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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) emitió una directiva interna para que los fiscales federales utilicen leyes de terrorismo al procesar a funcionarios mexicanos implicados en el tráfico de narcóticos, según una investigación publicada por The New York Times (NYT) que se basa en declaraciones de un alto funcionario estadounidense.

Según el diario, la nueva instrucción fue comunicada formalmente el pasado miércoles por Aakash Singh, procurador general adjunto asociado, durante una conferencia interna con fiscales de diversas oficinas regionales.

Singh, cuya labor incluye la determinación de prioridades para los 93 fiscales federales de la nación, instó a sus colegas a incrementar las investigaciones contra servidores públicos extranjeros.

De acuerdo con el funcionario consultado por NYT, Singh afirmó que se debería triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus posiciones para habilitar a terroristas y traficantes.

El fundamento legal de esta estrategia se remonta al año pasado, cuando el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que designa a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Esta designación permite ahora que los fiscales busquen cargos por proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de los delitos tradicionales relacionados con el narcotráfico.

La noticia se publicó este lunes, semanas después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación formal por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 funcionarios y exfuncionarios.

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Frida Denisse Gómez Puga, negó ser autora de la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de José Octavio García, quien se desempeña como administrador del organismo.

La denuncia señala presuntas omisiones por parte de Octavio García ante irregularidades de 63.2 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la adquisición de materiales electorales.

La consejera Gómez Puga dijo este jueves durante una conferencia de prensa que el documento es un montaje que suplanta su identidad.

“Dicho escrito no fue elaborado, suscrito, autorizado ni presentado por mi persona ni por mi oficina”, dijo en un mensaje a medios de comunicación. “La firma que aparece en ese documento es apócrifa y no corresponde a mi puño y letra ni a mi voluntad jurídica”.

Gómez Puga vinculó esto con un intento deliberado de desestabilización institucional en el marco de la Junta General Ejecutiva.

La presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, Lucía Mimiaga León, advirtió que la iniciativa de reforma en materia de transparencia enviada al Congreso local por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya representa “retrocesos muy importantes” y afectaría el acceso a información pública relacionada con vuelos oficiales y casos de corrupción en investigación.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, señaló que organizaciones civiles llevan un año impulsando propuestas para fortalecer la transparencia en la entidad y acusó al Congreso estatal de cerrar espacios a la participación ciudadana.

“Estamos exigiendo que este Congreso del Estado no vote esta iniciativa propuesta por el gobernador, porque trae retrocesos muy importantes para la transparencia y ahora en un contexto diferente”, dijo, al referirse a las acusaciones que han colocado a Sinaloa “en el ojo del huracán”.

Explicó que el CPC y diversas organizaciones promovieron una iniciativa ciudadana para ampliar obligaciones de transparencia en el estado; sin embargo, fue desechada por el Congreso el mismo día en que se dio lectura a la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal.

“Ha sido un Congreso muy cerrado, no quiere reunirse con las organizaciones ciudadanas, no está abierto a la crítica, no está abierto a la propuesta ciudadana”, sostuvo.

Mimiaga León afirmó que la propuesta oficial replica disposiciones de la legislación general sin considerar las condiciones particulares de Sinaloa. “No es posible que hagan un copy paste de lo que es la ley general”, expresó.