Columnistas

La agresión sufrida por la periodista Heidi Castellanos, empujada por una integrante de la escolta de Rocío Nahle mientras intentaba cuestionarla en un evento público en Coatzacoalcos, no es un hecho aislado ni anecdótico. Es la expresión de un patrón de hostigamiento que se ha venido consolidando contra la prensa crítica en la entidad y que tiene como protagonista a la propia Nahle, quien ha convertido la intolerancia hacia los cuestionamientos periodísticos en su marca personal y por lo visto, en una política de su gobierno.

La escena no deja mucho a la interpretación: una reportera que cumple con su deber de preguntar por hechos de violencia extrema en el sur de Veracruz –una fosa clandestina con varios cuerpos enterrados- es agredida físicamente por una agente de seguridad –que cuenta con antecedentes de haber atacado ya a otras mujeres comunicadoras- cuyo trabajo es proteger a la funcionaria, pero no agredir a la ciudadanía. El mensaje es inequívoco: quien se atreva a incomodar a Nahle, que se atenga a las consecuencias.

La infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales locales, especialmente en los ayuntamientos, no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos años ha sufrido una escalada: desde ahí, los grupos delictivos ejercen control territorial, manipulan candidaturas y aseguran la protección institucional de sus intereses.

El caso reciente del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de extorsionar empresarios y de secuestrar a candidatos de su propio partido para imponer perfiles afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo las instituciones municipales se convierten en trincheras del crimen. Pero está lejos de ser un asunto aislado.

En 2021, durante el proceso electoral municipal en aquella entidad del occidente mexicano, dos aspirantes de Morena fueron secuestrados y obligados a renunciar a sus candidaturas. La investigación de la FGR señala directamente al alcalde Diego Rivera Navarro como responsable de estos hechos, en complicidad con colaboradores cercanos.

El objetivo era claro: garantizar que la presidencia municipal quedara bajo control de un perfil funcional a los intereses del CJNG. La detención del alcalde este 2026 y su vinculación a proceso por delincuencia organizada y secuestro agravado revelan la profundidad de la infiltración criminal en gobiernos locales.

La esperada caída de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado –que en automático, lo saca también de la presidencia de la Junta de Coordinación Política y le quita el manejo político y financiero de la Cámara- marca un punto de inflexión para el régimen.

Debilitado por los señalamientos de vínculos con el crimen organizado, concretamente con el grupo conocido como “La Barredora”, y por presiones al interior de Morena, su salida abre un espacio para que la presidenta Claudia Sheinbaum empiece a ejercer un mayor liderazgo en su partido, el cual le había sido disputado de manera inaudita por el exgobernador tabasqueño, envalentonado –y muy probablemente animado- por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador.

Las investigaciones judiciales y periodísticas que documentaron el crecimiento atípico de grupos criminales en Tabasco durante su gestión como gobernador, con acusaciones de protección institucional y redes de impunidad, finalmente tomaron forma con la detención de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad y líder de “La Barredora”, explotando un escándalo que minó inevitablemente el liderazgo del también exsecretario de Gobernación del obradorato, no obstante lo cual se aferró a su cargo en el Senado hasta que, por lo visto, fue insostenible por sus costos políticos. Para Morena y para el gobierno.

Ahora, este movimiento abre un espacio no solo para que Claudia Sheinbaum ejerza un liderazgo más directo sobre la bancada morenista y sobre la agenda legislativa, sino para su mismo ejercicio presidencial.