ONGs y Obrador chocan por la militarización del país; oídos sordos del gobierno federal
Foto: Cuartoscuro
- El gobierno descalificó las denuncias de más de 20 organizaciones ante la CIDH sobre la profundización de la militarización. En contraparte, las ONGs acusaron la profundización de la militarización de la seguridad pública en México y argumentaron que tiene efectos negativos para los derechos humanos.
AN / MÉXICO.-Organizaciones acusaron al Estado mexicano de tener un “absoluto desinterés” de dialogar con la sociedad civil y responder sobre la profundización de la militarización, tras respuesta del gobierno sobre las denuncias hechas frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Este martes, más de 20 organizaciones denunciaron ante la CIDH la profundización de la militarización de la seguridad pública en México y argumentaron que tiene efectos negativos para los derechos humanos.
De acuerdo con el grupo, existe impunidad ante las violaciones graves a los derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas, al tiempo que señalaron la falta de regulación de los “estados de excepción”.
Ante esto, subrayaron la necesidad de la desmilitarización, el desmantelamiento de redes de macrocriminalidad, la reconstrucción de cuerpos policiales y el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia.
Sin embargo, Luz Elena Baños, quien estuvo a cargo de la representación del Estado mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), respondió que la estrategia de seguridad busca pacificar el país y se basa en reformas aprobadas por el Congreso.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje en el que negó que se violen derechos humanos durante su administración y acusó a las organizaciones de guardar “silencio cómplice” en gobiernos anteriores y “servir”, “simular” y “actuar como arietes del conservadurismo de México”.
Ante esto, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Impunidad Cero, Seguridad Sin Guerra, entre otras, reprobaron la respuesta del gobierno en un comunicado.
Las organizaciones acusaron al Estado mexicano de mostrar un “absoluto desinterés” en responder a las denuncias hechas sobre la profundización de la militarización y muestra una “nula intención de dialogar” con la academia, la sociedad civil y los organismos internacionales.
Afirmaron que las acciones desplegadas por el gobierno, incluidos el decomiso de drogas y la captura de presuntos miembros del crimen organizado, forman parte de una “fallida política de seguridad”.
“Es particularmente grave que, frente a la denuncia de violaciones a derechos humanos, el Estado busque retornar a un discurso de “guerra contra las drogas” que criminaliza y estigmatiza a grupos históricamente vulnerados, y que ha tenido como consecuencia cientos de miles de víctimas de desapariciones, ejecuciones, torturas y otras violaciones graves a los derechos humanos”, apuntaron.
Asimismo, solicitaron a la CIDH que requiera al Estado mexicano información sobre los marcos normativos que rigen las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y sus protocolos de ejecución, así como las salvaguardas previstas para la protección de los derechos humanos.
Además, pidieron que el gobierno esclarezca su relación con la información que se ha dado a conocer en días recientes sobre acciones de seguimiento a personas defensoras de derechos humanos, tras la filtración de datos confidenciales de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), realizada por el grupo de hackers autodenominado “Guacamaya”.
En relación a esto, también añadieron que se pronuncie sobre las investigaciones sobre el uso de Pegasus contra personas defensoras y periodistas, así como sobre los contratos de la SEDENA para la adquisición de este software.
Asimismo, requirieron que explique las acciones tomadas para construir el carácter civil de la Guardia Nacional, así como los mecanismos de regulación y supervisión implementados para el adecuado uso extraordinario de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Igualmente, demandaron que aclare sobre los planes de desarrollo y profesionalización policial de estados y municipios.
Por último, solicitaron a la CIDH que recomiende a México desarrollar un programa para el desarme, desmovilización y reinserción social de personas jóvenes capturadas por redes criminales, así como un programa de retiro progresivo de los militares a la par del fortalecimiento de la policía civil.
Compartir: