La 3 de 3 ya es ley en Veracruz
La iniciativa fue presentada por Las
Constituyentes Feministas que encabeza Yndira Sandoval desde antes del proceso
electoral de 2021 y consiste básicamente en que no sean postulados a ningún
cargo de elección popular violentadores, agresores sexuales o deudores de
pensión alimenticia bajo una premisa muy clara: darle poder a un violentador le
brindará la impunidad necesaria para evadir la ley, porque tendrá fuero y
porque desde el poder seguirá ejerciendo las violencias ahora más fortalecido
por la posición de privilegio que su representación le otorga.
El apoyo del INE fue determinante y ello demuestra para qué es que queremos
mujeres con conciencia feminista en posiciones de toma de decisiones porque la
Consejera Carla Humphrey abrazó la iniciativa con determinación desde un
inicio. Con la aprobación del Consejo General se elevó la iniciativa a nivel de
Acuerdo, mismo que fue suscrito por todos los partidos políticos que se
comprometieron – de manera voluntaria – a hacerlo valer en esa jornada
electoral.
A partir de ahí, más de 100 organizaciones y colectivas feministas y activistas
de a pie de todo el país nos unimos en una red que se denominó La Observatoria
para acuerpar el Acuerdo y hacerlo valer.
El trabajo colectivo de La Observatoria fue fundamental y a ello se sumó la
estrategia ejecutada por una de las organizaciones aliadas – Las Brujas del Mar
– quienes ejecutaron un minucioso seguimiento de las candidaturas postuladas
por todos los partidos políticos y lo hicieron público a través de un recurso
creativo y eficaz llamado las Antiboletas, mediante del cual se evidenció a los
partidos que incumplieron con el Acuerdo.
En total se hicieron públicas 83 antiboletas que exhibían a candidatos que o
eran violentadores, o agresores sexuales o deudores de pensión alimenticia, de
los cuales 11 fueron postulados en el estado de Veracruz. Todos los partidos
postularon candidatos que violentaban el Acuerdo.
En la práctica el Acuerdo se enfrentó a dos situaciones: argumentando
dificultades logísticas, se aprobó que los OPLES solo revisaran al azar el 30%
de los registros de las candidaturas postuladas por los partidos, que en teoría
deberían de venir acompañados del documento firmado de puño y letra de todas y
todos los aspirantes indicando que no eran ni deudores de pensión alimenticia,
ni agresores ni violentadores sexuales pero que al no estar obligados por ley,
o llenaron con mentiras o simplemente no las entregaron.
La segunda situación que dificultó poder negar los registros a muchos de estos
sujetos – mayoritariamente hombres – fue que el Acuerdo tenía en candado de
pedir que hubiera “sentencia firme” a través de la cual la autoridad
correspondiente validara la condición de violentador, agresor o deudor del
candidato. Es decir, no tan solo que estuvieran denunciados, sino que la
autoridad ya hubiera fallado en su contra.
Con todo y la dificultad que esta condición implica, hubo varios casos que sí
cumplían con este criterio y que de todas maneras fueron postulados por los
partidos.
Este candado está presente en la Ley aprobada, por lo que hay que denunciar,
que es la parte que nos toca hacer.
Al inicio de la presente legislatura comenté con algunas legisladoras y
legisladores la importancia de presentar la iniciativa para que en Veracruz
fuera Ley la 3 de 3 y recuerdo bien la respuesta: “si aprobamos eso, nos
quedaremos sin candidatos”.
Pensé y pienso que esa es justamente la sacudida que el sistema político
necesita. Dejar de cobijar delincuentes, para que así las y los políticos
recuperen la legitimidad, la confianza y la credibilidad que han perdido ante
la ciudadanía.
Hoy la coyuntura política permitió que el minucioso trabajo de cabildeo que las
Constituyentes no han dejado de hacer ni uno solo de los días para empujarla
primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, encontrara pertinencia
en una jugada del ajedrez legislativo del morenato que – hay que decirlo – votó
a favor como moneda de cambio para incumplir con su responsabilidad de nombrar
a los Comisionados faltantes al INAI.
En cualquier caso, primero es la agenda de las mujeres y las escalofriantes
cifras de las múltiples violencias cometidas en nuestra contra no dan tregua y
obligan a que desde las más altas esferas del poder se actúe para limpiar de
violentadores, agresores y deudores y cortar el manto de impunidad que les
cobija.
Había que aprobarla en 17 congresos estatales para que pueda entrar en vigor
para el proceso electoral de 2024 y cuando usted lea esta columna la meta
incluso ya habrá sido rebasada. El tejido fino del cabildeo de agrupaciones
feministas y legisladoras aliadas de Las Consti – como se les llama entre
activistas – ha rendido frutos.
En Veracruz el Congreso la aprobó por unanimidad. En año y medio de
transcurrida la actual Legislatura, esta es la primer iniciativa que aprueban.
Nada de nadie, salvo las enviadas por el gobernador, así que tiene enorme
mérito que hayan abrazado favorablemente la minuta enviada por el Senado sobre
una iniciativa ciudadana.
Ahora a cumplir.
Vayan buscando candidatos que no sean violentadores, agresores sexuales ni
deudores de pensión alimenticia. Busquen bien, porque si de nuevo los postulan,
los vamos a exhibir.
Compartir: