacionales, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, tras determinar que el Estado mexicano era responsable de diversas violaciones a derechos humanos por la detención de tres personas por parte de la policía en 2006.

El Estado mexicano cuenta con un plazo de un año para informar sobre el cumplimiento de la sentencia emitida este miércoles, según estableció la Corte IDH.

Gobierno federal rechaza sentencia de Corte Interamericana sobre prisión preventiva

A finales de enero, en la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas contra Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

Sentencia es una ‘falta de respeto’

Días después, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En conferencia, consideró que la sentencia emitida el pasado 27 de enero era una “falta de respeto al Estado mexicano”.

“Es un despropósito de la Corte Interamericana el ponerse por encima de la Constitución y es faltarle respeto al Estado mexicano. No puede haber ningún poder por encima del Estado mexicano, que es, entre otras cosas, pues el garante de que en este país haya estabilidad social, política, económica”, declaró.

No puede haber ninguna corte, por más Interamericana que sea, que cometa, como le dije, ese despropósito de obligar al Estado mexicano a modificar la Constitución, pues es uno de nuestros orgullos como mexicanos.

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