Héctor Yunes

Tal y como se esperaba, los Diálogos para la Reforma del Poder Judicial se han convertido en un monólogo que busca legitimar una decisión que ya se tomó en las penumbras del Palacio Nacional. La solución no es decapitar al Poder Judicial. Eso sólo beneficiará a un presidencialismo autoritario y perverso. ¿Quitar a los jueces y elegirlos por voto popular arreglará el precario sistema de justicia? No. Como lo dijo la presidenta de la SCJN, Norma Piña, la justicia no es exclusiva del Poder Judicial. El problema también son las Fiscalías de los estados y la Federación. La impunidad germina en los delitos que no se denuncian, la corrupción inducida en las fuerzas de seguridad y la politización de la justicia y sus instituciones. ¿De qué estamos hablando? En México de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos denunciados, sólo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea castigado en nuestro país es tan sólo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.

El fatal recuento de daños a causa del brutal desalojo de manifestantes en la comunidad de Totalco es contundente: dos personas fallecidas, ningún responsable detenido y una comunidad en llamas. La muerte de los hermanos Jorge y Alberto, quienes fueron asesinados por policías entre campos de cultivos cuando intentaban huir en tractor de la agresión de las fuerzas estatales, no ha merecido una sola mención del gobernador. Este fin de semana, durante su funeral, la crónica de los testigos dio dimensión a la atroz agresión: “Llegaron como sicarios; llegaron a matar» decían habitantes de San Antonio Limón Totalco, tras referirse a elementos de Seguridad Pública (SSP) que a tiros intentaron retirar un bloqueo de la carretera a Puebla, cuando sólo exigían el abasto de agua. «Hubo agentes de la Guardia Nacional que llegaron para dialogar y se daba paso a automovilistas de forma paulatina, pero de pronto llegaron los de la Fuerza Civil para agredir violentamente; preventivos arrojaron gas lacrimógeno y comenzaron a disparar”. Los policías intentaron recuperar los cuerpos en las propias viviendas de las familias para “borrar la evidencia”, relatan.

Lo pregunto con absoluta seriedad: ¿usted aceptaría ir al quirófano a realizarse una operación delicada en manos de un médico cirujano elegido por el pueblo y no por su conocimiento y capacidad? Bueno, pues eso es lo que está por suceder en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, en caso de que la sumisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum permita al Maximato lopezobradorista imponer a los juzgadores por el voto popular y no por su conocimiento de las leyes y el derecho. No son temas menores. Si en el primer caso hablamos de la salud, en el segundo, de la justicia y libertad, todos derechos humanos fundamentales. Recupero una extraordinaria reflexión del maestro Ignacio Morales Lechuga, a mi juicio el mejor abogado que tiene este país: “Para convertirse en Juez de Distrito, los aspirantes deben aprobar un examen de 4 horas sobre Amparo, Derecho penal, Proceso penal, Justicia para Adolescentes y otros temas relacionados. A continuación, deben examinar dos casos y analizar una audiencia para responder a preguntas abiertas ante un sínodo sin apoyo de la legislación.

Agradezco a mi partido, el Revolucionario Institucional, y en lo particular a mi presidente nacional, Alejandro Moreno, la oportunidad de encabezar la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal para, nuevamente, formar parte del Congreso del Estado de Veracruz. El rescate de Veracruz también requiere de una profunda transformación del trabajo legislativo. La nueva gobernabilidad de Veracruz debe surgir de la observancia y el respeto a las leyes, además de realizar reformas que garanticen la división de poderes en favor de los ciudadanos. Por ello, pondré todo mi empeño, mi capacidad y experiencia parlamentaria al servicio de Veracruz y de los veracruzanos.

En las próximas semanas, Veracruz podría estar muriendo de sed. Algunos municipios del norte del estado ya presentan una sequía “excepcional”, la escala más crítica dentro de los parámetros del Sistema Meteorológico Nacional. Estamos en la víspera de lo que podría ser el año más seco en la historia de Veracruz. El problema es gravísimo. No sólo tendríamos una disminución muy importante en el abasto para el consumo humano –la que utilizamos todos los días en nuestras casas, la que ocupan los comercios, establecimientos y la industria-, sino que habría menos alimentos como consecuencia de la pérdida de cultivos y de ganado. Cuando todavía no concluye el invierno, Veracruz está que arde. El monitor de sequía destaca que el 50.5 por ciento, es decir, 107 de los 212 municipios en Veracruz ya presenta un grado de sequía. Se trata de 33 municipios más, de acuerdo con el último corte del 29 de febrero, cuando apenas se tenían 74 municipios. Este año, la ciudad de Xalapa superó el récord histórico para un mes de enero con una temperatura de 31.0°C. La surada del viernes pasado nos dejó una temperatura de 34.5 grados. La temperatura más alta registrada es de 39.5 grados Celsius, que data del 9 de mayo de 1998.

El fin de año nos trajo noticias contradictorias. Por un lado, ayer concluyó el año que marcó al gobierno más violento de toda la historia del país; por el otro, hoy inicia el año en que los mexicanos habremos de elegir al nuevo Presidente de México y poner un alto al delirio de un presidencialismo imperial. El presidente López Obrador pasará a la historia como el sexenio más sanguinario, luego de que en su administración se rompió el récord de muertes violentas para una sola administración con más de 175 mil decesos, es decir, una cifra superior en más de 50 mil respecto al gobierno anterior. Y todavía falta el último año…La tragedia que hoy vive México no fue a causa de la herencia recibida, sino de una estrategia de “abrazos y no balazos” que significó una patente de corso a la delincuencia organizada. Esta violencia cobró, como nunca antes, la vida de jóvenes y mujeres. Durante la presente administración se han registrado al menos 61 masacres donde las principales víctimas han sido jóvenes y adolescentes, quienes, en lugar de recibir justicia, han sido señalados por el gobierno de ser responsable de su propia muerte.

El hallazgo de los restos de cinco personas –entre ellas dos mujeres y un pequeño de apenas tres años- en la comunidad de El Castillo, en Xalapa, nos volvió de golpe a nuestra realidad: Veracruz sigue siendo la fosa común más grande del país que se alimenta a diario con víctimas cuyos restos esperan ser recuperados. El primer día de su fallida administración, Cuitláhuac García emitió una Declaratoria por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas para visibilizar el número de víctimas en el estado durante los últimos años. Nunca más se volvió a ocupar de ellos. Cinco años después, su gobierno registra el mayor número de persona desaparecidas que cualquier anterior. Las familias siguen sufriendo el peor de los dolores: la incertidumbre de no saber dónde y en qué circunstancias desaparecieron sus hijos, dónde están sus hermanos o sus esposos. La jornada de las familias se ha convertido en un ritual de dolor donde han perdido la esperanza de buscar a las personas y se plantean como único objetivo de vida localizar sus restos.

En Veracruz, la posibilidad de que un secuestrador vaya a la cárcel no existe. De cada mil homicidios, sólo dos serán castigados y que un feminicida pague por su crimen será un verdadero milagro. Son las cifras del horror que vivimos hoy en nuestro estado. Durante el año pasado, el delito de secuestro registró una impunidad del ¡100 por ciento!, es decir, ningún secuestrador terminó en la cárcel. Los homicidios dolosos presentan un porcentaje de impunidad de 99.8 por ciento, superior al promedio nacional del 95.7 por ciento; y en feminicidio, el porcentaje de impunidad es del 98.8 por ciento. Delitos como la desaparición también muestran niveles de impunidad altos con el 98.7 por ciento, una mayor cifra que el promedio nacional que es de 96.5 por ciento. Para los delincuentes, Veracruz resulta ser un paraíso. La Evaluación de la Justicia Penal en México, elaborada por la organización México Evalúa en 2022, muestra con absoluta crudeza la violencia e impunidad que se ha impuesto en el estado, consecuencia de un gobierno corrupto, una Fiscalía ineficiente y la complicidad con los grupos de la delincuencia organizada, que ellos mismos reconocen que operan en el estado.

​ En menos de un año, México tendrá un nuevo Presidente. Por ello, la última obsesión de López Obrador es mutilar al Poder Judicial mediante el recorte de más de 15 mil millones de pesos a su presupuesto y el desvarío de una reforma para elegir a jueces y ministros mediante el voto popular. Ambas iniciativas desnudan el espíritu autoritario de la 4T. El Presidente y quien aspira a sucederlo en el cargo, desean a un Poder Judicial -la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal- acotado y sometido, al tiempo de poner la justicia en manos de sus militantes y no de especialistas en Derecho. La politización de la justicia sería una herencia perversa del gobierno de López Obrador. La austeridad selectiva en contra del Poder Judicial provocará el rompimiento del Estado de Derecho. Primero. Mientras estados como Veracruz sub ejercen más de diez mil millones de pesos en lo que va de la administración de Cuitláhuac García, el Presidente ha ordenado a su bancada en el Congreso federal tomar venganza del Poder Judicial y desaparecer 13 de los 14 fideicomisos para financiar el gasto del gobierno.

En un año exactamente, los mexicanos y los veracruzanos tendremos un nuevo Presidente de México y al nuevo Gobernador de Veracruz. Si bien ambos tomarán posesión meses después, la suerte de generaciones de mexicanos estará echada. En un año terminará la pesadilla llamada Morena. Pero antes de eso, México vivirá un escenario sumamente complejo, con una crisis de fin de sexenio no vista desde hace 30 años. La historia y los tribunales conocerán de los agravios, la corrupción y los delitos cometidos por un morenismo voraz y revanchista que prometió ayudar a los pobres y que sólo lucró con ellos. Tanto el Presidente de México como el Gobernador de Veracruz saben que sus gobiernos, son gobiernos fallidos. Que son los gobiernos más corruptos y violentos. Los abrazos y no balazos no fue una estrategia de seguridad. Fue un cheque en blanco a la impunidad de la delincuencia organizada. Por eso los delincuentes suelen “portarse muy bien” en las elecciones, como lo ha dicho cínicamente López Obrador.