Héctor Yunes

Ni el maquillaje de las cifras oficiales logran ocultar la realidad. Veracruz está convertido en un infierno de violencia e inseguridad. Basta un botón de muestra: durante la caricatura de gobierno de Cuitláhuac, se han acumulado casi siete mil homicidios.
La desaparición de la Fuerza Civil puso en evidencia el fracaso en seguridad, la complicidad y el vínculo de muchos policías con el crimen organizado y la decisión del gobernador de conceder impunidad a elementos bajo proceso por excesos y abusos, amparados en la cobardía de ultrajes a la autoridad.
Ante un gobierno cómplice e incompetente, Veracruz está a merced del hampa.
De acuerdo con la investigación Presencia del Crimen Organizado en México de AC Consultores, se confirmó la existencia de siete grupos criminales en Veracruz. Esta información fue confirmada incluso por la SSP estatal, aunque reportes de organizaciones civiles y académicos, han contabilizado hasta 14 grupos en guerra.
El reporte refiere que el CJNG es el de mayor presencia en la entidad, pues ya opera en 72 municipios veracruzanos, cifra que se presume se incrementó. Le sigue el Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones fueron rastreadas en 27 municipios.

Ni el maquillaje de las cifras oficiales logran ocultar la realidad. Veracruz está convertido en un infierno de violencia e inseguridad. Basta un botón de muestra: durante la caricatura de gobierno de Cuitláhuac, se han acumulado casi siete mil homicidios.
La desaparición de la Fuerza Civil puso en evidencia el fracaso en seguridad, la complicidad y el vínculo de muchos policías con el crimen organizado y la decisión del gobernador de conceder impunidad a elementos bajo proceso por excesos y abusos, amparados en la cobardía de ultrajes a la autoridad.
Ante un gobierno cómplice e incompetente, Veracruz está a merced del hampa.
De acuerdo con la investigación Presencia del Crimen Organizado en México de AC Consultores, se confirmó la existencia de siete grupos criminales en Veracruz. Esta información fue confirmada incluso por la SSP estatal, aunque reportes de organizaciones civiles y académicos, han contabilizado hasta 14 grupos en guerra.
El reporte refiere que el CJNG es el de mayor presencia en la entidad, pues ya opera en 72 municipios veracruzanos, cifra que se presume se incrementó. Le sigue el Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones fueron rastreadas en 27 municipios.

¿Si tenían la razón jurídica, por qué tuvieron que modificar la Constitución, bajo la vendetta de la supremacía constitucional?
Los desvaríos morenistas traducidos en reformas constitucionales repletas de errores, omisiones y venganzas, confirman que NO tienen la razón y necesitaban retorcer las reglas, violentando el principio de no retroactividad.
Hoy, como ningún otro país, han despojado a los mexicanos –que no a los jueces y magistrados-, de las garantías del juicio de amparo, la acción de constitucionalidad y la controversia constitucional en contra de las modificaciones y adiciones a la Constitución federal.
A partir de hoy, si al. presidente en retiro se pega la gana, podrán imponer la reelección en la presidencia o cambiar la revocación del mandato para que sea el Congreso y no el pueblo quien lo decida. La súper mayoría legislativa y la mayoría en los congresos estatales les permite cualquier desvarío constitucional.
A partir de hoy, si al. presidente en retiro se pega la gana, podrán imponer la reelección en la presidencia o cambiar la revocación del mandato para que sea el Congreso y no el pueblo quien lo decida. La súper mayoría legislativa y la mayoría en los congresos estatales les permite cualquier desvarío constitucional.

Una violencia desbordada en varios estados del país, un gobierno sin dinero y endeudado, una crisis política y jurídica a causa de una reforma judicial procaz, la presencia constante de fenómenos naturales, desencuentros con países y socios comerciales y la histórica indiferencia de la sociedad internacional a su toma de posesión marcaron el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Reza el refrán que lo que mal empieza, mal acaba. La nueva presidenta ha tenido que sortear con poco éxito el campo minado que le dejó su antecesor como una forma perversa de imponer su continuismo en forma de un nuevo Maximato.
El homicidio y decapitación del alcalde de Chilpancingo y de sus dos más cercanos colaboradores a pocos días de asumir el cargo, fue el corolario de la peor espiral de violencia para el inicio de un gobierno presidencial.
En Sinaloa, la guerra de cárteles ha dejado 192 muertos y más de 200 personas secuestradas en poco más de un mes. Miles de estudiantes no van a la escuela y el comercio está paralizado.

En su primer día de gobierno, Claudia Sheinbaum solicitó un crédito por 18.6 mil millones de dólares para enfrentar el desastre económico que dejó López Obrador. Terminó el AMLOfest, empieza la cruda de Claudia. Hoy las arcas están vacías.
Según el gobierno federal, esta cantidad –equivalente a tres veces el presupuesto anual de Veracruz e, incluso, superior en 2 mil millones a la construcción de Dos Bocas- será destinada enfrentar el déficit fiscal e inyectar más dinero a Pemex, la paraestatal que decían ya habían salvado.
Es decir, el endeudamiento no será para construir hospitales, carreteras, escuelas, garantizar vacunas o mejorar la seguridad. Es deuda para pagar más deuda.
En agosto de 2023 anticipé en este mismo espacio la tormenta que se avecina. La crisis del sexenio y el colapso que golpeará a los mexicanos más pobres. Y puse como ejemplo precisamente estos dos asuntos: Pemex y el déficit fiscal.

Al más puro estilo “amlesco”, Claudia Sheinbaum dice que no habrá militarización de la seguridad pública porque esta dependerá de la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, es decir, de ella como presidenta de la República.
En esa sinrazón, entonces ni el Ejército es militar, porque su Comandante Supremo es AMLO y a partir de octubre lo será Claudia Sheinbaum, ambos mandos civiles.
Con la aprobación de la reforma constitucional que desaparece a la Guardia Nacional (GN) como una institución supuestamente de carácter civil, para convertirla en un apéndice de la Sedena, nuestro país transita de manera vertiginosa hacia la militarización de la seguridad pública.
Esta militarización podemos contarla, como todo buen vodevil, en tres actos.
Primer acto. Los militares deben regresar a los cuarteles, vociferaba el candidato.
En febrero de 2012, el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, se comprometió, como tantas veces, a regresar al Ejército a sus cuarteles en 6 meses si ganaba la elección de ese año.