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El senador Javier Corral Jurado y su asesoría jurídica anunciaron su decisión de desistir de la impugnación que presentaron en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

La denuncia se relaciona con el intento de detención en contra del actual senador por Morena, el 14 de agosto de 2024 en la capital del país, que fue frustrada por la participación del gobierno de la Ciudad de México.

La gobernadora panista informó que fue citada a una comparecencia relacionada con este tema, lo que atribuyó a una presunta campaña de persecución política y legal. Según la fiscalía capitalina, no se han presentado cargos en contra de Campos, por lo que el citatorio corresponde a la impugnación presentada por Javier Corral ante la determinación de no ejercicio de la acción penal.

Corral señaló que tomó esta medida frente a la distorsión informativa, así como por la utilización mediática y política del caso. En comunicado, el legislador afirmó que no contribuirá a la tergiversación de sus derechos ni a la campaña de victimización y manipulación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

El senador la acusó de actuar con un doble rasero, ya que indicó que en la Ciudad de México ella tomó este trámite judicial como un acto de persecución política, mientras que en Chihuahua lo presentó como una prueba de exoneración.

El profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Aparicio, expresó preocupación por la reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral, al considerar que otorga amplios márgenes de discrecionalidad a autoridades electorales que, a su juicio, no generan confianza y podría utilizarse con fines políticos.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, el especialista señaló que la discusión debe analizarse en el contexto de tres reformas aprobadas recientemente y del clima político actual. Según explicó, el problema de la intervención extranjera en procesos electorales es real y ha sido documentado en distintos países a través de redes sociales, ciberataques, financiamiento ilícito y otras formas de influencia.

Sin embargo, observó que el tema no había formado parte de los trabajos de la comisión encargada de analizar una eventual reforma electoral durante los últimos meses y que fue incorporado recientemente mediante el impulso del diputado Ricardo Monreal, coordinador morenista en San Lázaro.

Aparicio sostuvo que, frente a un problema existente, la respuesta planteada consiste en aplicar la sanción más severa posible: la anulación de una elección. Recordó que actualmente la Constitución ya prevé tres causales de nulidad relacionadas con la compra de espacios en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y el uso de recursos públicos o financiamiento ilícito, siempre que tengan un efecto determinante en el resultado.

En ese sentido, cuestionó la incorporación de una cuarta causal basada en la injerencia extranjera, al considerar que su definición resulta poco precisa. La reforma alude a la intención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros de alterar resultados electorales, lo que, en su opinión, abre espacios de interpretación.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, lanzó una fuerte advertencia sobre la posibilidad de que las oficinas del Departamento de Justicia de EU se vuelvan «el principal elector» en los comicios de su país.

«Hay que tenerlo claro: primero vienen por unos y luego por otros hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el primer elector en México. Eso no lo podemos permitir», afirmó la mandataria, en un contexto marcado por la solicitud de extradición de EU contra varios políticos de su país, entre ellos, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, por supuestos delitos de narcotráfico.

En esa línea, Sheinbaum arremetió contra la injerencia internacional, asegurando que la historia de México «sabe a dónde conduce ese camino». «Las intervenciones nunca dejan justicia y bienestar para los pueblos; no debemos irnos con la finta», dijo el domingo desde el Monumento a la Revolución, delante de alrededor de 130.000 personas, según recoge Milenio.

Aseguró también que las peticiones de EU «no tienen precedente en la relación bilateral» y, por ello, se preguntó: «¿Es realmente interés genuino por ayudar a México y combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense y utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027?».

Más allá de los avisos, la presidenta mexicana recalcó que su Gobierno nunca defenderá «la corrupción ni la colusión con el crimen», al tiempo que mantendrá la cooperación con EU en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, pero siempre que sea en condiciones de igualdad y respeto a la soberanía.

En ese sentido dijo que la batalla contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los Estados, pero que «no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional».