Columnistas

Las celebraciones del “día de la libertad de expresión” cada 7 de junio siempre han sido una fantochada, una simulación en la que desde su origen, los dueños de los medios le “agradecían” al presidente —o al gobernador— en turno la “graciosa concesión” de, irónicamente, ejercer una libertad de expresión de la que, en realidad, no gozaban.

Por décadas fue ese el espacio para “premiar” al periodismo dócil con el poder, el que no publicaba sobre la corrupción gubernamental y que se regodeaba en la cercanía —aunque fuera solo en el lapso que dura comerse unos huevos con frijoles— con los gobernantes.

Continuar “celebrando” esa fecha no solo es anacrónico. Es burdo. Exaltar la libertad de expresión mientras se comparte mesa con el actor público que debiese ser el blanco del escrutinio periodístico a su desempeño y que además, te va a entregar un “reconocimiento”, es un contrasentido.

Por esa razón, la conmemoración se trasladó al 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa proclamado por la ONU en 1993 para promover y proteger el periodismo independiente y la libertad de expresión. Y los premios de periodismo con verdadero reconocimiento se entregan únicamente entre pares, a convocatoria de un Consejo Nacional integrado por periodistas.

Como si aún estuviera gobernando (¿o será que nunca ha dejado de hacerlo?), Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer girar la escena política mexicana en torno suyo, luego de que el expresidente reapareció por enésima ocasión con una carta pública en la que denunció una supuesta “embestida” de Estados Unidos contra Morena y sus dirigentes, a raíz de las investigaciones y acusaciones que vinculan a políticos morenistas con el narcotráfico.

El gesto no es menor. En un momento en que la administración de Claudia Sheinbaum enfrenta crecientes presiones por los señalamientos de Washington y ante la negativa de entregar a la justicia a los políticos morenistas involucrados en las denuncias, López Obrador decidió colocarse al frente, reafirmando que sigue siendo el verdadero conductor de su movimiento y al mismo tiempo, contraviniendo una de las principales reglas no escritas de la política mexicana: los expresidentes no le hacen sombra al gobernante en turno.

Claramente, la reforma constitucional que incluyó la “injerencia extranjera” como causal de nulidad de elecciones en México no es más que un blindaje político para que el régimen morenista pueda anular cualquier proceso electoral que no le favorezca.

El pretexto es tan amplio y ambiguo que abre la puerta a que cualquier crítica internacional, cualquier observación de organismos multilaterales, cualquier señalamiento de la prensa extranjera, incluso cualquier comentario político desde el exterior pueda ser interpretado como “intervención” y, por tanto, usado para invalidar la voluntad popular si ésta ya no favoreciese al régimen.

Este domingo en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro en su discurso: “hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. Ese camino de las intervenciones nunca ha dejado justicia y bienestar para los pueblos”, arremetió, en referencia a los procesos encauzados desde Estados Unidos contra diez políticos morenistas por nexos con el narcotráfico.