Felipe de Jesús Fernández Basilio

Uno de los grandes mitos que siempre han existido en México es que el gobierno hace su trabajo en la lucha contra el crimen cuando satura las cárceles con personas a las que se les acusa de haber cometido un delito y otro de los grandes mitos, el cual ahora es muy usado por el presidente que vive en el Palacio Real, consiste en decir que las fuerzas de seguridad pública apresan a los delincuentes solo para que luego los liberen los jueces corruptos. Cabe señalar, que estos mitos no han sido exclusivos del gobierno actual, ya que prácticamente en todos los sexenios se han escuchado; lo cual nos lleva a pensar que una buena parte del problema radica en la práctica punitiva que el Estado mexicano ha tenido desde que existe y dentro de esa práctica destaca de sobremanera la existencia y el abuso de lo que se conoce como prisión preventiva, a la cual últimamente se le agregaron apellidos y uno de ellos es “oficiosa”. Y en efecto, el uso y abuso de la prisión preventiva oficiosa es generadora de la impunidad debido a que su naturaleza es contraria a la finalidad del derecho penal y por ello, es la causante de muchos vicios que se producen dentro y fuera del proceso penal.

Ahora que los trogloditas que están encaramados tanto en el Congreso de la Unión, como en el Palacio Nacional han enfocado sus baterías, inventando cuanta sandez se les ocurre, en contra del poder judicial y en virtud de ello es que los integrantes y las funciones de ese poder se encuentran inmersos en una rumorología que está basada en una serie de mentiras, al igual que sucede con las autoridades electorales y con cualquiera que no se pliegue a los designios de López Obrador. Por ello es que considero de suma importancia tratar de explicar en qué consiste el procedimiento jurisdiccional en lo general y el constitucional en lo particular. En principio de cuentas, el Poder Judicial está compuesto por una serie de tribunales, los cuales son los órganos encargados de impartir justicia, cabe señalar que por “impartir justicia” únicamente se entiende que es decidir quién tiene la razón jurídica en una determinada controversia, estos tribunales pueden ser de grado inferior o superior, mixtos o especializados en alguna rama del derecho, unipersonales o colegiados y pueden estar integrados por jueces, magistrados o ministros; por ello bien se puede decir que son tribunales tanto la Suprema Corte de Justicia como el más apartado juzgado municipal.

Cada vez es más evidente que existe un México que ama el tener el derecho a elegir libre y democráticamente a sus autoridades, y ese amor lo demostró el último domingo de febrero al defender a la institución responsable de organizar y coordinar los procesos electorales que periódicamente se llevan a cabo para tal fin. En efecto, esa multitudinaria marcha realizada en las principales ciudades del país demostró que hay millones de mexicanos que estamos felices con el sistema electoral que tenemos, el cual es un referente mundial (¡Ni Dinamarca lo tiene!) y que además costó muchísimo a generaciones completas de opositores de todo signo imponer al antiguo régimen. También, esas multitudes nos enseñan que la democracia que se creía en pañales ya puede dormir sola sin necesidad de tener que arrullarle y aunque no ha madurado del todo; porque también es cierto, y hay que reconocerlo, que existe otra gran cantidad de mexicanos que genuinamente cree las mentiras que salen del palacio y por lo mismo, piensan que se trata de una “burocracia dorada” que no hace nada y que, para colmo, cuesta fortunas incalculables para el país.

Tendenciosamente tanto el presidente de la república como sus corifeos inducen a la confusión por medio de una narrativa engañosa al mezclar dos cosas que nada tienen que ver entre sí. Y lo hacen al celebrar, incorrectamente porque no hay nada para celebrar, el fallo dictado por un jurado popular en Estados Unidos en contra de Gerardo García Luna y decir que con ello se justifica el golpe que pretenden darle a las instituciones electorales. El engaño se descubre fácilmente si analizamos bien las cosas y para ello, debemos de partir de que el INE y el TEPJ son autoridades estrictamente electorales, ya que son los encargados de organizar y calificar las elecciones de las que emanan los poderes legislativo y ejecutivo. Es decir, se trata de autoridades que se encargan de dar legitimidad a las autoridades cuyo cargo proviene de las elecciones populares, cosa que además han venido haciendo con los estándares más altos posibles y muestra de ello es que el sistema electoral mexicano hasta el día de hoy es un referente internacional del cual debiéramos estar orgullosos. Es decir, se trata de autoridades que se encargan de dar legitimidad a las autoridades cuyo cargo proviene de las elecciones populares, cosa que además han venido haciendo con los estándares más altos posibles y muestra de ello es que el sistema electoral mexicano hasta el día de hoy es un referente internacional del cual debiéramos estar orgullosos.

Demasiadas especulaciones y también un genuino deseo de conocer la verdad jurídica de los hechos imputados a Gerardo García Luna, está generando en México el juicio que una Corte de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos en estos días está llevando a cabo en su contra. Ya que ciertamente, se trata de un personaje que en su tiempo acumuló mucho poder en un medio en el que hay muchos intereses muy poderosos, como lo es la seguridad pública, y también incurrió en muchos actos en los que la arbitrariedad y el abuso de poder fueron su sello. Sin embargo, el resultado del juicio que hoy se ha instaurado en su contra en el extranjero, muy probablemente no satisfaga las legítimas demandas de justicia que en México se esperan, y es que en este juicio hay que considerar algunos aspectos que generalmente se están pasando por alto cuando se da cuenta de los avances del juicio. Y el primero de ellos es que ese juicio no es nuestro, es decir, las autoridades mexicanas no lo están celebrando, ni tampoco deriva de investigaciones hechas por ellas; por lo que lógicamente el juicio no busca identificar y en su caso sancionar los delitos que García Luna haya cometido en México ni tampoco esclarecer si otras autoridades pasadas o presentes hayan sido sus cómplices.

Desde que la humanidad evolucionó lo suficiente para vivir en comunidades con un elemental grado de civilidad, se establecieron unas normas diseñadas justamente para permitir la vida en sociedad y desde esos momentos, esas normas se han tenido que cumplir de manera obligatoria por parte de todos los individuos involucrados en esa sociedad. A esta clase de normas se les dio el nombre de jurídicas y una de sus características es que su cumplimiento se puede llevar a cabo de manera obligatoria, es decir en contra de la voluntad de los obligados a observarla, más esta característica solamente se aplica en casos especiales, ya que el principio general es que la norma jurídica es aceptada por las sociedades y consecuentemente observada de manera espontánea en la inmensa mayoría de los casos en los que se aplica. Siendo esto último el punto al que quiero llegar en esta ocasión, ya que la coercitividad de la norma jurídica es la excepción, mientras que la regla es su cumplimiento espontáneo por parte de los sujetos obligados ya que, si no fuera así, la norma jurídica simplemente no funcionaría debido a que su aplicación sería prácticamente imposible.

El caso de la señora Yasmín Esquivel, quien ocupa inconstitucionalmente un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparte de demostrar que la señora en cuestión no solo carece de ética como persona, nos demuestra que tampoco tiene alguna clase de escrúpulos, ni mucho menos un mínimo amor por la institución en la que está enquistada. Y si bien, el asunto ya es bastante grave al mostrar el cinismo y la soberbia de una persona que bien sabe que está ocupando un cargo que no debería de ocupar, porque es seguro que en su fuero interno conoce perfectamente lo que hizo y lo que dejó de hacer al de elaborar su tesis para obtener la licenciatura en derecho; peor es que con su permanencia a ultranza como ministra de la SCJN, cuando su idoneidad constitucional para desempeñar esa función está en entredicho, ya que con ello a quien más perjudica es a ese tribunal supremo. Consistiendo ese perjuicio en que al ser cada vez más evidente que la ministra no cuenta con un título válido para ejercer la licenciatura en derecho, lo cual es un requisito constitucional para ejercer la función de ministro en la corte, con ello vicia las decisiones que dicho órgano tome en relación a las cuestiones que se pongan en su conocimiento.

Ricardo Monreal Ávila ha estado aparentando una rebelión al interior del partido en el gobierno, pero la realidad se encuentra muy alejada de lo que pretende vender el jefe de la bancada morenista en el senado. Hay buenas razones para pensar en ello, y es que sus actuaciones a partir de 2021, y no solo esta última en el Senado, nos permiten suponer que su “rebeldía” es fingida debido a que a pesar de que chilla mucho, al final del día logra que se cumplan los caprichos de López Obrador. Monreal es un destacado priísta que se volvió amigo y partidario de López Obrador cuando al igual que al que hoy es su jefe su partido original no lo apoyó en sus aspiraciones y ambos primero se valieron del PRD para sobrevivir políticamente y cuando ese partido no les redituó más, fundaron su propio partido (MRN).

Cuando se dice que la constitución de un país debe de estar por encima de cualquier persona o corporación no se está deificando o estableciendo un concepto religioso sobre ese cuerpo normativo, sino que se está sosteniendo que el respeto absoluto por la también llamada Carta Magna es la base de toda convivencia política y social, ya que el ser humano por su propia naturaleza necesita someterse a un cuerpo normativo que regule sus derechos y sus obligaciones frente y para la sociedad, según sea el caso. Ahora bien, antes de cualquier pasar a otra cosa, resulta necesario detenerse un poco para precisar lo que se entiende por constitucionalismo y eso es importante, porque la ciencia constitucional ha avanzado tanto con la elaboración de derechos humanos y sociales, cuya incorporación es muy importante, que se pierde el foco sobre el origen del constitucionalismo y ese origen ni más ni menos que el poner límites al o a los poderosos. En efecto, las constituciones y leyes similares como las forales, nacieron para imponerles a los gobernantes una sumisión a una norma suprema que rige y delimita las funciones del Estado, siendo en un principio una relación entre el Estado y los estamentos, gremios y corporaciones, para luego evolucionar a la división de tres poderes que conocemos hoy en día y culminando con la creación de órganos especializados autónomos constitucionales que, como su nombre lo indica, son independientes de los tres poderes tradicionales dentro de su especialidad.

El pasado 27 de noviembre el presidente hizo un desfile que fue multitudinario pero que resultó mucho menos vistoso de lo esperado y en el cual rindió uno de sus “informes” trimestrales y lo que sí era esperado es que ambos eventos fueran intrascendentes, tal y como lo fueron. La cuestión a considerar es aquí es el descubrir la verdadera razón de la intrascendencia de esos eventos y para ello no debemos caer en los lugares comunes de que hubo decenas de miles de acarreados, cosa que sí existió y que además el acarreo de personas es una vieja práctica que retrata de cuerpo entero como denigradores de la humanidad a quienes lo perpetran; pero ese no es el motivo de la intrascendencia del desfile, ya que también hubo quienes fueron por voluntad propia y que si viven engañados, beneficiados o simplemente son simpatizantes sería tema de otra columna, pero en esos grupos se dividen los que espontáneamente fueron.