Felipe de Jesús Fernández Basilio

La definición que da el diccionario para la palabra “hipocresía” es la de realizar un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan y eso es precisamente lo que hemos visto últimamente en la diplomacia mexicana. Y aunque en realidad no se sabe lo que el presidente y su canciller realmente sienten, ya que con los bandazos que de un polo a otro han dado resulta difícil entender cuál es su verdadera ideología y lo más probable es que no tengan ni idea de lo que quieren; el término calza perfectamente para poder definir la actitud que están tomando.

Hay cosas que verdaderamente resultan inexplicables y una de ellas es cuando el resentimiento que alberga en su ser una persona o un grupo social es tan fuerte que ya no distingue ni siquiera los éxitos de los fracasos y a cualquiera de ellos reacciona con una furia inusitada. Solo alcanzo a comprender que para llegar a ese punto es necesario estar totalmente decepcionado de la vida que uno lleva, ya que la frustración va mucho más allá de cualquier causa a la que uno se haya entregado de manera razonada o incluso fanática.

Lo interesante de centrarse en un solo acontecimiento, con esta ya llevamos tres semanas tratando sobre el no tan inexplicable pero sí nefasto cierre de 29 juzgados de primera instancia en Veracruz, es que podemos seguir de cerca y con mayor profundidad el asunto. Y pues resulta que ahora la culpa del cierre de los juzgados la tiene la construcción de ciudades judiciales a lo largo y ancho del territorio del estado, ya que estas fueron demasiado costosas y su pago se encuentra fuera del limitadísimo presupuesto que la autollamada “cuarta transformación” le asigna año con año al poder judicial y como ese pago se tiene que cumplir, pues no quedó más remedio que tomar la decisión de dejar a la población con un acceso mucho más limitado del que había para el acceso a la impartición de justicia en la parte en la que precisamente hay más problemas, la familia.

Ya se habían tardado en entrar a saco en el Poder Judicial del Estado de Veracruz. Así es queridos lectores, a la institución impartidora de justicia en la entidad le llegó la hora de encogerse para que parte de su presupuesto sea desviado para pagar brigadas de Servidores de la Nación (quienes no son ni servidores ni mucho menos la nación es la destinataria de sus servicios), programas asistenciales inútiles para combatir de raíz la pobreza, pagos de elefantes blancos o simplemente para engordar los bolsillos de los titiriteros que desde los Palacios de Gobierno y/o Legislativo mueven los hilos en el poder judicial de la entidad, siendo lo más probable que la razón sea todo lo anterior junto.

La semana pasada comenzamos esta serie que busca demostrar como a base de prejuicios, cuyo origen se encuentra en la ignorancia o en el mejor de los casos en el conocimiento parcial de los acontecimientos históricos, se ha creado un discurso de odio basado en juicios de valor que en la época analizada simplemente no existían. Y así vimos como la llamada conquista de México no fue tal y como a partir del siglo XX el llamado “gobierno emanado de la revolución mexicana” nos empezó a contar esas historias llenas odio y de rencor que en su momento no estaban presentes y es que no existe una sola evidencia de la época que así lo demuestre.

El discurso del odio es el peor de todos los que ha escuchado la humanidad, ya que generalmente se basa en mitos y falsedades que se inculcan desde la infancia con la finalidad de destruir y ese discurso se agrava si es emitido desde el Estado que tiene como función principal buscar el desarrollo de la sociedad a la que conduce; es decir, se trata de un discurso contra-natura y me atrevo a decir que es el caso en el que mejor se puede aplicar dicho término.

El título que escogido para esta ocasión es el que expresa mejor el mandato que a través de las urnas el pueblo de México le dio al presidente ya que, a juzgar por los resultados electorales, el gobierno en turno obtuvo una mayoría legislativa más que suficiente para gobernar casi sin sobresaltos durante lo que resta de su periodo y digo que casi sin sobresaltos porque para lograr a cabalidad esa mayoría va a tener que negociar con la peor gavilla de mercenarios que se ha visto por estas tierras.

Como es bien sabido por todos ha concluido el periodo de las campañas electorales, periodo en el que los candidatos de las diversas fuerzas políticas visitaron casas, distribuyeron propaganda, fueron a debates e hicieron todo lo necesario para difundir sus ideas y también para atacar a los candidatos rivales.

En las últimas ocasiones, esta columna se ha dedicado a estudiar el juramento que de acuerdo con el artículo 87 de la constitución debe de pronunciar en su toma de posesión la persona que asume el cargo de Presidente de la República y que consiste en: guardar y hacer guardar esta constitución y las leyes que de ella emane, a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república, mirando por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, la nación se lo demandará.

En la pasada colaboración empezamos una confrontación entre lo que dispone la constitución en relación a las facultades y deberes del presidente de la república y la manera en que actúa la persona que hoy en día ocupa tal cargo y se hizo un énfasis especial en la forma en que López está incumpliendo con lo que juramentó el día que tomó posesión del cargo. Para ello realizamos un análisis del juramento que se encuentra en el artículo 87 de la Carta Magna, mismo que resume tanto las obligaciones del presidente como lo que la nación espera de él, ya que lo obliga a: Guardar y hacer guardar esta constitución y las leyes que de ella emane, a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república, mirando por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, la nación se lo demandará.