La garantía de legalidad

Desde el pasado viernes que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó flagrantemente la Constitución de la República al revelar datos personales de un particular, en este caso el periodista Carlos Loret de Mola, el escándalo mediático no ha terminado de centrarse en el punto que resulta más preocupante de todo el cúmulo de atropellos que ello significó: el uso de información privada en contra de los ciudadanos. Sin duda, los sistemáticos ataques que desde el régimen se lanzan -ya sin freno alguno- contra cualquier periodista que haga la mínima crítica a los gazapos de la “4t” y del presidente, constituyen una seria amenaza para una mínima normalidad democrática en el país, por lo que implica que desde el poder se pretenda acallar la voz de quien representa a un sector de la sociedad que comulga con una manera de interpretar la realidad y, en consecuencia, se informa en función de la misma. Se apellide Loret, Aristegui o Hernández. Pero lo que hizo López Obrador el viernes rebasó cualquier límite. Y no porque se tratase de un periodista famoso que tiene recursos de todo tipo para defenderse y salir más o menos bien librado.