De propuestas y apuestas
Disfrutar de vida democrática plena, significa
consolidar los espacios de libertad, ampliarlos
y ejercerlos; aún más que propiciarla, alentar la
discrepancia y respetarla con civilidad. El peor
obstáculo del poder público democrático es el
abuso de su autoridad. El peor adversario de la
democracia es mentir, prometer y no cumplir.
Poco a poco se corren los velos de otro año electoral. Y la ciudadanía tiene derecho a preguntarse: ¿Más de lo mismo? ¿Más promesas?
Me atrevo a afirmar que, desde mi modesto espacio de libre observador, se advierte que el ciudadano medio se abre paso paulatinamente en la espesa urdimbre electorera. El engaño y la mentira empiezan a caer lentamente, con dificultad y feroz resistencia, pero bajo el peso de una realidad aplastante.
Avanzan las propuestas ciudadanas de la mano con la sociedad.
Por supuesto, siguen pendientes varios y muy graves problemas que virtualmente tienen a un amplio sector de la ciudadanía de espaldas a la pared. Por ejemplo, las graves deficiencias en materia de salud pública y asistencia médica. Detrás del parapeto que, a modo de barrera defensiva (u ofensiva), se construyó durante muchos sexenios en torno a la corrupción, permanecen intocables focos contaminantes en todos los niveles de la administración pública.
Pero es una entelequia afirmar sin rubor que el gobierno acabó de plano con la corrupción. Conforme avanzan los descubrimientos de descomposición, se advierte que los tumores malignos son más graves de lo que se suponía. Y entre ellos hay espacios que solamente se explican por la complicidad alcanzada en todos los niveles del gobierno.
Otro punto clave, a menudo soslayado por el poder público, es la obligación que le impone la Constitución de garantizar la seguridad pública. El señalamiento es claro: “Conforme al Artículo 21 constitucional y para los efectos de esta ley, la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Violencia y pobreza, retos
Los índices que revelan las propias cifras oficiales, apuntan a que la violencia, de la mano con la impunidad, se enseñorea en muchos estados de la república con abundantes asesinatos, secuestros y feminicidios, hoy suavemente llamados “Desafíos” en la cúspide del poder público, como llamó López Obrador a los bestiales crímenes cometidos recientemente por bandas criminales en Zacatecas y en Veracruz.
La delincuencia y el crimen organizado, siempre han sido y serán un desafío para el Estado de derecho que enmarca la Constitución General de la República. El promedio diario aproximado de casi 100 asesinatos, es una vergüenza para nuestra sociedad, pero lo es más para un gobierno que lleva más de tres años exhibiendo su ineptitud en la materia, en curioso contraste con la celeridad que impone a la obra pública de relumbrón.
Como lo señala inequívocamente nuestro marco legal, la seguridad no se declara, se garantiza desde el poder.
Especialmente cuando, en datos el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) registrados apenas a fines de 2021, la población de mexicanos en situación de pobreza extrema, aumentó de 7% a 8.5%, lo cual significó un aumento de 8.7 a 10.8 millones de personas en dos años; o sea, 2.1 millones más.
Es, decir, hay 3.8 millones de nuevos pobres mexicanos y el número de compatriotas sin acceso a los servicios de salud aumentó 15 millones, según la misma fuente.
Es inadmisible que, ante los retos aquí señalados, los propósitos prioritarios (¿de gobierno?), sean aniquilar al Instituto Nacional Electoral (INE), porque no ahorró dinero suficiente para la presunta Consulta sobre Revocación de Mandato; reclamar al PRI porque no suma su fuerza política a Morena; denostar y hostigar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su ideología “Neoliberal”, y muchos otros temas.
Además, negar apoyos reiteradamente solicitados para crear el seguro de desempleo. Si bien el índice de desocupación es apenas menor dos décimas a la medición del primer trimestre de 2021, cuando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, del INEGI) la situó en 4.4%, nuevos tropiezos se anuncian para el venidero 2022. Ante el incremento de la pobreza por la pandemia de Covid-19, numerosos sectores coinciden en señalar que un seguro de desempleo coadyuvaría a paliar el incremento de la pobreza.
En este escenario, confiemos en que millones de compatriotas desecharemos las apuestas acostumbradas, sujetas a las conveniencias y a los intereses de grupo.
Mejor propongamos y construyamos el futuro para las nuevas generaciones. El cambio está en nuestras manos.
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