Héctor Yunes

En su primer día de gobierno, Claudia Sheinbaum solicitó un crédito por 18.6 mil millones de dólares para enfrentar el desastre económico que dejó López Obrador. Terminó el AMLOfest, empieza la cruda de Claudia. Hoy las arcas están vacías.
Según el gobierno federal, esta cantidad –equivalente a tres veces el presupuesto anual de Veracruz e, incluso, superior en 2 mil millones a la construcción de Dos Bocas- será destinada enfrentar el déficit fiscal e inyectar más dinero a Pemex, la paraestatal que decían ya habían salvado.
Es decir, el endeudamiento no será para construir hospitales, carreteras, escuelas, garantizar vacunas o mejorar la seguridad. Es deuda para pagar más deuda.
En agosto de 2023 anticipé en este mismo espacio la tormenta que se avecina. La crisis del sexenio y el colapso que golpeará a los mexicanos más pobres. Y puse como ejemplo precisamente estos dos asuntos: Pemex y el déficit fiscal.

Al más puro estilo “amlesco”, Claudia Sheinbaum dice que no habrá militarización de la seguridad pública porque esta dependerá de la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, es decir, de ella como presidenta de la República.
En esa sinrazón, entonces ni el Ejército es militar, porque su Comandante Supremo es AMLO y a partir de octubre lo será Claudia Sheinbaum, ambos mandos civiles.
Con la aprobación de la reforma constitucional que desaparece a la Guardia Nacional (GN) como una institución supuestamente de carácter civil, para convertirla en un apéndice de la Sedena, nuestro país transita de manera vertiginosa hacia la militarización de la seguridad pública.
Esta militarización podemos contarla, como todo buen vodevil, en tres actos.
Primer acto. Los militares deben regresar a los cuarteles, vociferaba el candidato.
En febrero de 2012, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, se comprometió, como tantas veces, a regresar al Ejército a sus cuarteles en 6 meses si ganaba la elección de ese año.

A la luz de las nuevas pruebas que hemos aportado a los tribunales electorales, estamos convencidos de que la nulidad abstracta es procedente y se deben realizar nuevas elecciones a Gobernador en Veracruz. Los millones de veracruzanos que no están de acuerdo con el gobierno de Morena no deben sentirse solos. Vamos a agotar todos los recursos para anular la elección del pasado 2 de junio. En caso de no prosperar nuestra impugnación, vamos a promover desde el primer día del gobierno ilegítimo de Rocío Nahle, la figura de la revocación de mandato, De esta forma, si se convalida el fraude electoral, la actual gobernadora electa podría convertirse en la primera mandataria estatal en someterse a la revocación de mandato y concluir de manera anticipada, por voluntad de los veracruzanos, un gobierno surgido de una elección de Estado. En mayo de 2020, la mayoría de Morena en el Congreso local aprobó una reforma constitucional que intentaba salvar el pellejo del gobernador Cuitláhuac García al excluir de manera deliberada y tramposa, la figura de revocación de mandato.

Tal y como se esperaba, los Diálogos para la Reforma del Poder Judicial se han convertido en un monólogo que busca legitimar una decisión que ya se tomó en las penumbras del Palacio Nacional. La solución no es decapitar al Poder Judicial. Eso sólo beneficiará a un presidencialismo autoritario y perverso. ¿Quitar a los jueces y elegirlos por voto popular arreglará el precario sistema de justicia? No. Como lo dijo la presidenta de la SCJN, Norma Piña, la justicia no es exclusiva del Poder Judicial. El problema también son las Fiscalías de los estados y la Federación. La impunidad germina en los delitos que no se denuncian, la corrupción inducida en las fuerzas de seguridad y la politización de la justicia y sus instituciones. ¿De qué estamos hablando? En México de cada 100 delitos que se cometen, sólo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos denunciados, sólo 14 se resuelven. Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea castigado en nuestro país es tan sólo de 0.9%. De este tamaño es la impunidad en México.

El fatal recuento de daños a causa del brutal desalojo de manifestantes en la comunidad de Totalco es contundente: dos personas fallecidas, ningún responsable detenido y una comunidad en llamas. La muerte de los hermanos Jorge y Alberto, quienes fueron asesinados por policías entre campos de cultivos cuando intentaban huir en tractor de la agresión de las fuerzas estatales, no ha merecido una sola mención del gobernador. Este fin de semana, durante su funeral, la crónica de los testigos dio dimensión a la atroz agresión: “Llegaron como sicarios; llegaron a matar» decían habitantes de San Antonio Limón Totalco, tras referirse a elementos de Seguridad Pública (SSP) que a tiros intentaron retirar un bloqueo de la carretera a Puebla, cuando sólo exigían el abasto de agua. «Hubo agentes de la Guardia Nacional que llegaron para dialogar y se daba paso a automovilistas de forma paulatina, pero de pronto llegaron los de la Fuerza Civil para agredir violentamente; preventivos arrojaron gas lacrimógeno y comenzaron a disparar”. Los policías intentaron recuperar los cuerpos en las propias viviendas de las familias para “borrar la evidencia”, relatan.

Lo pregunto con absoluta seriedad: ¿usted aceptaría ir al quirófano a realizarse una operación delicada en manos de un médico cirujano elegido por el pueblo y no por su conocimiento y capacidad? Bueno, pues eso es lo que está por suceder en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, en caso de que la sumisión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum permita al Maximato lopezobradorista imponer a los juzgadores por el voto popular y no por su conocimiento de las leyes y el derecho. No son temas menores. Si en el primer caso hablamos de la salud, en el segundo, de la justicia y libertad, todos derechos humanos fundamentales. Recupero una extraordinaria reflexión del maestro Ignacio Morales Lechuga, a mi juicio el mejor abogado que tiene este país: “Para convertirse en Juez de Distrito, los aspirantes deben aprobar un examen de 4 horas sobre Amparo, Derecho penal, Proceso penal, Justicia para Adolescentes y otros temas relacionados. A continuación, deben examinar dos casos y analizar una audiencia para responder a preguntas abiertas ante un sínodo sin apoyo de la legislación.