Héctor Yunes

México y los mexicanos tenemos una tarea tan sencilla como titánica: reconstruir un nuevo pacto federal para alcanzar una verdadera paz social, de la misma forma en que lo propuso don Jesús Reyes Heroles con la reforma política de 1977.

A diferencia del pasado, el principal opositor a este cambio es precisamente un gobierno presidencial autoritario y hegemónico que buscan mantenerse en el poder a partir de la desaparición de las instituciones y no de su fortalecimiento.

Estas son sólo algunas de las conclusiones que nos ha ofrecido mi muy querido maestro Ignacio Morales Lechuga, durante la sesión inaugural de la cátedra Jesús Reyes Heroles, que imparte la Universidad IVES de Xalapa y que la coyuntura política del país y en Veracruz nos obligan a compartir.

¿Por qué se insiste en el planteamiento de que México ha retrocedido 50 años con los gobiernos de Morena?

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, no puede reelegirse al menos por tres razones.
En principio, no cuenta con la capacidad ni el perfil académico, por lo que ha tirado por la borda el prestigio y la calidad en la enseñanza de nuestra universidad; ha entregado la autonomía a los intereses políticos del gobierno en turno; y lo más grave, al no cumplir con los requisitos que exige la ley, pretende cometer un atraco.
El primer caso es lamentable. La calidad académica de la Universidad está en caída libre. Durante el gris rectorado de Martín Aguilar Sánchez, la UV se desplomó en el ranking de las mejores universidades e instituciones de educación superior de América Latina.
No sólo ha salido del top ten a nivel nacional, sino que a nivel Latinoamérica también hemos salido del grupo de las 100 mejores universidades, posiciones de privilegio que se alcanzaron durante los rectorados de Víctor Arredondo, Raúl Arias y Sara Ladrón de Guevara.

El jueves pasado, en el Congreso del Estado hubo ‘humo blanco’ sobre la creación del nuevo grupo parlamentario “Veracruz nos une”, que estará integrado por las diputadas Monserrat Ortega Ruiz (PAN), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y el autor de esta entrega, Héctor Yunes Landa (PRI).
Con más de 20 años de experiencia legislativa de sus integrantes, compartimos el compromiso de ser el mejor grupo parlamentario en el Congreso y representar la verdadera oposición, gracias a la capacidad, la experiencia y el carácter de dos mujeres extraordinarias que saben levantar la voz.
En el caso de Monserrat Ortega, es una mujer con un gran sentido de la responsabilidad social. Su desempeño como diputada local en la LXV Legislatura la convirtió en una de las legisladoras más productivas en temas relacionados con la defensa de los derechos de la mujer y la familia.
Monserrat es una abogada y activista que conoce profundamente los problemas del estado y goza de un gran prestigio por su trayectoria política, por lo que actualmente es Consejera Nacional del PAN. Además, ha sido oficial del registro Civil de Xalapa.

Tal y como sucedió con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la desaparición del IVAI –misma que podría consumarse en la próxima sesión del Congreso local-, es resultado de un acto de venganza, un afán de cómplice opacidad y una justificación que evoca hipocresía.
Tras la iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle, hay una verdad irrebatible: nos están robando el derecho a saber la verdad.
Según la propuesta presentada apenas el 25 de abril, las funciones del IVAI serán transferidas a la Contraloría General del Estado y a otras instancias de los poderes Legislativo y Judicial. Solicitar información pública será una aduana infranqueable para periodistas y activistas, impidiendo conocer de abusos, violaciones a las leyes y graves actos de corrupción.
Primero. La decisión de desaparecer los institutos de transparencia fue resultado de la cólera presidencial tras conocerse el escándalo de la casa gris, los contratos de las obras del AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya.
En el caso de Veracruz, la venganza fue consecuencia de la divulgación de información sobre la compra y renta irregular de patrullas, además de contratos irregulares en las Secretarías de Seguridad Pública, Salud y Educación, muchos de ellos hoy documentados por la Auditoría Superior de la Federación.

La corrupción e incompetencia de los gobiernos morenistas han provocado una crisis de salud sin precedente, marcada por la muerte de 45 bebés a causa de la tos ferina y un brote de sarampión que amenaza la vida de cientos de personas en todo el país.
La suerte de los veracruzanos no es mejor. Las denuncias por la falta de medicamentos oncológicos en el CECAN de Xalapa, no son nuevas. Durante años, diversos medios y organizaciones han documentado el calvario que enfrentan pacientes y familiares ante las graves deficiencias con que opera el Cecan.
Con la cancelación de la compra de millones de medicamentos a causa de la corrupción en Birmex y el gobierno morenista, podrían pasar semanas antes de que las medicinas y vacunas lleguen a millones de personas, principalmente niños. La amenaza de nuevas epidemias cierne sobre nosotros.
Fue la propia Secretaría de Salud federal –lo que hace sospechar que los casos de tos ferina podrían ser muchos más de los que se reconocen- la que informó sobre el lamentable fallecimiento de 45 bebés en México a causa de este padecimiento.
Según el informe, se han registrado 45 defunciones por tos ferina y todas corresponden a casos en menores de 1 año de edad. Ninguno de los recién nacidos estaba vacunado contra esta enfermedad altamente contagiosa, reconoció la dependencia en su boletín epidemiológico más reciente.

De no haber sido por el arrojo, la valentía y la desesperación de un empresario en Minatitlán, hoy seguramente estaríamos contando la historia de otra masacre inimaginable al interior de un concurrido bar de este municipio.
En las últimas semanas Veracruz se ha convertido en un campo minado por la inseguridad. Todos los días hay noticias de ejecuciones y secuestros, que sólo vienen a alimentar la tragedia de atestiguar al menos una masacre por mes desde que inició la actual administración estatal.
En Tuxpan, esperan con terror cada jueves, porque coincide con el homicidio de alguna persona conocida de la sociedad porteña. En Xalapa han vuelto las balaceras por cobro de piso, como la ocurrida la madrugada de ayer.
En Poza Rica hay una persecución directa en contra de los colectivos y personas buscadoras, como fue el caso del padre golpeado a muerte por policías municipales o la reciente desaparición de la hija de una madre buscadora.
El recuento es brutal, con un epicentro de violencia en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan, todos ellos gobernados por Morena. Sugerir siquiera que a los delincuentes “se les acabó la fiesta”, es una confesión involuntaria de que el gobierno no ha dimensionado la crisis de inseguridad que heredó de la administración anterior.

La reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional ante las amenazas comerciales y políticas de Estados Unidos intenta ocultar el verdadero mensaje: ¡con mis narcos no se metan!
La soberanía significa la capacidad del Estado para tomar decisiones autónomas. Es el derecho del pueblo a tomar decisiones políticas libres e independientes del exterior para enfrentar sus desafíos internos.
Por tanto, la soberanía nacional no está en riesgo por causa de los Estados Unidos. Lo que está en riesgo es la continuidad y legitimidad de un régimen que decidió “abrazar” a la delincuencia organizada como parte de la perversa estrategia de establecer un Estado autoritario.
La barbarie del campo de exterminio y adiestramiento de Teuchitlán –sólo comparable al holocausto de la Alemania Nazi- confirman la descomposición del Estado a causa del control territorial de los cárteles del narcotráfico y su estrecho vínculo con el gobierno morenista.
Aludir a la soberanía para impedir que se investigue el holocausto mexicano es tanto como sugerir que Alemania tenía el derecho de desaparecer a miles de personas porque esto era un asunto interno, no era un asunto del resto del mundo.

¿Los veracruzanos podemos confiar en un Órgano Fiscalizador (ORFIS), encargado de vigilar que los recursos públicos del estado se apliquen de manera eficaz, transparente y honesta, cuando les han detectado pagos indebidos a sus funcionarios por más de 50 millones de pesos en sólo dos años?
El ORFIS y su titular Delia González Cobos resultaron la versión jarocha, corregida y aumentada, del desvarío llamado Instituto para “volver a robar al pueblo lo robado”.
El jueves pasado se dio a conocer que durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, el ORFIS cubrió sueldos, prestaciones y bonos al margen de la ley, obteniendo sus funcionarios, de manera ilegal, más de 50 millones de pesos.
Se supone que el ORFIS combate la corrupción con acciones preventivas y el procesamiento de denuncias, pero lo hace a través de una burocracia dorada, onerosa y corrupta. Resultaron en un organismo ineficaz, omiso y cómplice.
Según la información publicada, algunos funcionarios, directivos y auditores percibieron ingresos sin justificación, los cuales superaron el salario del Presidente de la República o el gobernador del Estado, por lo que el Órgano Interno de Control (OIC) presentó las denuncias correspondientes ante el Tribunal Administrativo (TRIJAEV). ¡Inaudito!