Sergio Aguayo

Después de 11 meses de encierro recibí la vacuna contra el COVID en la CDMX. Durante las horas de cola pude constatar la politización de la vacunación y la polarización de las redes sociales. Chalecos en pugna. A poco de instalarme en la fila, se acercó un organizador con chaleco verde (atuendo usado por los promotores del gobierno de la CDMX) para marcarnos sobre la mano el número que nos correspondía. Era una forma sencilla de evitar los altercados habituales con quienes se quieren meter en las filas. Me correspondió el 250. Luego pasó un grupo con chaleco guinda de Servidores de la Nación (son 23 mil enviados del presidente recorriendo el país distribuyendo ayudas y becas a los más necesitados). Cuando el servidor vio el número refunfuñó: “está mal que les hayan puesto la inscripción en la mano. No forma parte del protocolo”. Andaba de mal humor porque los servidores habían sido marginados.

¿Por qué fracasó el costoso y aparatoso operativo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad capitalina? El jefe del Cartel ordenó el atentado, porque desde 2019 el actual gobierno puso al CJNG en la mira por su crecimiento exponencial y por la brutalidad de sus métodos. En los últimos meses, aumentaron las detenciones y el cerco financiero de las instancias de seguridad del gobierno federal y capitalino y de las autoridades estadounidenses.

Primer acto. La 4T aspira a desinfectar la corrupción pretérita. El cómo, está en manos de cada funcionario. El 21 de marzo de 2019, Sanjuana Martínez, una periodista habituada con enfrentarse al poder y recibir amenazas, toma posesión como directora de Notimex y promete transformarla en la “agencia más importante de habla hispana”. Impetuosa, choca con el sindicato que declara una huelga reconocida por las autoridades competentes y por buena parte del gremio periodístico.

Las mujeres ganaron el debate y la calle; perdieron el Presidente y la 4T. ¿Se reunirán el Presidente y su gabinete con los colectivos feministas, para consensuar políticas públicas adecuadas para la magnitud de la emergencia?

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, anuncia nuevas investigaciones sobre las atrocidades cometidas por los Zetas en 2011, en Allende, Piedras Negras y otros municipios de Coahuila. En 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y El Colegio de México firmaron un convenio, para que el Seminario sobre Violencia y Paz que coordino, investigara la masacre de Allende.

Durante la semana pasada reviví tres años y medio en tribunales capitalinos y federales. Comparto significado, lecciones y tareas. La demanda de Humberto Moreira en mi contra, por 10 millones de pesos, nunca buscó restañar su honor; para mí, ha sido un ejercicio de intimidación y desgaste que ha buscado arruinarme por investigar la manera de cómo “Los Zetas” se apoderaron de varias regiones de Coahuila, cuando él era gobernador de la entidad.

Para Stanley Cohen, teórico de las negaciones, “no hay límite a la cantidad de métodos que utilizan [los gobernantes] para negar” las violaciones a los derechos humanos. México lo confirma.

John Ackerman e Irma Eréndira Sandoval reaccionaron con enojo a una de mis columnas. Lo comento y encuadro en el encono nacional. En mi columna del 27 de diciembre condené la exoneración de Manuel Bartlett hecha por la secretaria de la Función Pública. Expresé sorpresa al ver a una académica tan sólida, suscribir un texto tan endeble. Primero reaccionó John Ackerman, quien me asaeteó con adjetivos en una columna para La Jornada:

El jueves 19, la secretaria de la Función Pública le colgó a Manuel Bartlett una medalla de buena conducta. Al día siguiente, cinco políticos importantes almorzaron en Querétaro y algún colaborador, mesero o acomedido (que en el pasado los llamaban “propios”) tomó la foto típica observable en las redes.