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A nueve días del colapso en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, continúan las labores de rescate para tres trabajadores mineros, con la participación de autoridades federales, estatales y brigadas especializadas.

Hasta ahora, solo uno de cuatro ha sido rescatado con vida, mientras los otros tres permanecen a aproximadamente 15 metros de la zona donde se presume podrían encontrarse, informaron las autoridades del Puesto de Mando Unificado.

El derrumbe ocurrió mientras los cuatro mineros se encontraban en el interior del yacimiento y desde entonces, los equipos de rescate han trabajado sin interrupción, en condiciones extremas de humedad, acumulación de lodo y presión de jales, que dificultan el acceso directo.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores atrapados y rescatistas, se han implementado varias medidas estructurales, destacaron las autoridades.

Sellaron áreas estratégicas para detener el paso de agua y lodo y la construcción de muros de concreto reforzado, diseñados para contener la presión interna y prevenir nuevos colapsos.

Según el Puesto de Mando Unificado estas acciones han permitido que las brigadas puedan avanzar con mayor seguridad hacia los puntos críticos de la mina.

Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene una deuda con proveedores estadounidenses de más de 2 mil 500 millones de dólares, reveló el gobierno de Estados Unidos en el Informe nacional de 2026 sobre las barreras al comercio exterior del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 

En el documento, de 534 páginas en las que desglosa el comercio con todos los países, la Casa Blanca afirmó que a 31 de diciembre de 2025 algunas empresas han recibido el pago total o parcial, mientras que otras acusan que siguen sin cobrar la deuda. 

«En los últimos dos años, las empresas estadounidenses que prestan servicios al sector petrolero y gasístico mexicano han señalado que se enfrentan a una dificultad sin precedentes a la hora de recibir el pago de Pemex por los servicios prestados», dice el texto. 

Según los estados de cuenta de la petrolera, la deuda con proveedores en 2025 se redujo en un 14.1% a 24 mil 182 millones de dólares, mientras que en ese año saldó más de 32 mil milloness de dólares (582 mil mdp). 

Cabe recordar que el 6 de mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la deuda con proveedores había sido saldada en un 60% y que primero fueron pagados los adeudos a los pequeños proveedores y posteriormente se iba a saldar lo debido con las empresas más grandes.

El expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), Santiago Corcuera, consideró “deplorable” la respuesta del Estado mexicano ante la decisión histórica del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de llevar el tema de las desapariciones en México a la Asamblea General, tras la activación del artículo 34 de la Convención, luego de que calificara de “tendencioso” el informe del organismo.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Corcuera lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno: “Qué lástima que no se aprovecha la oportunidad de reconocer la dimensión del problema”.

Explicó que la definición de desaparición forzada utilizada por el Comité no es una interpretación aislada, sino un estándar consolidado en el derecho internacional. Subrayó que proviene de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006, así como de instrumentos previos, incluida la declaración de la Asamblea General de 1992 y la convención interamericana en la materia.

“No es del Comité la definición, esa es una definición reconocida internacionalmente por diversos instrumentos internacionales”, enfatizó.

Corcuera también abordó la inconformidad del gobierno mexicano por la vinculación del tema con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Señaló que dicho instrumento también incluye la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad y amplía la responsabilidad a actores no estatales. En ese sentido, indicó que el análisis del Comité incluye tanto la actuación del Estado como la de organizaciones criminales: “Organizaciones que no son estatales pueden cometer crímenes de lesa humanidad”.