Abuso de adjudicación directa va en contra del artículo 134 de la Carta Magna: Mijangos

Foto: Imco.

• La especialista en fiscalización María de la Luz Mijangos Borja afirmó que el estudio presentado por el Imco revela un abuso de las excepciones legales para favorecer a empresas

Alejandro Castro

AN / CDMX.- Es inconstitucional que dependencias del Gobierno Federal hayan entregado 70 por ciento de contratos públicos a empresas través de adjudicaciones directas, sostiene María de la Luz Mijangos Borja, excontadora Mayor de Hacienda de la capital.

Abusar de las adjudicaciones directas contraviene al Artículo 134 de la Constitución, en el cual se dispone que el gobierno debe privilegiar las licitaciones públicas.

El lunes 5, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) presentó un informe sobre la revisión de 700 mil compras públicas realizadas de 2012 a 2017, donde detalló que a mil empresas proveedoras se les asignó por adjudicación directa el 71 por ciento de los contratos.

En entrevista, la académica y experta en fiscalización apuntó que, aunque la Ley permite hacer adjudicaciones directas de contratos públicos en casos excepcionales, cuando éstas superan el 50 por ciento de las contrataciones es un abuso de dichas excepciones.

El artículo 134 constitucional -explicó- dice en la parte conducente: “Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Explicó que hay compras que, por ser de un monto económico bajo, permiten hacer adjudicación directa para no perjudicar la fluidez del ejercicio público; sin embargo, no es el caso de los datos revelados por el Imco, donde refiere contratos que suman 2.3 billones de pesos.

El factor electoral

Respecto a las empresas que en 2012 tenían 16 por ciento de participación en los contratos públicos y aumentaron a 51 por ciento en la actual administración -dato también aportado por el Imco-, la especialista señaló que no existen mecanismos de detección sobre aportaciones ilícitas que pudieran hacer empresas a gobernantes o candidatos y que luego se traducen en la asignación de contratos.

Si en cada gobierno hay un cambio en las empresas ganadoras, no se debe a que unas crezcan y otras caigan, sino que, a través de estás asignaciones, “hay una presunción de que éstas empresas pudieron haber aportado a la campaña de quienes posteriormente pasaron a ser titulares de las dependencias, o al Poder Ejecutivo”, comentó.

Mijangos Borja, quien forma parte de las propuestas de Morena para Fiscal Anticorrupción, indicó que es necesario elaborar una nueva Ley de Adquisiciones para limitar las excepciones a la licitación pública, así como fortalecer mecanismos de revisiónde los órganos internos de control en las dependencias.

“Si ya se sabe en dónde está concentrado el gasto, en qué empresas se están dando las adjudicaciones directas, es importante que la Auditoría Superior de la Federación dirija sus esfuerzos de fiscalización, que son reducidos, a estos casos especiales y tengamos mejores resultados”, dijo.

Consideró que las modificaciones necesarias a la Ley deben contemplar la situación específica de las empresas para evaluar los motivos por los cuales siempre obtienen contratos por adjudicación directa, como es el caso de la empresa Summa Company.

Sancionar también a empresas

La ex contadora Mayor de Hacienda agregó que el informe presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad conecta con una innovación del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la posibilidad de sancionar también a las empresas que incurran en casos de corrupción.

Explicó que la responsabilidad recaía exclusivamente en los servidores públicos y los datos que presenta el informe de la organización indican que los riesgos de corrupción están no sólo en las dependencias gubernamentales, sino también en el sector privado.