Héctor Yunes

​​​La confirmación del triunfo electoral de Joe Biden –el Presidente número 46 de los Estados Unidos- fue una buena noticia para México y una pésima para el Presidente López Obrador, quien desde un inicio apostó todo su capital político a favor de la candidatura de Donald Trump. No se hablará más del muro fronterizo como un tema de discriminación y supremacía racial; no habrá más niños recluidos en jaulas y separados de sus padres migrantes –545 pequeños no se han podido reunir con sus progenitores-; se extingue el riesgo de la desaparición del DACA, el programa de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños..

Contrario a la impresión que intenta imponer el gobierno federal, el debate sobre un nuevo federalismo y una nueva coordinación fiscal no es nuevo; no se trata de una súbita insurgencia de los gobernadores en contra del Presidente, sino de la necesidad de ajustar un modelo de organización política y fiscal a las necesidades de los gobiernos estatales y sus municipios. En el caso de Veracruz, es urgente que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se sume a la exigencia de un federalismo que favorezca la inversión y el desarrollo de nuestro estado; conformarnos sólo con los programas sociales que “generosamente” envía el gobierno federal..

Como desde el día de su detención en el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, las preguntas siguen siendo las mismas: ¿acaso el Departamento de Defensa de Estados Unidos habría otorgado al General Salvador Cienfuegos Zepeda la condecoración “Legión al Mérito”, en el grado de comandante, si hubiera tenido el menor indicio de lo que hoy se le acusa? ¿Habría hecho el General un viaje de turismo a ese país si tuviera la responsabilidad de vínculos inconfesables con delincuentes?

El súbito surgimiento de un nuevo cártel criminal dedicado únicamente al robo de equipo y medicinas al gobierno federal –hasta ahora ninguna empresa del ramo ha denunciado algo parecido- es el corolario de dos largos años de un desabasto criminal de medicamentos en todo el país, bajo la excusa de una corrupción nunca demostrada y el boicot de algunas farmacéuticas. La realidad es otra.

Por más de una década he acompañado la lucha social por obtener mejores tarifas de energía eléctrica para Veracruz. No se trata de una demanda de privilegios como sucedió en Tabasco -donde el Presidente condonó una deuda de 11 mil millones de pesos a sus paisanos-, sino de alcanzar equidad en el trato que reciben otros estados del país con climas similares.

Desde la revolución mexicana -el movimiento agrario más importante en la historia de México- no se había vivido un proceso de empobrecimiento y abandono del campo mexicano como el que hoy ha impuesto el gobierno de López Obrador. Otra vez, a la sombra del prejuicio de una corrupción que ni comprueba ni castiga, el mandatario ha decidido cancelar programas en todos los sectores productivos.

Una de las promesas de campaña del Presidente López Obrador fue la desaparición del fuero constitucional que protege al titular de Poder Ejecutivo federal. Sin embargo, la iniciativa que envió al Congreso –y que fue aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles pasado-, sólo amplía el catálogo de los delitos por los que puede ser juzgado. Por tanto, ¡el Presidente de la Republica sigue teniendo fuero!