Héctor Yunes

​Movido por el resentimiento y la frustración, el Presidente ha respondido a cientos de miles de ciudadanos que se movilizaron en defensa del Instituto Nacional Electoral: “¡Quédense con el INE! ¡Les falta pueblo!”. López Obrador sabe que la batalla de la reforma electoral está perdida y hoy busca un plan B: hacer de lo que siempre se dijo víctima: el fraude electoral desde el poder. La marcha promovida y financiada por el Presidente y sus gobernadores no cumplió su objetivo: no alivió la inquina presidencial, no mostró músculo ni generó las condiciones para sacar adelante su reforma electoral en el Congreso. Le faltó pueblo. López Obrador ya no podrá cambiar el método para elegir a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF; tampoco reducir el número de diputados y senadores, ni quitar el presupuesto a los partidos. Las tres iniciativas eran claves para romper los contrapesos al Presidente.

La escena era verdaderamente dramática: adolescentes que no podían respirar, les dolía el pecho, vomitaban, se desmayaban. Empezaron a llorar y gritar, quedaron tirados en el piso y los pasillos, mientras maestros y padres de familia corrían presas del miedo y la incertidumbre. Salvo el Presidente y su gobierno, nadie en Bochil, en los Altos de Chiapas, olvidará la escena de pánico en la escuela Juana de Asbaje. Lo mismo sucedió en dos secundarias federales de Tapachula y el Colegio de Bachilleres de Tuxtla Gutiérrez. Sólo en Bochil, 72 estudiantes tuvieron que ser hospitalizados; una semana después, once de ellos seguían en el nosocomio; por fortuna, el caso más grave había salido del coma. ¿Qué intoxicó a 154 adolescentes, lo mismo de ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez que de un pequeño municipio rural? ¿Quién tuvo libre acceso a las escuelas, a la alimentación de los estudiantes y cómo lo distribuyó al interior de los centros escolares? ¿Qué pretendían los autores este crimen atroz? Lo más grave del caso es que las autoridades de salud y de procuración de justicia no tienen la más peregrina idea de lo que ahí sucedió.

​​En 2018, meses antes de la elección del candidato al Gobierno del estado en Veracruz, me reuní con un emisario muy cercano a quien manda en Morena. Me trasmitió su invitación para ser el abanderado de ese partido al cargo de Gobernador. Invitación que agradecí y decliné, a pesar de las extraordinarias posibilidades de triunfo. Decidí entonces apoyar la candidatura de Pepe Yunes. El encuentro se realizó en el restaurante VIPS, frente la antigua glorieta de Colón en la ciudad de México. Siempre he sido un opositor nato, real. Como diputado local, Coordinador del GPPRI y Presidente de la Jucopo, voté en contra de la bursatilización y también subí a tribuna a razonar mi voto en contra. Me opuse a la candidatura de Javier Duarte, con quien tuve desencuentros públicos y en privado, como la emblemática caña de pescar. Cuando se fugó, fui el único que le pidió públicamente que se entregara. Incontables veces –como diputado federal y ahora como ciudadano- me he opuesto a las ocurrencias de los gobiernos de Morena. También he sido propositivo, como cuando me entrevisté con el gobernador en su tercer día de su gobierno y le expresé mi disposición a colaborar en la solución de los problemas del estado. Y ahora, mediante un listado de 15 propuestas, donde sugiero la manera de resolver la tragedia a la que nos ha llevado la 4T.

Los recientes episodios de violencia que vivimos en la región de Orizaba, los problemas para la atención de la población civil por la presencia de fenómenos meteorológicos –entre ellos, el colapso de la carretera costera del Golfo-, así como la crisis provocada por la falta de autonomía y transparencia del Poder Judicial, han puesto en evidencia la fragilidad institucional del estado. Por ello, en esta segunda entrega, me permito poner a consideración de los veracruzanos nuevas iniciativas y propuestas –a las que se irán incorporando las inquietudes y necesidades de más ciudadanos y organizaciones- que serán materia de trabajo del frente ciudadano que hemos propuestopara atender la agenda de un Veracruz en emergencia.Planteamos: 7. Poner en marcha un programa de activismo cívico urgente, para reducir drásticamente la comisión de delitos;hacer conciencia social de las consecuencias que implican para todos, las conductas criminales; y propiciar acuerdos vecinales y comunales para la promoción de los valores de convivencia, el respeto a la ley y la civilidad.

​​​Cuentan quienes asistieron al Palacio Nacional como invitados especiales al Cuarto Informe de Gobierno que en su camino al estrado donde habría de pronunciar su mensaje, el Presidente López Obrador dejó caer accidentalmente un manojo de hojas que contenía la esencia de sus palabras. Comparto los datos del extravío. Las grandes obras. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles (AIFA) no tiene vuelos internacionales y lo han convertido en la arena de lucha libre más cara del mundo. Dos Bocas ya costó más del doble del presupuesto inicial y es posible que el propio Presidente no vea un barril de gasolina ahí refinada en lo que queda de su gobierno. El Tren Maya sigue su paso devastador por la selva peninsular, sin que hasta ahora nadie sepa quien se benefició con la madera, producto de la tala criminal que han cometido.

​​La violencia que se vive en Coatzacoalcos no es nueva, pero nunca como ahora. Tampoco de trata de hechos aislados. Es la radiografía del terror que se vive en toda la región sur del estado, donde incluso autoridades municipales han sido ejecutadas o han denunciado ser víctimas de secuestro y extorsión por parte de la delincuencia. Nadie está a salvo. La quema este sábado de patrullas de la policía estatal con bombas molotov afuera de un taller mecánico en Coatzacoalcos, vino a recordar que las heridas por las masacres del bar “Caballo Blanco” en ese municipio y la palapa “Los Potros” en Minatitlán –en ambos eventos fueron ejecutadas 45 personas-, siguen abiertas. Estas masacres que conmocionaron al país entero siguen impunes. Luego de tres años, la autoridad no ha resuelto ninguno de los casos; algunos de los detenidos fueron liberados por falta de pruebas y las víctimas han sido ignoradas en su petición de justicia. Los responsables solo han recibido de la autoridad estatal perdón y olvido.

La decisión del Presidente López Obrador de exhibirse jugando un partido de béisbol, bromista y relajado, mientras la noticia del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, daba la vuelta al mundo, no es más que una evocación de la escena que narra a Nerón tocando la lira mientras Roma se consume en llamas. “Al intentar dar los santos óleos a un hombre que acababa de ser baleado, un religioso recibió disparos del mismo atacante; el segundo cura llegó al lugar y fue muerto a tiros. Un tercer sacerdote no pudo impedir que se llevaran los cuerpos”. El relato es estremecedor. Es la crónica de un país bañado en sangre a causa de la violencia y la impunidad. “Hay tantos asesinatos en México. Estoy cerca, en afecto y oración, de la comunidad católica afectada por esta tragedia», dijo el Santo Padre, el Papa Francisco, en respuesta a la tragedia vivida por los religiosos y un guía de turistas local. Tal vez el Papa no lo sepa con certeza, pero tiene razón. En México han sido asesinados más de 124 mil personas en lo que va del gobierno de Morena.

Desde su gestación, los tres elefantes blancos de la 4T -el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya- sufrieron de las peores malformaciones posibles: corrupción, ilegalidad, incapacidad, improvisación, arrogancia, desprecio por el medio ambiente y, sobre todo, la obstinación presidencial por proyectos absolutamente inviables en lo operativo y lo financiero. Hoy los tres elefantes blancos agonizan al igual que el régimen que los creó. En principio, el Felipe Ángeles no es un aeropuerto nuevo sino la remodelación de uno que ya existía. Hoy se cumplen siete semanas de su fastuosa inauguración y el AIFA no tiene vuelos ni usuarios; opera sólo con cuatro líneas comerciales. El aeropuerto no interesa a nadie: ni a las aerolíneas, sus pasajeros, bancos o casas de cambio, menos aún a los prestadores de servicios turísticos.

Las iniciativas de reforma que pretende impulsar el presidente López Obrador en materia electoral y para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), simplemente tampoco pasarán. No se trata de un rechazo sistemático a sus propuestas, sino que representan, al igual que la reforma eléctrica, un intento más de desmantelar al Estado para otorgarle más facultades al Presidente y a su gobierno. Estas nuevas iniciativas están inscritas en la misma lógica de la 4T: desconocer el sistema democrático y el fracaso de la política de seguridad. En este momento, como la ha dicho propio Cuauhtémoc Cárdenas, el país no requiere de una nueva reforma electoral. Y menos si el propósito es desaparecer al INE para convertir a López Obrador en el gran elector. Si el propósito es que las reglas del juego electoral funcionen, tendrían que permitir que los ciudadanos sepan de dónde viene el dinero que financia a los partidos y a los candidatos.