Moreno Chazzarini en la picota

Vértice

Hombre cercano y de todas las confianzas del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, Guillermo Moreno Chazzarini, como buen padre, acomodó en el gobierno de Veracruz 2017-2018 a sus dos hijos, Guillermo Moreno Sentíes, como Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, y a María Eugenia Moreno Sentíes, en el mismo cargo pero de la Secretaría de Protección Civil.

En febrero de 2018, Guillermo Moreno Sentíes llegó a la Secretaría de Seguridad Pública que dirigía otra hombre cercanísimo al mandatario veracruzano (Jaime Téllez Marié), cuyo hijo, por cierto, Jaime Téllez Lacedelli, era empleado de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción hasta hace unas semanas que fue detenido y acusado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, por no cumplir con los requisitos legales en su nombramiento.

Desde la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, Guillermo Moreno Sentíes, según los registros contables y facturas a las que se tuvo acceso, no sólo avaló los pagos por los mil 100 millones de pesos del fallido Sistema Estatal de Videovigilancia, también pagó cientos de millones de pesos a los proveedores favoritos de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, medios de comunicación de la zona sur, cercanos al mandatario y un gran proyecto de logística, información y rastreo de datos que se instaló en la antigua Estancia Garnica y que en los últimos día de la administración fue desmantelado y cargado en trailers con rumbo desconocido.

Todas las facturas que mencionaremos a continuación fueron autorizadas por el Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, Guillermo Moreno Sentíes.

Existen 11 mil registros contables del 2017 y 18 mil del 2018. Pagos irregulares, pagos sin licitación, pagos a proveedores sin testigos, transferencias sin facturas, entre otras irregularidades.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz que preside Delia González Cobos se encuentra en una oportunidad histórica para esclarecer este presunto desfalco que sufrió Veracruz, solo con estos datos de la Secretaría de Seguridad Pública.

AKIRA Company, de Jorge Jonathan Torres Corona, con oficinas en el Fraccionamiento Reforma del puerto de Veracruz, fue la empresa de logística favorita que facturó millones de pesos autorizados “como prioritarios” por Guillermo Moreno Sentíes y que su padre, Guillermo Moreno Chazzarini cubría de inmediato desde la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

Algunas de las facturas son de montos pequeños, por separado, pero de grandes cantidades ya en volumen. Las cantidades oscilaban entre los 120 mil, 600 mil, 800 mil y hasta 1 millón 900 mil pesos, por diversos servicios de logística, renta de campers, sillas, mesas desayunadoras, tinacos, fosas sépticas, renta de carpas, montaje de eventos, suministro de agua, entre otras.

AKIRA Company, de Jorge Jonathan Torres Corona era como la empresa que en su momento, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, tuvo el entonces Secretario de Turismo, Harry Grappa Guzmán, que proveía desde un clavo, pasando por edecanes, hasta un auditorio completo para un informe de gobierno.

CIENTOS DE MILLONES ADJUDICADOS Y PAGOS SIN LICITAR.

Por ejemplo, sin licitar y con la factura FA 3659 del 12 de junio de 2018, la Secretaría de Seguridad Pública le pagó a Alta Prevención WT México SA de CV, de la Ciudad de México, $34 millones 109 mil 997.20 pesos por concepto de 1 Sistema de monitoreo para redes sociales Wi Fi Contrato No. SSP-UA-076/18.

Esa misma empresa, facturó el 22 de agosto del mismo años (FA 3728) $21 millones 999 mil 980 pesos por 1 Sistema para Protección de las Tecnologías de la Información Kaspersky Contrao No. SSP-UA-078/18.

Otra factura interesante es la 424, del 25 de junio de 2018, con número de serie CSD 00001000000305677430 por 1 Partida 3, Sistema de análisis de imágenes y videos con aprendizaje profundo Contrato No. SSP-UA-073/18. Clave servicio 43232605, Software analítico o científico, por $20 millones 624 mil 999.52 pesos.

La factura 450, con fecha 27 de agosto de 2018, de la misma empresa BLINDARTE registra un Curso de capacitación especializada en inteligencia, bajo el Contrato SSP-UA-080/18, por $10 millones 258 mil 620.00 pesos.

Una más es del Grupo Profesional Shalom SA de CV. Se trata de la factura A 9812 con fecha 25 de junio de 2018 por 1 Sistema de soporte técnico en Monitoreo, Contrato No. SSP-UA-071/18 por $58 millones 464 mil pesos.

Otra es la factura A 9910, con fecha 12 de julio de 2018 por un Sistema de monitoreo de redes sociales, bajo el Contrato No. SSP-UA-082/18 por $49 millones con 80 centavos.

Con la misma proveedora tenemos el documento FD 400, del 14 de agosto de 2018 por $18 millones 999 mil 999.60 pesos por un Software de reconocimiento de voz, Sistema de análisis de voz en reacciones, No. de Contrato SSP-UA-079/18.

EL COSTOSO SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA QUE RESULTÓ UN GRAN FRAUDE.

De la empresa Systemtech Sistemas Tecnológicos SA de CV, también de la Ciudad de México, tenemos un Sistema de inteligencia para identificación de Metadata de objetivos, según el Contrato No. SSP-UA-072/2018, por $49 millones 599 mil 999.20.

Entre estas facturas están los pagos que se hicieron por el Sistema Estatal de Videovigilancia, el mismo por el cual existe una denuncia ante la Fiscalía General de la República que preside Alejandro Gertz Manero por la mala calidad e inoperancia del mismo.

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares invirtió mil 100 millones de pesos, por la instalación de 6 mil 476 cámaras en todo el territorio estatal, las cuales, según denunció el entonces titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, no cumplen con las condiciones establecidas en el contrato, ya que no pueden registrar ni placas, ni modelos de vehículos.

“El proyecto consistía en instalar 6 mil 476 cámaras de videovigilancia y arcos carreteros. Al hacer la auditoría desde hace 6 meses, determinamos que de acuerdo a los anexos técnicos, a lo que está señalado en las cláusulas del contrato, el Sistema Estatal de Videovigilancia no cumple con los objetivos para el cual fue contratado”, expresó Portilla Vásquez a medios de comunicación de la Ciudad de México.

“El proyecto no funciona. Las cámaras de videovigilancia no dan los parámetros de la calidad del video para lo cual fue contratado. Graban pero no con la calidad con las que fue contratada. Prácticamente si usted quiere ver las características de un vehículo no podrá ver las placas ni el modelo”, asentó.

Por su parte, COMTELSAT, INTEGRANDO SOLUCIONES, facturó $39 millones 986 mil 752.10 pesos el 25 de julio de 2018 por 72 postes octagonales galvanizados y 490 cámaras Bala IP 2MP / IR EXIR 30 mts / H 264+ /IP66 Exterior, las mismas que según el ORFIS no cumplían las características adecuadas para lo que serían utilizadas.

Otra factura de COMTELSAT es la 03100, del 20 de junio de 2018, timbrada fiscalmente a las 10.44:10 am, por un monto de 

$23 millones 862 mil 784.43 por servicio de instalación eléctrica por poste, incluyendo el cable base que marca la normativa de CFE.

Uno de los montos más grandes de COMTELSAT se registró en la factura 709F92 emitida el 30 de abril de 2018 por un monto de 

$319 millones 283 mil 941.91 por 630 cámaras PTZ Exterior, 1890 Cámara tipo Bala IM 2MP, 51 cámaras tipo bala para identificación de placas vehiculares y 12 arcos estructurales de acero galvanizado para montaje de cámaras.

EL PROYECTO DE ESPIONAJE GARNICA.

Además del Sistema Estatal de Videovigilancia, muchos de los recursos que salieron de la SSP fueron a parar al denominado “Proyecto Garnica”, un programa de espionaje que presuntamente encabezaron Omar Espejo y Sergio Iván Cadena Lira.

Desde ahí, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares espió a sus enemigos políticos, incluyendo al Movimiento de Regeneración Nacional, y al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Instalado en la antigua Estancia Garnica, en la Avenida Lázaro Cárdenas, un espacio que adquirió el Gobierno del Estado, el “Proyecto Garnica” fue desmantelado en los últimos días del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y nadie hasta la fecha ha sabido decir en dónde quedó todo el equipo millonario que se compró con recursos públicos.

Mucho trabajo y una gran tarea, la que tiene la titular del ORFIS, Delia González Cobos. Con su maquinaria de fiscalización tendrá que llegar al fondo en esta investigación y demostrarle al Congreso, que le ordenó revisar la Cuenta Pública 2018 y al pueblo veracruzano, que el combate a la corrupción va en serio.