Héctor Yunes

Los recientes episodios de violencia que vivimos en la región de Orizaba, los problemas para la atención de la población civil por la presencia de fenómenos meteorológicos –entre ellos, el colapso de la carretera costera del Golfo-, así como la crisis provocada por la falta de autonomía y transparencia del Poder Judicial, han puesto en evidencia la fragilidad institucional del estado. Por ello, en esta segunda entrega, me permito poner a consideración de los veracruzanos nuevas iniciativas y propuestas –a las que se irán incorporando las inquietudes y necesidades de más ciudadanos y organizaciones- que serán materia de trabajo del frente ciudadano que hemos propuestopara atender la agenda de un Veracruz en emergencia.Planteamos: 7. Poner en marcha un programa de activismo cívico urgente, para reducir drásticamente la comisión de delitos;hacer conciencia social de las consecuencias que implican para todos, las conductas criminales; y propiciar acuerdos vecinales y comunales para la promoción de los valores de convivencia, el respeto a la ley y la civilidad.

​​​Cuentan quienes asistieron al Palacio Nacional como invitados especiales al Cuarto Informe de Gobierno que en su camino al estrado donde habría de pronunciar su mensaje, el Presidente López Obrador dejó caer accidentalmente un manojo de hojas que contenía la esencia de sus palabras. Comparto los datos del extravío. Las grandes obras. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) no tiene vuelos internacionales y lo han convertido en la arena de lucha libre más cara del mundo. Dos Bocas ya costó más del doble del presupuesto inicial y es posible que el propio Presidente no vea un barril de gasolina ahí refinada en lo que queda de su gobierno. El Tren Maya sigue su paso devastador por la selva peninsular, sin que hasta ahora nadie sepa quien se benefició con la madera, producto de la tala criminal que han cometido.

​​La violencia que se vive en Coatzacoalcos no es nueva, pero nunca como ahora. Tampoco de trata de hechos aislados. Es la radiografía del terror que se vive en toda la región sur del estado, donde incluso autoridades municipales han sido ejecutadas o han denunciado ser víctimas de secuestro y extorsión por parte de la delincuencia. Nadie está a salvo. La quema este sábado de patrullas de la policía estatal con bombas molotov afuera de un taller mecánico en Coatzacoalcos, vino a recordar que las heridas por las masacres del bar “Caballo Blanco” en ese municipio y la palapa “Los Potros” en Minatitlán –en ambos eventos fueron ejecutadas 45 personas-, siguen abiertas. Estas masacres que conmocionaron al país entero siguen impunes. Luego de tres años, la autoridad no ha resuelto ninguno de los casos; algunos de los detenidos fueron liberados por falta de pruebas y las víctimas han sido ignoradas en su petición de justicia. Los responsables solo han recibido de la autoridad estatal perdón y olvido.

La decisión del Presidente López Obrador de exhibirse jugando un partido de béisbol, bromista y relajado, mientras la noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, daba la vuelta al mundo, no es más que una evocación de la escena que narra a Nerón tocando la lira mientras Roma se consume en llamas. “Al intentar dar los santos óleos a un hombre que acababa de ser baleado, un religioso recibió disparos del mismo atacante; el segundo cura llegó al lugar y fue muerto a tiros. Un tercer sacerdote no pudo impedir que se llevaran los cuerpos”. El relato es estremecedor. Es la crónica de un país bañado en sangre a causa de la violencia y la impunidad. “Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia», dijo el Santo Padre, el Papa Francisco, en respuesta a la tragedia vivida por los religiosos y un guía de turistas local. Tal vez el Papa no lo sepa con certeza, pero tiene razón. En México han sido asesinados más de 124 mil personas en lo que va del gobierno de Morena.

Desde su gestación, los tres elefantes blancos de la 4T -el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya- sufrieron de las peores malformaciones posibles: corrupción, ilegalidad, incapacidad, improvisación, arrogancia, desprecio por el medio ambiente y, sobre todo, la obstinación presidencial por proyectos absolutamente inviables en lo operativo y lo financiero. Hoy los tres elefantes blancos agonizan al igual que el régimen que los creó. En principio, el Felipe Ángeles no es un aeropuerto nuevo sino la remodelación de uno que ya existía. Hoy se cumplen siete semanas de su fastuosa inauguración y el AIFA no tiene vuelos ni usuarios; opera sólo con cuatro líneas comerciales. El aeropuerto no interesa a nadie: ni a las aerolíneas, sus pasajeros, bancos o casas de cambio, menos aún a los prestadores de servicios turísticos.

Las iniciativas de reforma que pretende impulsar el presidente López Obrador en materia electoral y para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), simplemente tampoco pasarán. No se trata de un rechazo sistemático a sus propuestas, sino que representan, al igual que la reforma eléctrica, un intento más de desmantelar al Estado para otorgarle más facultades al Presidente y a su gobierno. Estas nuevas iniciativas están inscritas en la misma lógica de la 4T: desconocer el sistema democrático y el fracaso de la política de seguridad. En este momento, como la ha dicho propio Cuauhtémoc Cárdenas, el país no requiere de una nueva reforma electoral. Y menos si el propósito es desaparecer al INE para convertir a López Obrador en el gran elector. Si el propósito es que las reglas del juego electoral funcionen, tendrían que permitir que los ciudadanos sepan de dónde viene el dinero que financia a los partidos y a los candidatos.

El 20 de julio de 2020, en este mismo espacio, dije de manera contundente respecto de mi participación como senador de la República en la aprobación de la reforma energética de 2013: ¡Yo voté por la reforma energética… y lo volvería a hacer! Quienes votamos a favor de esa reforma lo hicimos con responsabilidad, conscientes de la necesidad de incluir a México en una nueva generación de energías limpias y baratas, con una competencia abierta a favor de los consumidores. No tuvimos que recurrir a discursos patrioteros sin fundamentos. La contra reforma eléctrica que propuso el Presidente López Obrador no es patriótica. Tampoco son patriotas quienes este domingo votaron por ella, por el contrario. Estar en contra de esta reforma es tratar de evitar el “error más grande de todo el sexenio”, como lo advirtió el primer secretario de Hacienda de este gobierno, Carlos Urzúa.

​​Sobran razones para no ir a votar el próximo 10 de abril. La primera de ellas y tal vez la más importante, es que marcará el inicio de un autogolpe de Estado que el Presidente ha venido fraguando, paradójicamente, desde el mismo día en que ganó la elección presidencial. La consulta para la revocación de mandato no es algo tan superficial como lo han interpretado algunos críticos de López Obrador. No se trata de una megalomanía crónica que lo obliga a estar siempre en una boleta electoral; tampoco hablamos de un ejercicio costoso e inútil por lo anticipado del resultado, menos aún de un acto desesperado por la notoria caída en las encuestas y la aceptación de la gente. Eso pretenden hacernos creer.

Si usted, como cualquier mexicano interesado en la vida pública, desea conocer el contenido de los supuestos contratos que firmó México con las distintas farmacéuticas del mundo, las muertes por Covid-19, los convenios para la construcción de obras como el aeropuerto de Santa Lucía o el Tren Maya, los contratos de Pemex y la CFE, el proceso de venta del avión presidencial y hasta la razón por la que se liberó a Ovidio Guzmán, deberá esperar a que concluya este gobierno.

La desaparición de los organismos autónomos ha sido una tentación permanente para el Presidente López Obrador. No le gustan porque, al no ser parte de su gobierno, no están sujetos a su voluntad. Es la “arrogancia de sentirse libres” lo que enfada al Presidente. En la mayoría de los casos, estos organismos plantean límites al Poder Ejecutivo y establecen un sistema de pesos y contrapesos. Ninguno de ellos está adscrito ni subordinados a otro poder del Estado, aunque sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales. En realidad, los organismos autónomos no estorban al gobierno, le estorban al Presidente. La pretensión de desaparecerlos no es más que la búsqueda de un atajo hacia el sueño morenista de una presidencial imperial.