Los sobres

3 marzo, 2024 12 Horas GR 0 comentarios

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Editorial

Cinismo de Sheinbaum defendiendo a los ciudadanos “narcoterroristas”

22 febrero, 2025 12 Horas GR 0

El absurdo, la insolencia y la bofetada a quienes le dieron su voto por la legalidad en las controvertidas elecciones de junio, el Estado de Derecho y el combate a la impunidad, la corrupción y la hidra de los narcos y el negocio del lavado de dinero.
Defender a los ‘narcoterroristas’ -designación de EU- no tiene nombre. Es ofender a los padres de los cruentos asesinatos y desaparecidos que ocurren en el país. Defender a los ‘ciudadanos’ matones, es sinónimo de complicidad aviesa.
La presidenta Claudia Sheinbaum desea que el gobierno de Trump devuelva al narcoterrorista ‘ciudadano’ Ismael ‘El Mayo’ Zambada porque se violó la soberanía del país por no pedirle permiso para atrapar al capo que permanecía intocable por décadas en México, según dice el sicario mayor en una carta.
Primero que nada, no es un ‘ciudadano’, es un asesino, un criminal que ha asesinado a cientos de mexicanos que nada tienen que ver con el millonario negocio de la droga, el fentanilo y el lavado de dinero.
‘El Mayo’ Zambada es un delincuente peligroso que, con la complacencia de los presidentes de turno, aterroriza al imaginario colectivo desde Baja California Norte hasta Yucatán, en todo el país.
Si la captura del criminal Ismael Zambada fue ilegal, serán las autoridades respectivas las que esclarezcan la detención del líder fundador del Cártel de Sinaloa. Pero…distraer a los agraviados y al país, es totalmente pueril.
No es necesario que la Señora Presidenta se rasgue las vestiduras en el púlpito mañanero por la detención del asesino y uno de los autores de la tragedia de miles de desaparecidos de norte a sur y centro de la república.

Aurelio Contreras Moreno Columnistas

El circo judicial

1 abril, 2025 12 Horas GR 0

¿Usted piensa votar en la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio?
Hay quien considera que debe hacerlo, como en cualquier otra elección de curso legal, que hasta hace poco suponía la posibilidad real de elegir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a los representantes populares en el Poder Legislativo federal y de los estados.
Y decimos que suponía porque, como quedó bastante claro en la elección del año pasado, la certeza de esa posibilidad quedó hecha añicos luego de la toma del INE por parte del régimen obradorista. La actuación de las autoridades electorales, empezando por la presidenta Guadalupe Taddei, fue desastrosa y significó un retroceso democrático que tardará varias generaciones en revertirse. Tal vez a ninguno de nosotros nos toque ver retornar la alternancia política que marcó el inicio del siglo XXI.
Pero regresando a la llamada “elección judicial”, aquí no solo estamos ante una regresión democrática. El atraso que representa esta pantomima con la que el obradorato gobernante pretende hacer creer que se “democratizará” el Poder Judicial es justamente lo contrario: se trata de la demolición de la división de poderes en México para inaugurar, en pleno, una autocracia en la que no exista más voz que la del partido oficial, que controlará a todos los poderes de la Unión, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos que estaremos legalmente indefensos ante cualquier atropello de los poderosos. Incluso, eso ya se empieza a sentir y padecer desde ahora.

Columnistas Quirino Moreno Quiza

A partir de ayer domingo 30 de marzo y durante 60 días más que es el tiempo autorizado para los aspirantes a ocupar cargos de juzgadores en el Poder Judicial Federal (PJF), podrán llevar a cabo sus campañas para permanecer en el cargo o para integrarse a este importante Poder de los 3 que forman lo que aún queda de la incipiente democracia mexicana.
Se elegirán 882 cargos, entre los que están ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); integrantes del Tribunal de Disciplina Administrativa; magistrados de circuito y jueces de distrito de entre aproximadamente 5, 379 candidatos.
Elección que desde sus comienzos, del planteamiento de la reforma judicial, estuvo plagada no solamente de errores de procedimiento, sino lo más grave, de acciones de inconstitucionalidad que las autoridades correspondientes entre las que están el Congreso de la Unión, no observaron y autorizaron se llevaran a cabo.
A lo que hay que sumar el grave recorte presupuestal que se hizo al Instituto Nacional Electoral (INE), con toda la intención de que esta reforma y especialmente la elección no se pudiera llevar a cabo en la forma adecuada, ya que de un presupuesto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos para realizarla, los legisladores solamente le autorizaron 6 mil 219 millones, reduciendo lo solicitado en un 52.9 %, lo que arrojó como consecuencia que solamente se puedan instalar en 50 % de las casillas que originalmente se autorizaron.

Felipe de Jesús Fernández Basilio Opinión