La grieta: democracia o autoritarismo

En el Llano.

  

Recientemente, el conocido editor de un diario de circulación nacional, exhibió con varios videos cómo miente el presidente cuando asegura que nunca ha agraviado a los medios de comunicación. Todo lo contrario: lo hace una y otra vez.

Esta conducta presidencial es recurrente y preocupante: afirmar, luego negar y enseguida acusar a sus adversarios, a los conservadores, a los neoliberales, de las consecuencias contraproducentes de sus propios actos y dichos.

Hace tiempo que la sabiduría popular acuñó una frase para esta insana práctica: tirar la piedra y esconder la mano.

Así ocurre con el poder presidencial desde hace un año. Hay amagos evidentes contra instituciones del Estado que estorban al irrefrenable autoritarismo del jefe de gobierno y el propósito inamovible de su personal ejercicio del poder: lograr la “Cuarta Transformación de México”, la 4T, y destruir todo lo que se oponga a estos objetivos.

Son importantes blancos de este despropósito, por lo menos, dos instituciones en cuyos cimientos descansa la vida democrática de México: los poderes Judicial y Legislativo. La tercera, el Poder Ejecutivo, la controla un hombre: el presidente.

El Poder Legislativo (con más transparencia el Senado), ha tenido que defenderse, como también lo ha hecho el Poder Judicial por conducto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ya  os hemos referido a la intromisión, abierta o velada, del Ejecutivo en las legislaturas de estados soberanos como Baja California y Tabasco; la pretensión de desactivar a la oposición política, mediante el recorte a sus prerrogativas, con la mira puesta en los comicios intermedios de 2021 y los presidenciales de 2024; la inducción presidencial selectiva, de palabra, en procesos que competen exclusivamente al Poder Judicial, etcétera.

La cuantía de los recursos que en 2020 manejará el Poder Ejecutivo en 14 programas sociales, 285 mil 239 millones de pesos, será mayor en 170 mil 361 millones de pesos respecto de lo que se le aprobó para esos mismos 14 programas en 2019. El espectro de Morena, partido en el poder, merodea en esos programas, la manipulación con fines electorales es manifiesta, de modo que la inequidad está más que a la vista.

México arriba al segundo año de ejercicio en el poder de Andrés Manuel López Obrador, con indefiniciones y sin resultados positivos y tangibles para los ciudadanos en materia de violencia e inseguridad. El desabasto en medicinas, el déficit de personal médico a causa de los recortes presupuestales y el malabárico brinco del Seguro Popular al Instituto del Bienestar (brinco para cuya ejecución nunca se previeron las consecuencias), tienen efectos funestos sobre miles de mexicanos, sobre todo niños. Ejemplos mayúsculos de las ocurrencias sin previsión están a la vista: el apresurado aeropuerto en Santa Lucía; el Tren Maya, que más allá del “me canso ganso” aún no tiene sustento comercial, ni turístico ni ambiental sólido; la aventurada construcción de la refinería de Dos Bocas, contra la cual se han vertido observaciones de especialistas y organismos…

Entre el qué y el cómo

Y ahora, lo que parece la cereza del pastel. Nadie en sus cabales se ha opuesto a la necesaria descentralización administrativa (desde hace muchos años), del gobierno federal. Por un lado, está el elevado crecimiento demográfico de la Zona Metropolitana del Valle de México, al que todos los gobiernos le han sacado el bulto: 59 municipios del Estado de México, 16 alcaldías y un municipio del estado de Hidalgo (Tizayuca) con alrededor de 22 millones de habitantes. Los graves efectos en abasto de agua potable, salud, vialidad, transporte público, inseguridad, vivienda y basura son indiscutibles.

Para liberar de esta presión a la Ciudad de México, López Obrador está dispuesto a dispersar 27 dependencias federales por distintas partes del país, con 740 mil 600 empleados que, con sus familias, suman alrededor de 2 millones de mexicanos. Solamente Presidencia de la República, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, permanecerán en la capital del país.

La primera en descentralizarse a medias fue, el pasado 10 de enero, la Secretaría de Cultura, que se trasladó a Tlaxcala. La Secretaría de Energía, dice AMLO, ya opera en Tabasco, pero sin Pemex aún.

El presidente enarbola a rajatabla el qué (otra vez “me canso ganso”), pero no ha dicho cómo. De hecho, este plan es el más atrasado de sus 11 compromisos de campaña. Y sin esta previsión elemental, es preocupante que miles de hogares mexicanos enfrenten la desintegración familiar a fuego lento (no se puede ir más rápido), a un costo (“inversión” le llaman), de 125 mil millones de pesos según el Plan de Gobierno 2018-2024.

Finalmente, el agresivo discurso presidencial sigue dividiendo a los mexicanos. ¿Es deliberado? En ausencia de unanimidad (lo cual es normal), el criterio para tomar decisiones y aplicar políticas públicas debe ser el de la mayoría democrática. No del autoritarismo presidencial, encubierto o simulado con remedos de consultas no reglamentadas.

En los comicios presidenciales del 1 de julio de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) validó a 89 millones 123 mil 355 mexicanas y mexicanos inscritos en la Lista Nominal de Electores con fotografía y credencial. De ellos, 30 millones 113 mil 483 apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, de modo que hubo 59 millones 9 mil 872 ciudadanos que votaron por otras opciones o simplemente se abstuvieron de votar.

Esa diferencia de 59 millones de mexicanos que no votaron por AMLO (por decisión o abstención) es la gran mayoría ausente.

Es la grieta, cada día peligrosamente más estrecha, entre democracia y autoritarismo.