Con argucias legaloides el pleno de LXIV Legislatura impone al nuevo Fiscal anticorrupción  

  • El pleno de la LXIV Legislatura local encabezados por los diputados del PAN y PRD  fueron acusados por la oposición de violentar el reglamento interno, la Constitución Política local y el estado de derecho al imponer al Fiscal Anticorrupción que no fue avalado por las dos terceras partes del cuerpo colegiado

 

Una vez que rindió la protesta de ley, Marcos Even Torres Zamudio, salió en estampida del recinto legislativo, donde los ánimos se encontraban caldeados por su designación. Foto:  Facebook. 

Gaudencio GARCÍA

12HORAS / XALAPA, Ver.-Con todas las argucias legaloides y trastupijes a la mano como subastar el voto por 5 millones de pesos, las bancadas del PAN-PRD de la LXIV Legislatura local consumaron la imposición del Fiscal Anticorrupción del oficialista Marcos Even Torres Zamudio.

En medio de un estridente debate, donde una buena parte del público asistente lanzó consignas y acusaciones contra los diputados panistas que encabeza el crápula  Sergio Hernández –señalado por el dedo flamígero de la expanista y hoy morenista Cinthya Lobato Calderón-, el pleno del cuerpo legislativo se pasó por el arco del triunfo el reglamento al no lograr las dos terceras partes de 50 diputados para designar al nuevo Fiscal Anticorrupción.

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La sesión fue subiendo de tono contra las bancadas en el poder que controlan  la Junta de Coordinación  Política de la LXIV Legislatura local, que al vencerse los plazos este martes decidieron legalmente echarse la soga al cuello  para nombrar un Fiscal a modo para que proteja la salida del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus testaferros que cumplieron al pie de la letra.

Pero no solo deberá de proteger con el manto de impunidad al gobernador moralino, sino también a la férula de los poderes Judicial y Legislativo que también van de salida de sus cargos.

El nuevo fiscal impugnado deberá de tender una cortina de humo para que el nuevo gobierno Morenista de Cuitláhuc García Jiménez, no toque ni con el pétalo de una rosa los jineteos, desvío de recursos y bienes recuperados al exgobernador Javier Duarte –incautados en bienes y dinero en efectivo solo aparecen 1,500 millones de pesos que fueron invertidos en el sector salud, según dicho por el propio Yunes-, si es que dura en el cargo y  no lo tumba una controversia constitucional “que es lo más seguro que ocurra”, de acuerdo con la apreciación del letrado Fidel Ordoñez Solano.

La oposición de Morena que en la próxima LXV Legislatura local será mayoría –estarán asumiendo el control de la Junta de Coordinación Política el próximo 5 de noviembre del año en curso-, junto con el PRI y la fracción Juntos por Veracruz, condenaron la actitud autoritaria y violatoria al estado de derecho que cometieron los legisladores del PAN y PRD.

En su afán desmesurado y antidemocrático de los panistas y perredistas  no solo están violando el reglamento interno, sino que están pisoteando la Constitución Política local, el estado de derecho y el principio democrático de las mayorías, subrayaron.

De principio a fin de la sesión plenaria fue turbulenta, encendida y, por momentos fuera de control, porque una vez ungido como Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, fue cercado por una nube de seguridad que en forma violenta impidieron que los reporteros lo entrevistaran. Por lo menos, una decena de comunicólogos fueron golpeados por los escoltas.

El origen de esta debacle legislativa radica en que el Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con letrados del derecho constitucional, debe ser elegido por los nuevos diputados entrantes de la LXV Legislatura local, similar a lo que ocurre a nivel federal que quedó pendiente de designar hasta que entre en funciones el nuevo gobierno el 1 de diciembre de 2018.

En este epílogo, el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el 2016 apeló y amenazó a los diputados del PRI y sus satélites para que no nombraran al nuevo Fiscal General del Estado, que finalmente fue designado a cargo de Luis Bravo Contreras, incondicional del entonces  gobernador Javier Duarte.

Su cargo  fue efímero porque el fiscal salió presionado por el titular del Poder Ejecutivo y después de un  año de gozar la gloria cayó en prisión, acusado por el delito  de desaparición forzada.

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