Régimen de corrupción

Rúbrica

Este jueves, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la cual detectó irregularidades que podrían constituir un daño a la Hacienda pública por más de 51 mil millones de pesos.
Se trata de la revisión del uso de los recursos federales en el quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y es la suma de las tres cuentas públicas de 2023. Solo en la última, están “bailando” más de 48 mil millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el auditor superior, David Colmenares Páramo.
Los principales boquetes fueron detectados en organismos como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur. Todos, directamente relacionados con algunos de los más graves saldos, símbolos de su estrepitoso fracaso, dejados por el gobierno obradorista: desabasto de medicamentos, carencia de insumos médicos, el pozo sin fondo de la dependencia del petróleo y el derroche ecocida del fallido Tren Maya.
Por supuesto que el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación lo reporte no quiere decir que vaya a suceder algo, que se vayan a presentar denuncias y mucho menos que alguno de los responsables de esos criminales desfalcos –en especial, los relacionados con el área de la salud y el medio ambiente- vaya a pisar la cárcel o siquiera ser denunciado. Desde el sexenio pasado quedó claro que la corrupción y la impunidad son el sello distintivo del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”. Lo cual no hay visos de que vaya a cambiar en nada con la continuidad de su “segundo piso”.
Este informe de la ASF viene a reforzar lo difundido hace unos días por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, en el cual México se desplomó a su peor nivel en tres décadas, ubicándose en la posición 140 de 180 países evaluados, con una calificación de 26 puntos de 100 posibles.
A pesar de la retórica sobre el fin de la corrupción que ondea el morenato como su principal bandera, lo cierto es que ésta permea como la humedad en todas las áreas de los tres niveles de gobierno, tanto o incluso más que en sexenios anteriores. Y hasta de manera más descarada.
Baste ver otro de los emblemas, en el más amplio de los sentidos, de lo que representa la “4t”: la refinería Olmeca-Dos Bocas, de donde siguen brotando chorros, pero de corrupción. Porque de combustible, ni una gota.
Este fin de semana, Reforma documentó cómo Petróleos Mexicanos pagó en más del doble la construcción de un gasoducto de suministro a Dos Bocas a la empresa Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de Juan Carlos Fong Cortés, empresario beneficiado con contratos millonarios durante la gestión de la ex secretaria de Energía, que no es otra que la actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
El barril sin fondo de Dos Bocas está ineludiblemente asociado con la corrupción que provocó que su costo haya aumentado ya casi al triple de su estimación original, y en donde personajes como el citado Juan Carlos Fong Cortés y Arturo Quintanilla, cercanísimos a Nahle y a su esposo y “asesor” José Luis Peña Peña, se vieron beneficiados con contratos por miles de millones de pesos para consorcios creados días antes de que las obras se licitaran. Negociazo, ¿no?
Y como lo que hace la mano, hace la tras, a nivel de los gobiernos locales también se han “despachado” los recursos públicos de manera descarada, a tal grado, que entre los mismos integrantes del régimen se exhiben, como sucede en el Congreso de Veracruz, donde el actual presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Esteban Bautista, ha dado a conocer evidentes desvíos, como la compra de 50 tablets en siete millones de pesos o la adquisición de despensas para trabajadores en diez millones. Todo ello en la pasada Legislatura, en la que su antecesor, Juan Javier Gómez Cazarín, se sirvió dinero público “con la cuchara grande”. Y que ahora tiene abiertas y a su disposición las arcas de los programas clientelares.
Para que existan estos niveles de corrupción, es porque la impunidad es total. Así como el descaro. Al ser cuestionada sobre el lugar de México en el Índice de Percepción de la Corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum contestó, sobrada de demagogia como acostumbra, que “el mejor factor para evaluarla es el pueblo”, y que “afortunadamente la percepción de la gente es distinta”.
Como si comprar conciencias con migajas no fuera, también, corrupción.

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