Sergio Aguayo

La prensa independiente y crítica ha cumplido. Estados Unidos también. Le toca a la 4T investigar la responsabilidad de los gobernantes que apadrinaron criminales.

Se repite la historia de otros sexenios. La realidad hace trizas el discurso. Olvidan que las políticas de seguridad tienen sentido, cuando se piensa en las víctimas.

El secuestro de Alejandro Vera y María Elena Ávila Guerrero en Morelos, muestra las luces y las sombras de la estrategia de seguridad federal.

Los de Morena son buenos para platicar y malos para contener la violencia. Y ahora, culminan su faena, lastimando a una institución importante en la atención a las víctimas. Ricardo Monreal hizo lo correcto al proponer la reposición de la votación para elegir al titular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Hace cuatro semanas, en la Sala Alfonso Reyes de El Colegio de México, Alfonso Durazo describió la nueva estrategia de seguridad. En lugar de perseguir a los grandes capos, atacarían la estructura criminal y, para promover la unidad nacional, colocarían a la seguridad en un nicho de neutralidad política e ideológica. En Culiacán, se resquebrajaron las intenciones.

Hemos enfatizado las atrocidades y menospreciado y la construcción de islotes de paz en diferentes ciudades mexicanas. El 24 de septiembre, Alfonso Durazo –secretario de Seguridad y Protección Ciudadana– aseguró, ante el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, que La Laguna es el “mejor modelo de colaboración intermunicipal o de zona conurbada que hay en materia de seguridad en el país”.

Con un desplegado, la sociedad organizada anunció su ingreso a la batalla por la autonomía de los organismos públicos.
Unas 100 organizaciones de la sociedad civil (OSC) ejercieron, la semana pasada, su derecho a opinar sobre la selección del próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Hay dos grandes relatos sobre México. El 10 de septiembre se confrontaron públicamente: uno fue pronunciado en el congreso de Tabasco; el otro, en el Senado de la República.

Aunque siguen existiendo caciques que controlan territorios, instituciones y presupuestos, se avanza en el método para acotar su influencia. Esa lección deja el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

La semana pasada, el Instituto Nacional Electoral informó, que en el 2020, los partidos recibirán de la Federación, 5,239 millones de pesos. Supera lo recibido en 2019.