Bursatilización: Ni alcaldes de Morena aceptan rescate
El anuncio de la gobernadora Rocío Nahle de destinar 1,200 millones de pesos a cubrir y liquidar los saldos pendientes de la bursatilización municipal resultaba una buena noticia. El gobierno estatal absorbería el 75% de la deuda y los municipios el 25% restante.
Este domingo venció el plazo para que los municipios decidieran si se adherían al nuevo esquema financiero propuesto por el Gobierno de Veracruz; hasta el jueves, únicamente 48 de los 199 ayuntamientos habían enviado al Congreso local la aprobación formal de sus Cabildos, según la información proporcionada por el diputado Esteban Bautista, coordinador del grupo legislativo de Morena.
Sin embargo, ni los propios diputados de Morena fueron informados de dónde saldrán los recursos para el pago pendiente. La falta de información y transparencia respecto del esquema financiero y el impacto en las finanzas municipales podrían mandar la propuesta al bote de la basura porque se requiere de la aprobación de todos los municipios involucrados.
Durante el gobierno de Fidel Herrera se impulsó un esquema de bursatilización de los ingresos municipales que consistió en adelantar recursos financieros a los ayuntamientos, comprometiendo el 12% de sus participaciones federales por 20 años para obtener liquidez inmediata.
Para ello, se creó un fideicomiso en la Bolsa Mexicana de Valores respaldado por el Impuesto sobre Tenencia Vehicular y un porcentaje de las participaciones federales destinadas a los municipios. Un total de 199 municipios (de los 212 del estado) decidieron adherirse al plan para recibir recursos extraordinarios en el corto plazo.
La propuesta significaba una oportunidad para obtener capital que supuestamente detonaría el desarrollo regional, erradicaría la pobreza y financiaría obras de infraestructura pública. Sin embargo, lo que se planeó como una solución de liquidez derivó en una pesada losa financiera para los ayuntamientos.
No se establecieron mecanismos de control para garantizar el uso honesto y eficiente de los recursos adicionales que recibirían los gobiernos municipales; tampoco hubo una planeación que permitiera liquidar los pasivos de manera que no impactara en los programas de inversión.
Esto limitó severamente su capacidad para invertir en servicios básicos como pavimentación, agua potable, drenaje y alumbrado público. Durante casi dos décadas, las administraciones municipales entrantes heredaban una deuda que, además, no podían renegociar de forma individual.
En estos años, los municipios enfrentaron limitaciones financieras, afectando su capacidad de inversión. En muchos casos no se tradujo en el desarrollo esperado, manteniendo altos niveles de marginación.
Previendo esta situación, siendo diputado local, me manifesté en contra de la propuesta de bursatilización. Ser opositor no significa estar en contra de todo, todo el tiempo; ser legislador del partido en el poder tampoco significa un apoyo incondicional a las decisiones del ejecutivo.
Ahora la duda es: ¿qué dirán las letras chiquitas que ni los gobiernos municipales de Morena y sus aliados han aceptado “el milagro del rescate”?
La puntita
Al INDEP le volvieron a robar lo robado. Dos meses después, la directora Mónica Fernández dice no poderconfirmar la desaparición de más de 200 vehículos resguardados en una bodega del organismo en Veracruz. Que alguien le avise que algunos ya fueron reemplacados y circulan libremente por siete estados del país.
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