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Ciudadanos han manifestado su rechazo al proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México impulsado por la administración de Clara Brugada, al considerar que centraliza el poder, favorece megaproyectos inmobiliarios y pone en riesgo el suelo de conservación de la capital del país.

El Plan es el instrumento planeación para el crecimiento y orden de la capital del país. Determinará donde será posible construir y cómo se protegerán las zonas de conservación los próximos 20 años.

Las autoridades aseguran que la propuesta busca transformar la ciudad en una metrópoli sostenible, igualitaria y con justicia, centrado en el derecho a la vivienda, movilidad sustentable, gestión integral del agua y un desarrollo urbano ordenado con enfoque de derechos humanos.

Pero ciudadanos reclaman que lo anterior no se refleja en el proyecto elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y que es un instrumento para la centralización del poder con la implementación de estrategias clientelares.

“Es un proyecto de centralización del poder, con la modificación de la gobernanza y un control absoluto de las decisiones a través de asambleas vecinales a mano alzada”, acusa Josefina MacGregor Anciola, directora de la asociación civil Suma Urbana.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) discutirá un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que busca declarar inconstitucional que el Instituto Nacional Electoral (INE) invalide las afiliaciones duplicadas de una asociación que busca constituirse como nuevo partido, posterior a la celebración de asambleas constitutivas.

La asociación “Somos México”, que pretende constituirse como partido político nacional, impugnó un acuerdo del INE que determinó que, de las 246 Asambleas Distritales celebradas, 41 fueron canceladas por falta de quorum, toda vez que se le descontaron afiliaciones duplicadas con otras asociaciones o incluso partidos políticos.

La organización demandó que se le hayan invalidado 41 Asambleas Distritales y se haya excluido su representación en la Asamblea Nacional Constitutiva a partir de la aplicación de la regla, al considerar que transgreden los principios de legalidad y reserva de ley y supremacía constitucional, pues se vulnera el derecho de asociación y afiliación política, tanto en su dimensión individual como colectiva.

El proyecto del magistrado Mondragón plantea que es inconstitucional la regla prevista por el INE en el acuerdo INE/CG2441/2024 que permite disminuir o invalidar el quorum de una Asamblea Estatal o Distrital de una organización, en un momento posterior a su celebración, a partir de la resta de las afiliaciones de las personas que se inscribieron y participaron en ella, pero que, después, hicieron lo mismo en otra asociación en proceso de formación o se afiliaron a un partido político (afiliaciones duplicadas).

“En consecuencia, el INE no podrá aplicar esa regla en la restante e inminente verificación de los requisitos legales de todas las organizaciones que presentaron su solicitud para constituirse como partidos políticos, la cual culmina con la resolución que, al respecto, emita el Consejo General», mencionó el proyecto.