Héctor Yunes

El 20 de julio de 2020, en este mismo espacio, dije de manera contundente respecto de mi participación como senador de la República en la aprobación de la reforma energética de 2013: ¡Yo voté por la reforma energética… y lo volvería a hacer! Quienes votamos a favor de esa reforma lo hicimos con responsabilidad, conscientes de la necesidad de incluir a México en una nueva generación de energías limpias y baratas, con una competencia abierta a favor de los consumidores. No tuvimos que recurrir a discursos patrioteros sin fundamentos. La contra reforma eléctrica que propuso el Presidente López Obrador no es patriótica. Tampoco son patriotas quienes este domingo votaron por ella, por el contrario. Estar en contra de esta reforma es tratar de evitar el “error más grande de todo el sexenio”, como lo advirtió el primer secretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Urzúa.

​​Sobran razones para no ir a votar el próximo 10 de abril. La primera de ellas y tal vez la más importante, es que marcará el inicio de un autogolpe de Estado que el Presidente ha venido fraguando, paradójicamente, desde el mismo día en que ganó la elección presidencial. La consulta para la revocación de mandato no es algo tan superficial como lo han interpretado algunos críticos de López Obrador. No se trata de una megalomanía crónica que lo obliga a estar siempre en una boleta electoral; tampoco hablamos de un ejercicio costoso e inútil por lo anticipado del resultado, menos aún de un acto desesperado por la notoria caída en las encuestas y la aceptación de la gente. Eso pretenden hacernos creer.

Si usted, como cualquier mexicano interesado en la vida pública, desea conocer el contenido de los supuestos contratos que firmó México con las distintas farmacéuticas del mundo, las muertes por Covid-19, los convenios para la construcción de obras como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, los contratos de Pemex y la CFE, el proceso de venta del avión presidencial y hasta la razón por la que se liberó a Ovidio Guzmán, deberá esperar a que concluya este gobierno.

La desaparición de los organismos autónomos ha sido una tentación permanente para el Presidente López Obrador. No le gustan porque, al no ser parte de su gobierno, no están sujetos a su voluntad. Es la “arrogancia de sentirse libres” lo que enfada al Presidente. En la mayoría de los casos, estos organismos plantean límites al Poder Ejecutivo y establecen un sistema de pesos y contrapesos. Ninguno de ellos está adscrito ni subordinados a otro poder del Estado, aunque sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales. En realidad, los organismos autónomos no estorban al gobierno, le estorban al Presidente. La pretensión de desaparecerlos no es más que la búsqueda de un atajo hacia el sueño morenista de una presidencial imperial.

​​​El falso e inmoral ofrecimiento que ha hecho el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de “donar” la mitad de las prerrogativas de ese partido para la compra de la vacuna contra el Covid19 sólo vendría a confirmar que el gobierno de la 4T ya se gastó los más de 32 mil millones de pesos del dinero obtenido por la desaparición de los fideicomisos y que sería utilizado para tal fin. Las cuentas de Morena no le salen a Morena. Según el Presidente, el costo de la vacuna ha sido de cuatro dólares –unos 80 pesos al tipo de cambio-; aplicar hasta dos dosis de la vacuna a 128 millones de mexicanos tendría un costo de 20,489 millones de pesos, es decir, el gobierno aún tendría un remanente de más de 11 mil 500 mdp de los más de 32 mil millones que le quitó a los fideicomisos.

​​La decisión de postergar en la Cámara de Diputados la discusión sobre la reforma a la Ley del Banco de México aprobada por la mayoría morenista del Senado de la República el miércoles 9 de diciembre, sólo vino a confirmar el despropósito del Gobierno Federal de convertir al Banxico en la moderna lavadora “chaca-chaca” de dólares de la 4T. Esta reforma permitiría a los bancos y casas de cambio de nuestro país la compra libre e ilimitada de dólares, al mismo tiempo que obligaría al Banco de México a comprárselos. Sin embargo, también abriría la puerta a millones de dólares en efectivo que circulan en México y que provienen del tráfico de drogas u otras actividades ilegales.

En medio de su desvarío ante una pandemia que se desborda, el gobierno federal decidió el viernes pasado conceder a Veracruz la calificación de semáforo verde, lo que en teoría reconoce condiciones propicias para recuperar la normalidad, ya que se permite realizar todas las actividades, incluso el regreso a clases. Lo absurdo del caso es que se concedió esta distinción justo el día en que se quintuplicaron los casos de contagio (181) y aumentó el número de decesos respecto al día anterior (36). Hasta esa fecha, Veracruz registró un total acumulado de 40,184 personas infectadas –de los cuales han fallecido 5,843- con 10,287 casos sospechosos.

La legalización del consumo de la marihuana representará un gran negocio para el gobierno federal pero un verdadero problema para la salud y la seguridad pública de los mexicanos. En un país donde no hay recursos suficientes siquiera para garantizar el abasto de medicinas a niños con cáncer, hoy el cuatroteísmo se lanza a la aventura de legalizar la marihuana sin programas, presupuesto ni infraestructura para prevenir adicciones y atender a los miles de nuevos potenciales consumidores; a cambio, las arcas de la Secretaría de Hacienda ya se alistan para recibir cientos de millones de pesos en impuestos. Los grandes productores de la droga también.

El viernes pasado, durante la conmemoración del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el discurso del secretario de la Defensa Nacional, general Cresencio Sandoval, tuvo en todo momento un tono de reivindicación a su antecesor, el también general Salvador Cienfuegos, y de desagravio para las Fuerzas Armadas que ambos representan. Fue un mensaje a la tropa pero también al Jefe Máximo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República. “El camino que se recorre en la carrera militar es recto y no admite desviaciones de ningún tipo; cada uno con su correcto actuar se va formando su propio destino.

Conforme al mandato de la Constitución Política del Estado, ayer domingo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, hizo entrega de su Segundo Informe de Gobierno. El documento resulta ser un catálogo de muchas excusas y muy pocos resultados, que deberá ser analizado a la luz de la situación que prevalece en la entidad respecto a hace dos años y no del autoelogio y la complacencia.