El escándalo que viene

Roberto Borge, amigo del presidente Enrique Peña Nieto, finalmente fue deportado de Panamá, a donde se refugió tras las acusaciones de corrupción durante su gobierno en Quintana Roo. Antes, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz que decía estar blindado porque más de dos mil 500 millones de pesos del erario trasladó a campañas electorales del PRI, fue deportado de Guatemala por presuntamente usar recursos públicos en beneficio propio y de sus cercanos. El siguiente es César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, a quien acusa la Fiscalía estatal también de haber desviado dinero público para fines electorales. Este Duarte, que fue muy próximo a Peña Nieto al final de su mandato, tiene una curva de aprendizaje que no tenían sus anteriores colegas. El que quien creían su amigo no lo es, y la protección que esperaban tener, no existió. Más aún, en su entorno existe la convicción de que el gobierno de Javier Corral, recibió el apoyo de la Secretaría de Gobernación para hundirlo.

En el entorno de Duarte señalan que la Policía Federal actuó con una rapidez no vista antes en casos similares para detener a las personas que han declarado en contra del exgobernador. Pero el principal respaldo, según en su entorno, se dio con la actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), que bloqueó los esfuerzos de la defensa de Duarte para evitar ser detenido. Según documentos del caso a los que se ha tenido acceso, la agente del Ministerio Público federal adscrita a la Fepade, Alicia Ortiz, giró un oficio donde le negó al exgobernador que su defensa conociera del proceso, que pidió después de que el 30 de mayo pasado, tras enterarse por la prensa que se le investigaba, pidió que pudieran consultar la carpeta de investigación para defenderlo.

En el oficio fechado el 22 de junio, Ortiz respondió que “no tenía datos de prueba que puedan corroborar la identidad del imputado a que hace referencia en su escrito, para tener por cierto que el escrito que promovió a su nombre sea la misma persona que dice ser, por lo que no hay certeza que el escrito haya sido suscrito por la persona de mérito y menos aún que sea su decisión que sea defendido por los abogados que se mencionan”. En otras palabras, le negó el derecho a tener representación legal al rechazar y desconocer que César Duarte fuera César Duarte. El objetivo era obligar al exgobernador a ir personalmente a la fiscalía para acceder a la carpeta de investigación, algo que su defensa había dicho que no haría, amparado por la ley.

Sin conocer el expediente en su contra, según los documentos, Duarte se enteró por la prensa que el 30 de junio había una orden de aprehensión en su contra. Horas después llegaron a la casa de sus hijas en Huixquilucan, en el Estado de México, agentes federales para detenerlo. Ese domicilio era usado por Duarte cuando estaba en la Ciudad de México, y tiempo atrás los agentes la mantenían vigilada. No está claro con quién hablaron los agentes en el domicilio, pero el exgobernador dijo en su la declaración ampliada que fue informado “que dichos agentes comentaron que era necesario obtener una confesión aún en contra de su voluntad, lo que significa que de privarlo de su libertad, lo incomunicarán y ejercerán actos de tortura o tormento en su contra para que reconozca su participación en hechos delictuosos y acepte responsabilidad en los mismos”.

Duarte niega toda imputación. Su defensa cuestiona las acusaciones del exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral, que por órdenes de él se entregaron más de 14 millones de pesos de dinero en efectivo, procedentes de retenciones a trabajadores del gobierno estatal, a Pedro Mauli Romero, exsecretario de Administración y Finanzas del PRI local, porque Duarte –alega su defensa-, no podía disponer de ningún recurso público. Este presunto delito es el primero que le fincó el gobierno de Corral a su antecesor, el 5 de diciembre de 2016, al cual se le han venido sumando, de los mismos testigos, acusaciones y montos millonarios adicionales para los mismos propósitos.

Corral está decidido a ver en la cárcel a Duarte, y si la con su aliado es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es correcta, lo que viene es fuego. Al cumplir Corral con una de sus promesas de campaña, es la hipótesis, Osorio Chong golpeó al grupo que lo desplazó de la sucesión presidencial, y lastima a Manlio Fabio Beltrones, el líder del PRI en ese momento, con quien estaba enfrentado, y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cabeza del equipo de donde salió la candidatura presidencial, donde la honestidad e integridad que tienen como atributos, quedaría horadada.

Percepción no es realidad, pero si el círculo de Duarte así lo ve, es porque el exgobernador así lo cree y lo siente. Por eso el antecedente de Roberto Borge y Javier Duarte, que sirvieron a Peña Nieto y a su proyecto de país y están en la cárcel. Quizás lo único positivo para César Duarte es que al haber sido el último de esta lista, le permite analizar de manera distinta su lealtad con el presidente, la realidad en el país que dejó, y buscar un santuario en el extranjero a cambio de información. Si eso sucede y empieza a hablar, lo que se ha visto hasta ahora, con todo lo que sabe, habrá sido un prólogo de novela rosa.

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