Aurelio Contreras Moreno

En los últimos años la política se ha convertido en uno más de los territorios que los diferentes grupos del crimen organizado se disputan con la misma violencia que las demarcaciones regionales y las plazas. Cuando los grupos delincuenciales comenzaron a interesarse en los procesos político-electorales, su atención se centraba en tener el control de las policías municipales, pues era eso lo que les garantizaba el paso libre de drogas, el tráfico de personas y sus demás “negocios” sin mayores contratiempos. Conforme pasó el tiempo y los “capos” acumularon más poder, se metieron a fondo y empezaron a controlar directamente presidentes municipales, regidores, legisladores y hasta gobernadores, que a cambio de millonarias sumas de dinero pusieron a los diferentes aparatos gubernamentales al servicio de los criminales. A la par de este fenómeno, la violencia criminal fue aumentando de manera exponencial en cada proceso electoral en cada vez más regiones del país. Si el o la candidata de un partido “amenazaba” con ganarle al “palomeado” por los delincuentes, la solución era –y sigue siendo- asesinarles. Como si fuesen integrantes de un bando criminal contrario. Algunas veces realmente lo fueron.

Contra lo muy poco –siendo generosos- que se ha construido en los cuatro años del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación”, cobra una dimensión enorme todo aquello que se ha destruido y lo que se busca todavía destruir en los dos años restantes del sexenio. Quizás lo más grave que el lopezobradorismo ha demolido, junto con las instituciones y programas de salud y educación que desapareció para quedarse con sus recursos, es la percepción sobre la importancia del respeto a la legalidad. Los gobiernos y políticos de la “4t”, empezando por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, son un ejemplo de cómo ignorar de la manera más bizarra las normas, con un cinismo que asquea. El caso del documentado plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sintetiza lo que ha representado este sexenio para el mantenimiento de los mínimos estándares que permitan hablar de un Estado de Derecho: el vacío, la burla.

En adelante, todo lo que suceda en el ámbito de lo público en México estará afectado por el tema electoral. Desde los comicios que se celebrarán este año en los estados de México y Coahuila, pasando por el proselitismo desenfrenado e ilegal de varios de los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador en la silla presidencial y las grillas locales en las entidades federativas, todo girará en torno de los intereses que estarán en juego. De hecho, todos los temas públicos están siendo ensuciados por las desbocadas carreras de las llamadas “corcholatas” por posicionarse en el ánimo popular. Y sobre todo en el de “ya saben quién”. La semana pasada, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández inició en Veracruz una gira nacional sin más objeto que el de promoverse políticamente, con el pretexto de “explicar” una reforma electoral que no se aprobó en los términos más regresivos que pretendía el régimen, pero que de cualquier forma impactará negativamente en la organización de los próximos comicios.

Los constantes traspiés de Claudia Sheinbaum, quien cobra como jefa de Gobierno de la Ciudad de México pero se la ha pasado en campaña política los últimos seis meses sin lograr posicionarse, ha obligado al presidente López Obrador a echar a andar a su “plan B” para la sucesión presidencial. Y ese “plan B” no es el canciller Marcelo Ebrard y mucho menos el senador Ricardo Monreal, sino otro tabasqueño, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, quien vino a Veracruz este jueves para dar inicio a una gira nacional con el único propósito de promover su imagen. Claro, con cargo al erario. La figura política del secretario de Gobernación comenzó a crecer en los círculos morenistas a raíz de que abandonó sus tareas como interlocutor con la oposición para adoptar, en su lugar, el mismo discurso bravucón y belicoso del presidente, que es lo que le gusta al inquilino de Palacio Nacional.

Después de un proceso que más bien pareció ser una táctica para ganar tiempo, a la UNAM no le ha quedado más remedio que dejarse de eufemismos y reconocer con todas sus letras el plagio en que incurrió la todavía (vergonzantemente) ministra Yasmín Esquivel Mossa. Ante el monumental y descarado plagio de la tesis de licenciatura de quien hoy porta indecorosamente una toga en el Poder Judicial, casi un mes después, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón (FES Aragón) determinó que el trabajo presentado por Yasmín Esquivel para titularse como licenciada en Derecho en 1987 es una “copia sustancial” de la presentada un año antes por Édgar Ulises Báez. Algo que todo mundo sabía desde que se evidenció la copia hace casi un mes, valga destacar. En primera instancia podría parecer positivo que finalmente se admita lo que era evidente. Sin embargo, la UNAM ha decidido lavarse las manos y dejar hasta ahí el asunto, bajo argumentos inverosímiles. En un comunicado firmado por el rector Enrique Graue Wiechers la tarde-noche de este miércoles, la UNAM señala que “de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”.

Las últimas semanas de 2022 y las primeras de 2023 han mostrado un acelerado proceso de radicalización del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” que se irá agudizando conforme se acerque el fin del sexenio. El conocido desprecio del lopezobradorismo por la ley cuando ésta se interpone en sus planes quedó completamente de manifiesto con el episodio de la reforma electoral y el “plan B”, que exhibió plenamente su carácter autoritario y antidemocrático en su afán por doblegar y reducir a los órganos electorales para controlarlos. Ese affaire aún no concluye y veremos más desfiguros en los meses por venir. Pero para desfiguros, ninguno como el que significó uno de los capítulos más vergonzosos de la vida pública de México de los últimos años, que retrata a su vez de cuerpo entero lo que representa la “4t”: el escándalo de la ministra plagiaria que, aun cuando el ilícito está comprobado y así determinado, sigue en su cargo como si nada.

Aunque nadie lo dice abiertamente, todos lo saben: en Morena todas las decisiones importantes las toma una sola persona, que no es otro que Andrés Manuel López Obrador. Entre esas decisiones se encuentra naturalmente la postulación de los candidatos de ese partido a los principales cargos de elección popular, como las senadurías, algunas diputaciones y presidencias municipales, especialmente las gubernaturas y, próximamente, la candidatura presidencial. Es el ejercicio de lo que en teoría política Jorge Carpizo llamó las “facultades metaconstitucionales” del presidente de la República, erigido en “gran elector”. Una de las prácticas que dieron forma y sustento al sistema hiperpresidencialista del PRI durante el siglo XX, del que abreva completa y directamente el lopezobradorismo, tanto en sus orígenes políticos como en su concepción del país.

El régimen de la pretendida “cuarta transformación” ha demostrado en repetidas ocasiones su intolerancia hacia quien no comparte sus fobias y dogmas, y generalmente lo hace con altas dosis de violencia verbal, que después se traslada a sus seguidores más fanatizados que, esos sí, han estado dispuestos a que ésta llegue también al terreno de lo físico. Las conferencias “mañaneras” del presidente Andrés Manuel López Obrador son el ejercicio más acabado de cómo se hace propaganda indiscriminada a través de la violencia. En lugar de informar, el mandatario ocupa un tiempo y recursos técnicos y humanos que se pagan con dinero público para ofender, para estigmatizar, para linchar y, en varias y documentadas ocasiones, para mentir acerca de quienes más que adversarios, considera y trata como enemigos. El presidente no solo se pelea con molinos de viento. Una buena descarga de su violencia la reciben las y los reporteros –los de a de veras, no la fila de paleros que pone Comunicación Social para aplaudirle y hacerle ridículas preguntas a modo- que de vez en cuando logran entrar a las conferencias matutinas y más eventualmente aún, le puede hacer una pregunta real. De las que no le gustan.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, encontró al fin la oportunidad de demostrar de qué está hecho y cuál será el verdadero alcance de su rectorado. En el proyecto de Presupuesto de Egresos para el estado de Veracruz del ejercicio 2023, la Secretaría de Finanzas y Planeación estableció destinar a la casa de estudios recursos por cinco mil 844.4 millones de pesos, lo que no solo resulta inaceptable, sino que también es ilegal. Ese monto es menor por 40 millones de pesos al presupuesto que se le otorgó a la Universidad Veracruzana para 2022, lo que contraviene claramente el Decreto 350 que reformó el Artículo 10 de la Constitución del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de noviembre de 2017, y que estableció que el presupuesto de la UV aumentaría progresivamente año con año hasta llegar al cuatro por ciento del presupuesto total del estado para el ejercicio de 2023. Y que ordena además que en ningún caso el monto del presupuesto puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. Ese monto es menor por 40 millones de pesos al presupuesto que se le otorgó a la Universidad Veracruzana para 2022, lo que contraviene claramente el Decreto 350 que reformó el Artículo 10 de la Constitución del Estado, publicado en la Gaceta Oficial el 13 de noviembre de 2017, y que estableció que el presupuesto de la UV aumentaría progresivamente año con año hasta llegar al cuatro por ciento del presupuesto total del estado para el ejercicio de 2023. Y que ordena además que en ningún caso el monto del presupuesto puede ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior.

Este 15 de noviembre, Cuitláhuac García Jiménez presenta su cuarto informe de gobierno ante el Congreso local, tal como lo establece la Constitución del Estado, en un acto protocolario sin mayor chiste. El acto político, como se acostumbra desde hace algunos años ya, se celebrará un día después, el 16. Pero este año, Cuitláhuac García decidió hacerlo lo más lejos posible de la capital del estado: será en Pánuco, al norte de la entidad, en la colindancia con Tamaulipas. No están claras las razones para llevar la sede a un municipio cuyo acceso no es fácil, tanto por la distancia como por las pésimas vías de comunicación que existen. Lo cierto es que ante el descontento magisterial por el incumplimiento de su gobierno en el pago del incremento salarial prometido por la federación desde mayo, la lejanía con Xalapa le viene como “anillo al dedo” al gobernador.