Giran orden de aprehensión contra el empresario Manuel Barreiro
- Esto, por su probable responsabilidad y autor material en la comisión del delito de Administración Fraudulenta, cometido en agravio de la empresa Aspen Partners Invesco II, S. A. de C. V.
AN / GS / CDMX.-El Juez Centésimo Décimo Quinto de Control, del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, libró orden de aprehensión en contra del empresario Manuel Barreiro Castañeda.
“Con fecha 31 de octubre del 2019, el licenciado Sergio Acevedo Villafuerte, en su carácter de Juez Centésimo Décimo Quinto de Control, del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número Doce, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, libró una orden de aprehensión en contra de Manuel Barreiro Castañeda, al existir datos que hacen probable su participación en la comisión del delito de Administración Fraudulenta, previsto y sancionado por el artículo 234 del Código Penal para el Distrito Federal, en agravio de la empresa ASPEN PARTNERS INVESCO II, S.A. de C.V”, se apunta en una nota a medios.
“El hecho que motivó el libramiento del mandamiento de captura antes referido, fue que Manuel Barreiro Castañeda, actuando como administrador y representante legal de la empresa ASPEN PARTNERS INVESCO II, S.A. de C.V. y con facultades de administración y disposición de recursos de dicha empresa, entre los días 26 y 30 de mayo del 2016, con ánimo de lucro, entregó la cantidad de $428,552,980.95 (Cuatrocientos veintiocho millones quinientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta pesos 95/100 M.N.), a 15 miembros de la Familia Soto que radica en el Estado de Querétaro, quienes por instrucciones expresas de Manuel Barreiro Castañeda, a cambio de dichos recursos, documentaron la operación en parte como una compraventa de terreno a favor de la empresa ofendida y en otra parte, simularon haber celebrado un contrato de donación a favor de una empresa fantasma de nombre Construcciones Luisaljim, S.A. de C.V., hoy denominada BPO Developers, S.A. de C.V, cuyo administrador único es el señor Alberto López López, quien en el 2018 aceptó públicamente ser prestanombres del hoy prófugo de la justicia en el escándalo conocido como ‘Manhattan Master Plan Development’”, se refiere.
El libramiento de la orden de arresto la solicitó el Ministerio Público Federal porque Barreiro Castañeda, como administrador y representante legal de Aspen Partners Invesco II, S. A. de C. V presuntamente desvió recursos de la empresa para obtener un lucro que ocasionó un perjuicio a una dicha persona moral por 188 millones 126 mil 280.95 pesos.
“La operación delictiva referida, ocasionó un daño al patrimonio de la ofendida que asciende a la cantidad de $188´126,280.95 (Ciento ochenta y ocho millones ciento veintiséis mil doscientos ochenta pesos 95/100), según se determinó oficialmente por perito en materia de contabilidad adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México”, se apunta.
“En respuesta a la búsqueda y localización de Manuel Barreiro Castañeda, la Fiscalía de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría capitalina ordenó la emisión de una alerta migratoria, así como ficha roja de Interpol para lograr la aprehensión de dicho sujeto y que pueda enfrentar el proceso penal que se instruye en su contra”, se indica.
El año pasado y en plena campaña electoral, Manuel Barreiro Castañeda, fue señalado de estar detrás de la operación por la que el ex candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés vendió en agosto de 2016 una nave industrial en Querétaro.
A Anaya se le acusaba de comprar un terreno con un valor de 10 millones de pesos y haberlo vendido en 54 millones de pesos, de lo que resultó una ganancia de 44 millones de pesos.
Sin embargo, en marzo de este año se dio a conocer que el excandidato presidencial del Partido de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, fue exonerado del delito de lavado de dinero que lo marcó durante la campaña presidencial del 2018. De hecho el expediente nunca llegó a juicio. El Ministerio Público lo archivó el 28 de noviembre, dos días antes de terminar el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, del PRI, por “no existir datos de pruebas suficientes“, según indicó el diario Reforma. El caso fue considerado por el “Frente” -que postuló a Anaya a la Presidencia- como una persecución política de la administración de Peña, orquestada desde la Procuraduría General de la República.
Así lo explicó en su momento el propio Anaya: