Controversia

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias, derivados de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, representen un mecanismo de censura para los medios de comunicación.

Aseguró que su propósito es garantizar los derechos de las audiencias y precisó que el documento difundido por la autoridad reguladora aún se encuentra en consulta pública.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria respondió a las críticas surgidas tras la presentación de los lineamientos, realizada un día antes por la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde.

Insistió en que la ley fue aprobada hace varios meses mediante un proceso de diálogo con la industria de la radio y la televisión y que ahora corresponde emitir la regulación secundaria.

La presidenta explicó que la legislación establece la obligación de que la comisión reguladora emita lineamientos para hacer efectivo el derecho de las audiencias, pero aclaró que éstos “ni siquiera se han emitido”, ya que actualmente fueron publicados únicamente para consulta pública.

Es absolutamente falso que el objetivo del Gobierno sea censura; es garantizar los derechos de las audiencias.

El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, desestimó la mayor parte de las reclamaciones presentadas por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, contra el Estado mexicano, y únicamente dio la razón a la empresa en una medida relacionada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) ocurrida en enero de 2018, informó la Secretaría de Economía.

En un comunicado difundido este lunes, la dependencia señaló que el procedimiento se desarrolló al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bajo el argumento de que diversas autoridades federales y estatales adoptaron, entre enero de 2018 y 2022, medidas que afectaron la operación de los proyectos de la empresa en México, realizados a través de Calica.

La Secretaría de Economía precisó que la indemnización correspondiente a la medida relacionada con la clausura de un predio de Calica en enero de 2018 representa menos del 1% del monto originalmente reclamado.

Indicó que el Gobierno de México analiza “detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance”.

Asimismo, aseguró que “refrenda su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente, así como con el respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales como elemento fundamental para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico”.

Ulises Bravo Molina, exdirigente de Morena en Morelos y medio hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue nuevamente vinculado a proceso por violencia familiar, luego de que la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos revocó la resolución que previamente lo había dejado fuera del proceso.

Bravo Molina sostiene que es víctima de una persecución política; mientras continúa el procedimiento en su contra, deberá acudir periódicamente a firmar ante los tribunales como parte de las medidas cautelares vigentes.

La determinación judicial, fechada el 29 de junio de 2026 dentro del Toca Penal 170/2024-7-14-OP, se conoció públicamente el 2 de julio, cuando comenzó a difundirse mediante estrados judiciales y medios de comunicación.

Un día después, el 3 de julio, Ulises Bravo informó que ya había sido notificado formalmente de la resolución y respondió al fallo con acusaciones de una presunta persecución política.

El caso deriva de la denuncia presentada por Liu León Luna en 2023, cuando Bravo aún encabezaba Morena en Morelos, y ha transitado por distintas instancias judiciales hasta llegar a un Tribunal Colegiado, que ordenó revisar nuevamente la determinación.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, respaldó la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y rechazó que su detención responda a una persecución política o a un intento por desviar la atención de otros temas.

En entrevista con Aristegui en Vivo, la dirigente sostuvo que corresponde exclusivamente a la Fiscalía acreditar los delitos y al Poder Judicial determinar responsabilidades, por lo que pidió esperar el desarrollo del proceso antes de emitir conclusiones.

La FGR informó recientemente sobre la detención de Ruffo Appel como parte de una investigación contra una presunta red de huachicol fiscal, en la que inicialmente se ejecutaron 25 órdenes de aprehensión y que, de acuerdo con la autoridad, habría ocasionado un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.

Además, Montiel rechazó los señalamientos del dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, quien acusó que la investigación busca proteger a funcionarios de Morena y distraer la atención de otros casos políticos.

Los presidentes de los partidos no somos ni jueces ni ministerios públicos. Quien investiga es la Fiscalía y quien juzga es el Poder Judicial.

Insistió en que serán las pruebas y autoridades correspondientes quienes determinarán la responsabilidad de Ruffo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este miércoles al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas transnacionales, además de mantener las sanciones que ya pesaban sobre ambos grupos por narcotráfico.

Con estas nuevas designaciones, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, suma oficialmente seis carteles mexicanos en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas.

El Cartel de Juárez, fundado en la década de 1970 y con operaciones en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y Los Viagras, una organización criminal con presencia principalmente en Michoacán, fueron incorporados a estas categorías por su participación en el tráfico de drogas y otros delitos vinculados al crimen organizado, según informó el Tesoro.

En febrero de este año, la Administración de Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles mexicanos, entre ellos el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Noreste, el del Golfo y La Nueva Familia Michoacana, como parte de una estrategia para intensificar el combate contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Trump ha presionado a México y a la región en búsqueda de mayores resultados contra los cárteles del narcotráfico, especialmente para frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, mediante amenazas de aranceles, nuevas sanciones financieras y la designación de organizaciones criminales como grupos terroristas.