Héctor Yunes

El jueves pasado, en el Congreso del Estado hubo ‘humo blanco’ sobre la creación del nuevo grupo parlamentario “Veracruz nos une”, que estará integrado por las diputadas Monserrat Ortega Ruiz (PAN), Ana Rosa Valdés Salazar (PRI) y el autor de esta entrega, Héctor Yunes Landa (PRI).
Con más de 20 años de experiencia legislativa de sus integrantes, compartimos el compromiso de ser el mejor grupo parlamentario en el Congreso y representar la verdadera oposición, gracias a la capacidad, la experiencia y el carácter de dos mujeres extraordinarias que saben levantar la voz.
En el caso de Monserrat Ortega, es una mujer con un gran sentido de la responsabilidad social. Su desempeño como diputada local en la LXV Legislatura la convirtió en una de las legisladoras más productivas en temas relacionados con la defensa de los derechos de la mujer y la familia.
Monserrat es una abogada y activista que conoce profundamente los problemas del estado y goza de un gran prestigio por su trayectoria política, por lo que actualmente es Consejera Nacional del PAN. Además, ha sido oficial del registro Civil de Xalapa.

Tal y como sucedió con el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la desaparición del IVAI –misma que podría consumarse en la próxima sesión del Congreso local-, es resultado de un acto de venganza, un afán de cómplice opacidad y una justificación que evoca hipocresía.
Tras la iniciativa de la gobernadora Rocío Nahle, hay una verdad irrebatible: nos están robando el derecho a saber la verdad.
Según la propuesta presentada apenas el 25 de abril, las funciones del IVAI serán transferidas a la Contraloría General del Estado y a otras instancias de los poderes Legislativo y Judicial. Solicitar información pública será una aduana infranqueable para periodistas y activistas, impidiendo conocer de abusos, violaciones a las leyes y graves actos de corrupción.
Primero. La decisión de desaparecer los institutos de transparencia fue resultado de la cólera presidencial tras conocerse el escándalo de la casa gris, los contratos de las obras del AIFA, Dos Bocas y el Tren Maya.
En el caso de Veracruz, la venganza fue consecuencia de la divulgación de información sobre la compra y renta irregular de patrullas, además de contratos irregulares en las Secretarías de Seguridad Pública, Salud y Educación, muchos de ellos hoy documentados por la Auditoría Superior de la Federación.

La corrupción e incompetencia de los gobiernos morenistas han provocado una crisis de salud sin precedente, marcada por la muerte de 45 bebés a causa de la tos ferina y un brote de sarampión que amenaza la vida de cientos de personas en todo el país.
La suerte de los veracruzanos no es mejor. Las denuncias por la falta de medicamentos oncológicos en el CECAN de Xalapa, no son nuevas. Durante años, diversos medios y organizaciones han documentado el calvario que enfrentan pacientes y familiares ante las graves deficiencias con que opera el Cecan.
Con la cancelación de la compra de millones de medicamentos a causa de la corrupción en Birmex y el gobierno morenista, podrían pasar semanas antes de que las medicinas y vacunas lleguen a millones de personas, principalmente niños. La amenaza de nuevas epidemias cierne sobre nosotros.
Fue la propia Secretaría de Salud federal –lo que hace sospechar que los casos de tos ferina podrían ser muchos más de los que se reconocen- la que informó sobre el lamentable fallecimiento de 45 bebés en México a causa de este padecimiento.
Según el informe, se han registrado 45 defunciones por tos ferina y todas corresponden a casos en menores de 1 año de edad. Ninguno de los recién nacidos estaba vacunado contra esta enfermedad altamente contagiosa, reconoció la dependencia en su boletín epidemiológico más reciente.

De no haber sido por el arrojo, la valentía y la desesperación de un empresario en Minatitlán, hoy seguramente estaríamos contando la historia de otra masacre inimaginable al interior de un concurrido bar de este municipio.
En las últimas semanas Veracruz se ha convertido en un campo minado por la inseguridad. Todos los días hay noticias de ejecuciones y secuestros, que sólo vienen a alimentar la tragedia de atestiguar al menos una masacre por mes desde que inició la actual administración estatal.
En Tuxpan, esperan con terror cada jueves, porque coincide con el homicidio de alguna persona conocida de la sociedad porteña. En Xalapa han vuelto las balaceras por cobro de piso, como la ocurrida la madrugada de ayer.
En Poza Rica hay una persecución directa en contra de los colectivos y personas buscadoras, como fue el caso del padre golpeado a muerte por policías municipales o la reciente desaparición de la hija de una madre buscadora.
El recuento es brutal, con un epicentro de violencia en los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan, todos ellos gobernados por Morena. Sugerir siquiera que a los delincuentes “se les acabó la fiesta”, es una confesión involuntaria de que el gobierno no ha dimensionado la crisis de inseguridad que heredó de la administración anterior.

La reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum para fortalecer la soberanía nacional ante las amenazas comerciales y políticas de Estados Unidos intenta ocultar el verdadero mensaje: ¡con mis narcos no se metan!
La soberanía significa la capacidad del Estado para tomar decisiones autónomas. Es el derecho del pueblo a tomar decisiones políticas libres e independientes del exterior para enfrentar sus desafíos internos.
Por tanto, la soberanía nacional no está en riesgo por causa de los Estados Unidos. Lo que está en riesgo es la continuidad y legitimidad de un régimen que decidió “abrazar” a la delincuencia organizada como parte de la perversa estrategia de establecer un Estado autoritario.
La barbarie del campo de exterminio y adiestramiento de Teuchitlán –sólo comparable al holocausto de la Alemania Nazi- confirman la descomposición del Estado a causa del control territorial de los cárteles del narcotráfico y su estrecho vínculo con el gobierno morenista.
Aludir a la soberanía para impedir que se investigue el holocausto mexicano es tanto como sugerir que Alemania tenía el derecho de desaparecer a miles de personas porque esto era un asunto interno, no era un asunto del resto del mundo.

¿Los veracruzanos podemos confiar en un Órgano Fiscalizador (ORFIS), encargado de vigilar que los recursos públicos del estado se apliquen de manera eficaz, transparente y honesta, cuando les han detectado pagos indebidos a sus funcionarios por más de 50 millones de pesos en sólo dos años?
El ORFIS y su titular Delia González Cobos resultaron la versión jarocha, corregida y aumentada, del desvarío llamado Instituto para “volver a robar al pueblo lo robado”.
El jueves pasado se dio a conocer que durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, el ORFIS cubrió sueldos, prestaciones y bonos al margen de la ley, obteniendo sus funcionarios, de manera ilegal, más de 50 millones de pesos.
Se supone que el ORFIS combate la corrupción con acciones preventivas y el procesamiento de denuncias, pero lo hace a través de una burocracia dorada, onerosa y corrupta. Resultaron en un organismo ineficaz, omiso y cómplice.
Según la información publicada, algunos funcionarios, directivos y auditores percibieron ingresos sin justificación, los cuales superaron el salario del Presidente de la República o el gobernador del Estado, por lo que el Órgano Interno de Control (OIC) presentó las denuncias correspondientes ante el Tribunal Administrativo (TRIJAEV). ¡Inaudito!

En la sesión extraordinaria del pasado jueves 27 de febrero en el Congreso de Veracruz, durante la entonación del Himno Nacional, la Presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Tania Carola Viveros, tuvo un acto de desacato a la ley y de falta de respeto a los símbolos patrios.
En su denigrante y atrevida ignorancia, la legisladora pretende imponer su vocación autoritaria como muestra de su militancia partidista. Pero sólo puede hacerlo a título personal y fuera del recinto legislativo. El himno nacional no admite de expresiones fascistas.
Lamentable también que muchos de sus compañeros morenistas, quienes por su trayectoria conocen la ley y el valor de los símbolos patrios, hayan mostrado su solidaridad ante el desvarío de levantar la mano izquierda con el puño cerrado, convalidando el desacato. La ignorancia no sólo es atrevida sino también contagiosa.
El artículo 45 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales establece que “la demostración civil de respeto al Himno Nacional se hará en posición de firme. Los varones, con la cabeza descubierta.” Por tanto, el puño izquierdo en alto es un desafío a nuestras instituciones y a nuestra democracia.
Esta expresión tiene diversas interpretaciones. Una de las más conocidas, es el cónclave de la Internacional Socialista, en la que se interpretan distintos cánticos alusivos a sus movimientos políticos con el puño izquierdo levantado.

En las próximas semanas, México podría estar viviendo la primera crisis económica por cambio de sexenio de los últimos 30 años.
Los síntomas son de alarma: crecimiento del cero por ciento, déficit del 160% en el sexenio anterior, más endeudamiento; y, por si fuera poco, las remesas ya cayeron el 40 por ciento en el mayor municipio receptor del país.
El gobierno está quebrado. López Obrador despilfarró más de 135 mil millones de pesos obtenidos por la desaparición de fondos y fideicomisos. Además, desvió un billón 165 mil millones de pesos para la destrucción del nuevo aeropuerto de Texcoco y la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, una manada de elefantes blancos que siguen devorando las finanzas públicas.
México se ha estancado. El crecimiento económico en el sexenio de AMLO es el más bajo en casi 40 años. Así, mientras Estados Unidos creció 2.8 el año pasado, nuestro país creció apenas el 1.3%, el nivel más bajo en cinco años. De hecho, la economía se contrajo 0.6% en el último trimestre del año pasado. Estamos en caída libre.
Nuestro crecimiento en el arranque de 2025 es prácticamente cero; el gobierno de Morena sabe que está en serios problemas.

Hoy los mexicanos tenemos plena conciencia de debemos defender la soberanía, la migración y el comercio, pero no la narcopolítica. Debemos defender a nuestro país del embate extranjero, pero no defender a un narcoestado.
El presidente Trump no hablaba en pasado sino en presente cuando dijo que “las organizaciones mexicanas de narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México” y que “el gobierno de México ha proporcionado refugios seguros a los cárteles”.
Ante los riesgos económicos y sociales que implica las medidas adoptadas por Trump –deportaciones masivas de connacionales, el amago de imposición de aranceles y la declaratoria como “terroristas” de los cárteles en este lado de la frontera- la presidenta Sheinbaum ha hecho un llamado a la unidad de los mexicanos, aludiendo un falso nacionalismo.
Si este país se encuentra dividido es precisamente por la polarización social que promovió el expresidente López Obrador durante las últimas dos décadas, hoy secundada por su sucesora. Fue él y nadie más quien fracturó a la clase media, quien denostó a profesionistas de todo tipo, quien persiguió a periodistas y líderes sociales y políticos.

A partir de este lunes, Donald Trump es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Su llegada al poder implica riesgos enormes para México, aunque no son los mismos para el ciudadano común que para el gobierno morenista. Tampoco para la economía y los empresarios.
A millones de mexicanos, aquí y allende frontera, el gobierno de Donald Trump sugiere una seria amenaza de persecución y discriminación mediante una agresiva política migratoria que implicaría la deportación masiva de miles y miles de compatriotas, y con ello, una caída sustancial de remesas de la que dependen millones de hogares mexicanos.
Trump ya prepara una gran redada en Chicago el próximo martes para empezar a deportar inmigrantes; las detenciones se centrarán en los extranjeros sin papeles que tengan antecedentes penales y se extenderán al resto del país.
El impacto económico será brutal. Durante el año pasado, México recibió más de 60 mil millones de dólares, equivalente a 1.2 billones de pesos. Entonces, ¿de qué vivirán esas millones de familias en muchas de las regiones más pobres del país?