Héctor Yunes

El fin de año nos trajo noticias contradictorias. Por un lado, ayer concluyó el año que marcó al gobierno más violento de toda la historia del país; por el otro, hoy inicia el año en que los mexicanos habremos de elegir al nuevo Presidente de México y poner un alto al delirio de un presidencialismo imperial. El presidente López Obrador pasará a la historia como el sexenio más sanguinario, luego de que en su administración se rompió el récord de muertes violentas para una sola administración con más de 175 mil decesos, es decir, una cifra superior en más de 50 mil respecto al gobierno anterior. Y todavía falta el último año…La tragedia que hoy vive México no fue a causa de la herencia recibida, sino de una estrategia de “abrazos y no balazos” que significó una patente de corso a la delincuencia organizada. Esta violencia cobró, como nunca antes, la vida de jóvenes y mujeres. Durante la presente administración se han registrado al menos 61 masacres donde las principales víctimas han sido jóvenes y adolescentes, quienes, en lugar de recibir justicia, han sido señalados por el gobierno de ser responsable de su propia muerte.

El hallazgo de los restos de cinco personas –entre ellas dos mujeres y un pequeño de apenas tres años- en la comunidad de El Castillo, en Xalapa, nos volvió de golpe a nuestra realidad: Veracruz sigue siendo la fosa común más grande del país que se alimenta a diario con víctimas cuyos restos esperan ser recuperados. El primer día de su fallida administración, Cuitláhuac García emitió una Declaratoria por Crisis de Violaciones de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas para visibilizar el número de víctimas en el estado durante los últimos años. Nunca más se volvió a ocupar de ellos. Cinco años después, su gobierno registra el mayor número de persona desaparecidas que cualquier anterior. Las familias siguen sufriendo el peor de los dolores: la incertidumbre de no saber dónde y en qué circunstancias desaparecieron sus hijos, dónde están sus hermanos o sus esposos. La jornada de las familias se ha convertido en un ritual de dolor donde han perdido la esperanza de buscar a las personas y se plantean como único objetivo de vida localizar sus restos.

En Veracruz, la posibilidad de que un secuestrador vaya a la cárcel no existe. De cada mil homicidios, sólo dos serán castigados y que un feminicida pague por su crimen será un verdadero milagro. Son las cifras del horror que vivimos hoy en nuestro estado. Durante el año pasado, el delito de secuestro registró una impunidad del ¡100 por ciento!, es decir, ningún secuestrador terminó en la cárcel. Los homicidios dolosos presentan un porcentaje de impunidad de 99.8 por ciento, superior al promedio nacional del 95.7 por ciento; y en feminicidio, el porcentaje de impunidad es del 98.8 por ciento. Delitos como la desaparición también muestran niveles de impunidad altos con el 98.7 por ciento, una mayor cifra que el promedio nacional que es de 96.5 por ciento. Para los delincuentes, Veracruz resulta ser un paraíso. La Evaluación de la Justicia Penal en México, elaborada por la organización México Evalúa en 2022, muestra con absoluta crudeza la violencia e impunidad que se ha impuesto en el estado, consecuencia de un gobierno corrupto, una Fiscalía ineficiente y la complicidad con los grupos de la delincuencia organizada, que ellos mismos reconocen que operan en el estado.

​ En menos de un año, México tendrá un nuevo Presidente. Por ello, la última obsesión de López Obrador es mutilar al Poder Judicial mediante el recorte de más de 15 mil millones de pesos a su presupuesto y el desvarío de una reforma para elegir a jueces y ministros mediante el voto popular. Ambas iniciativas desnudan el espíritu autoritario de la 4T. El Presidente y quien aspira a sucederlo en el cargo, desean a un Poder Judicial -la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal- acotado y sometido, al tiempo de poner la justicia en manos de sus militantes y no de especialistas en Derecho. La politización de la justicia sería una herencia perversa del gobierno de López Obrador. La austeridad selectiva en contra del Poder Judicial provocará el rompimiento del Estado de Derecho. Primero. Mientras estados como Veracruz sub ejercen más de diez mil millones de pesos en lo que va de la administración de Cuitláhuac García, el Presidente ha ordenado a su bancada en el Congreso federal tomar venganza del Poder Judicial y desaparecer 13 de los 14 fideicomisos para financiar el gasto del gobierno.

En un año exactamente, los mexicanos y los veracruzanos tendremos un nuevo Presidente de México y al nuevo Gobernador de Veracruz. Si bien ambos tomarán posesión meses después, la suerte de generaciones de mexicanos estará echada. En un año terminará la pesadilla llamada Morena. Pero antes de eso, México vivirá un escenario sumamente complejo, con una crisis de fin de sexenio no vista desde hace 30 años. La historia y los tribunales conocerán de los agravios, la corrupción y los delitos cometidos por un morenismo voraz y revanchista que prometió ayudar a los pobres y que sólo lucró con ellos. Tanto el Presidente de México como el Gobernador de Veracruz saben que sus gobiernos, son gobiernos fallidos. Que son los gobiernos más corruptos y violentos. Los abrazos y no balazos no fue una estrategia de seguridad. Fue un cheque en blanco a la impunidad de la delincuencia organizada. Por eso los delincuentes suelen “portarse muy bien” en las elecciones, como lo ha dicho cínicamente López Obrador.

El homicidio de seis personas en dos ataques diferentes en los municipios de Tuxpan y Tecolutla el viernes pasado, confirman que la realidad que vive el estado es muy distinta al mundo maravilloso que se observa desde el cristal del Palacio de Gobierno. Veracruz está mucho peor de lo que imaginábamos. Este fin de semana cumplí los primeros tres meses de mi recorrido por la entidad. He visitado 42 municipios, de Pánuco a Coatzacoalcos, desde la huasteca hasta los llanos del Sotavento, pasando por la serranía de Otontepec, Papantla, Misantla y Zongolica. He tenido la oportunidad de sostener más de 200 reuniones con veracruzanos que nos representan a todos: líderes sociales muy reconocidos, vecinos y colonos, colectivos de personas desaparecidas, locatarios de mercados, comerciantes y empresarios, rectores de universidades, académicos, estudiantes, líderes religiosos, actores políticos, exrepresentantes populares, sindicatos y, por supuesto, algunos de los medios de comunicación más influyentes de Veracruz.

El miércoles 22 de marzo, mediante memorándum No. HRXDLFN/SERVICIO CIRUGÍA GENERAL 57/2023, el doctor Melito Lozano Morales, Jefe del Servicio General del Hospital Luis F. Nachón de Xalapa, informó a la Subdirectora del Hospital, doctora Reina Uscanga Uscanga, que a partir de esa fecha “se suspenden las cirugías programadas y la consulta externa de la especialidad” en ese nosocomio. En el mismo documento, el doctor Lozano reconoce que no se trata de una emergencia, sino que “obedece a la situación actual del servicio de anestesiología que usted ampliamente conoce”. Por tanto, no se trató de un rumor. No es información falsa como ha dicho cínicamente el gobernador del estado, ni se trata de una confusión, como intentó justificar de manera vergonzosa el secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales. Es información oficial emitida por las propias autoridades del hospital. La medida emergente que tenía un carácter “indefinido”, tuvo que ser resuelta casi de inmediato, ante el escándalo nacional por una decisión negligente que podría haber costado la vida a decenas de personas que llevan meses esperando ingresar al quirófano.

Durante dos décadas, desde que gobernó la ciudad de México hasta llegar a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, su familia y colaboradores más cercanos se financiaron a través de una amplia red de recaudación de dinero en efectivo para no dejar rastros. Desde entonces, miles de millones de pesos en efectivo han pasado por los bolsillos del Presidente y su corte real. Es la monarquía del cash. El Rey del Cash –título del libro de la periodista Elena Chávez donde se revela el modus operandi que han utilizado durante más de 20 años para “financiar el movimiento”- sumó a su perniciosa realeza a toda clase de personajes, el último de ellos, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. En Veracruz también tenemos a Cuitláhuac García, el príncipe del cash, en cuyo gobierno florecen las empresas fantasmas. Hace unos días se reveló que una modesta empleada eventual de la SEV recibió 33 contratos por más de 100 millones de pesos; de hecho, en Veracruz 99 de cada 100 contratos se hacen por asignación directa a amigos, socios y cómplices.

El plagio de una tesis de licenciatura cometido hace 35 años por la Ministro Yasmín Esquivel Mossa ha desatado la peor crisis institucional que hayan tenido que enfrentar la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El acto de corrupción de la Ministro Esquivel resulta apenas el síntoma de una enfermedad que ha hecho metástasis: la corrupción al interior de la Corte respecto de los perfiles de algunos de sus integrantes -coincidentemente a propuesta de la 4T- y el plagio académico al interior de la UNAM. Por tratarse de dos de las instituciones más importantes del país, estamos ante una crisis de Estado. Tanto la SCJN como la UNAM están obligadas a iniciar una profunda investigación sobre estas prácticas para intentar rescatar algo del prestigio perdido con el ‘tesisgate’ de la Ministro Esquivel. ¿Quién podrá confiar en el futuro en una resolución emitida por una Corte presidida por quien hizo trampa para titularse? ¿Cuántos, a partir de esta triquiñuela de Esquivel, dudarán de la legitimidad del título de un egresado de la UNAM? Ambas instituciones están ante una encrucijada.

Durante el gobierno de López Obrador han sido asesinados en México un total de 63 periodistas. Tal vez el más mediático fue precisamente el que no se consumó, el de Ciro Gómez Leyva, identificado por el propio Presidente como uno de sus más acérrimos adversarios. La agresión que sufrió el periodista a unos metros de su casa la noche del jueves no es un hecho aislado; tampoco una casualidad. Se dio precisamente durante la primera quincena del mes de diciembre, la más violenta del año. Además, sucede casi al terminar el 2022, en lo que ya es el año más mortífero para periodistas en las últimas tres décadas. Tan sólo en el año que está por concluir han sido ejecutados 15 periodistas. Por mucho, México es el país donde más homicidios de comunicadores se han registrado – incluso el doble de los ocurridos en Ucrania-, según la organización Reporteros Sin Fronteras. El gobierno no mata periodistas, han dicho una vez ante la duda creciente sobre la autoría intelectual de las agresiones. En todo caso, si el gobierno no los mata, tampoco hace nada para protegerlos; por el contrario, ha creado todas las condiciones –polarización, descalificación, omisión, impunidad- para que esto suceda con mayor frecuencia.