Controversia

A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso fin al programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos coloquialmente como “autos chocolate”, que estuvo en vigor durante el sexenio de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.

La medida abroga el acuerdo original de 2021 y establece el 31 de diciembre de 2025 como la fecha límite de vigencia para el fomento de dicha regularización.

Según el documento oficial, la administración federal determinó que el objetivo de ordenamiento y certeza jurídica para el que fue creado el programa ha sido alcanzado. El Ejecutivo señala en el apartado de considerandos que la medida permitió otorgar protección al patrimonio de las familias y fortalecer la seguridad pública.

“En razón de que la finalidad del Decreto ya fue atendida, se considera que ya no es necesario continuar otorgando los beneficios establecidos en ese instrumento, lo que permitirá evitar que pueda derivar en malas prácticas, alejándose del propósito por el cual fue emitido”, suscribe el decreto presidencial.

De acuerdo con cifras del Registro Público Vehicular (Repuve) citadas en el texto oficial, al 25 de noviembre de 2025 se logró la regularización de 2,987,839 vehículos. El Gobierno sostiene que estas acciones permitieron “combatir la delincuencia y proteger a la ciudadanía ante el uso de vehículos no registrados”.

Los aranceles de México a productos asiáticos entraron en vigor este 1 de enero, según lo publicado por el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de diciembre. 

De esa manera, a partir de este jueves las piezas automotrices tendrán un gravamen que oscila entre el 25 y 50%, incluyendo componentes como receptores de radio para automóviles, lentes o reflectores para faros y defensas completas.

Las loncheras y cantimploras, botellas y frascos, estampados, vidrio, acero, tubos, puertas, muebles de metal y ropa de cama tendrán un arancel del 35% y con ese mismo porcentaje prendas de vestir para hombre, mujer y niño, abrigos, impermeables, calzado, artículos de higiene personal y tocados.

Además, se incluyen impuestos a la exportación del 30% para artículos de oficina y escolares, dentífricos, estatuillas decorativas, ventiladores domésticos, juguetes, rompecabezas e inflables.

Productos como shampoo, hornos de microondas y muebles de plástico, bambú o ratán tendrán un impuesto del 25%.

El gobierno mexicano y el empresario Ricardo Salinas Pliego tendrán un nuevo encuentro, ahora por el pago de indemnizaciones de los daños provocados por el descarrilamiento de un convoy del Tren Interoceánico cubierto por Seguros Azteca en conjunto con Quálitas.

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), parte medular del Tren Interoceánico, adjudicó a estas dos aseguradoras un esquema de aseguramiento dividido en cuatro pólizas que protegen desde inmuebles y locomotoras hasta las vías y puentes de la red ferroviaria.

Salinas Pliego y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han enfrentado por disputas sobre adeudos fiscales que las empresas del multimillonario mantienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sin embargo, el también dueño de la segunda mayor televisora del país, sigue prestando servicios al gobierno federal, como es el caso de la cobertura para locomotoras, vagones, maquinaria de vía y toda la infraestructura ferroviaria —incluidos terraplenes, cambios de vía, puentes y alcantarillas— que se encuentra en la Póliza IV, con un límite anual máximo combinado de hasta dos millones de dólares.

De acuerdo con los términos de contratación realizados en diciembre del año pasado para todo 2025, esta póliza señala que la aseguradora pagará a valor de reposición y sin proporcionalidad, cubriendo 100% de las pérdidas, únicamente sujetos a los deducibles establecidos.

Elementos de las fuerzas federales aumentaron este miércoles la vigilancia en la zona donde descarriló el Tren Interoceánico, restringiendo el paso a varios kilómetros de distancia.

Por la mañana, elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos a pie en brechas paralelas a las vías del tren desde las inmediaciones del poblado de Chivela, Oaxaca, ubicado aproximadamente a cuatro kilómetros del sitio del descarrilamiento. 

Según habitantes, en los dos días posteriores al accidente la vigilancia se enfocaba en controlar el paso sobre las vías del tren sin que existieran patrullajes en las inmediaciones para impedirlo.

“Ya no hay paso. Si gusta regresar por donde entró”, ordenó un agente al frente de otros siete elementos de la Guardia Nacional.

Efectivos de la Marina-Armada de México portaban fusiles de asalto y estaban apostados a un costado de las vías, igualmente restringían el paso hacia la llamada “zona cero”, argumentando que se trataba de una medida de seguridad.

La curva conocida como “La Herradura” donde el tren descarriló el domingo pasado, se ubica entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en la región del Istmo de Oaxaca, cuyos habitantes se organizaron rápidamente tras enterarse del accidente para auxiliar en las tareas de rescate.