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Luego de un intenso estira y afloja, la coalición opositora presentó su nueva encarnación, con la que definirá una candidatura única a la Presidencia de la República: el Frente Amplio por México. Se trata de un mecanismo en el que se intenta amalgamar a los partidos integrantes de la coalición opositora con organizaciones de la sociedad civil identificadas con un mismo objetivo: evitar la restauración del sistema de partido hegemónico en México a través de Morena, que desaparezca los contrapesos institucionales para concentrar y centralizar el poder en la figura del titular del Ejecutivo federal. El proceso para definir candidato o candidata, que tomará en primera instancia el apelativo de “responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México”, constará de tres etapas, en las que se recabarán firmas, se celebrarán foros, se aplicarán encuestas y se irá a unas elecciones primarias para definir a quien encabezará la alianza opositora integrada por PAN, PRI y PRD. La idea no es mala. En los hechos, es un método claramente más democrático e incluyente que el que a la par desarrollan en Morena con el mismo objetivo de definir candidatura presidencial, decisión que en el partido oficial tomará una sola persona, alrededor de la cual gira todo. Pero el proceso del Frente Amplio por México también tiene varios “asegunes”.

A la par de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –que para darle la vuelta a la ley llaman por ahora “coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación”, cualquier cosa que eso pueda significar-, en Veracruz las “corcholatitas” que buscan suceder en la gubernatura a Cuitláhuac García también se mueven en el límite de la ilegalidad. Nada extraño, la costumbre del régimen. Aunque hasta hace poco parecía que no había más aspirantes que la secretaria de Energía Rocío Nahle y el diputado federal Sergio Gutiérrez, quien decidió “quemar sus naves” en estos días fue el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien de la noche a la mañana ha inundado las calles de un buen número de ciudades veracruzanas con propaganda. Simuladores al fin, Cisneros se promueve bajo el pretexto de la presentación de un libro hecho a su medida –acerca de la raíz afromestiza en Veracruz, misma que usurpa para promoverse políticamente-, en cuya propaganda lo que menos se lee es el nombre de la obra, que fue financiada con recursos públicos al haber sido publicada por la Editora de Gobierno, organismo que ¡oh sorpresa!, forma parte de la misma Secretaría de Gobierno. Esta “salida del huacal” ya le ha valido a Cisneros ataques e indirectas de sus mismos “compañeros” de gobierno y de partido, que no ven con buenos ojos que parezca que le disputa la candidatura a Rocío Nahle, cuyas aspiraciones penden de una refinería que, según ella, comenzará a operar y a producir gasolina dentro de una semana. Aunque la inauguraron hace más de un año.

El caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández es tan escandaloso, que ha escalado hasta la misma Presidencia de la República ante la ola de indignación que ha provocado en el ámbito jurídico del país por lo que, a todas luces, es un brutal abuso de poder del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Claro. Con el pequeño detalle de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió por enésima ocasión en defensa de las arbitrariedades que comente su “bendición” sin escrúpulo alguno y que, alineado con su propia estrategia a nivel federal, tiene como objetivo desbaratar la independencia judicial para someter a jueces, magistrados y ministros, como muy claramente sucede en la entidad que García Jiménez malgobierna. En dos ocasiones, la jueza Angélica Sánchez ha sido detenida de manera irregular, por no decir que francamente ilegal. La primera, tras acatar el amparo concedido a un presunto criminal –que obtuvo ese beneficio de la justicia federal gracias al pésimo trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la integración de la carpeta de investigación-, y durante la cual fue evidente que se trataba de una revancha, pues no tenían ni siquiera un caso firme en su contra. Por ello, los policías estatales le intentaron inventar delitos disparatados y hasta sembrar droga.