Aurelio Contreras Moreno

Emulando los “mejores” tiempos de su “abuelo” el PRI, los “levantadedos” diputados obradoristas aprobaron este lunes en lo general el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que, sin ambages ni medias tintas, lo que busca es meterle dinero a la política electoral durante el proceso de 2024. La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gaste la friolera de nueve billones 66 mil 45 millones de pesos –con endeudamiento de dos billones de por medio-, en año de elecciones presidenciales concurrentes con la renovación del Congreso de la Unión y nueve gubernaturas. Prácticamente un cheque al portador para que el régimen lo use para influir en los comicios a través de lo único que sabe hacer: política clientelar. El monto total aprobado al grupo de “Desarrollo Social” del Presupuesto federal asciende a cuatro mil 384 millones 582.4 pesos, que es lo que se dispondrá para el pago de las pensiones para adultos mayores y programas como “Jóvenes construyendo futuro”, que presentan señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por desvíos millonarios.

Más que suspicacias ha generado la decisión de Morena de aplazar el anuncio de los resultados de sus encuestas para definir a sus “coordinadores estatales de defensa de la transformación”. O sin eufemismos ni payasadas para burlar la ley, a sus candidatos y candidatas a las nueve gubernaturas que se renovarán en 2024, entre éstas la de Veracruz. Originalmente, estaba previsto que este lunes 30 de octubre se dieran a conocer los resultados y a los ganadores de las dichosas encuestas. Pero el pasado viernes, a través de un escueto comunicado, Morena dio a conocer que pospone hasta el 10 de noviembre el anuncio, sin ofrecer mayor explicación del porqué, lo que de inmediato provocó fundadas sospechas de que el proceso se les salió de las manos. La justificación que algunos voceros salieron a dar, en el sentido de que la demora era para ayudar a los damnificados por el desastre dejado por el huracán “Otis” en Guerrero es tonta y falaz. Todos los aspirantes morenistas han continuado con sus actividades de proselitismo como si nada, promoviéndose en medios y redes incluso hasta con mayor intensidad. Esa especie de “limbo” de diez días no tiene entonces justificación alguna. Menos aun cuando es sabido que los resultados de las encuestas ya están en poder de los dirigentes de ese partido. Así que más bien, lo que parece es que dichos resultados no deben ser los que esperaban y solo decidieron ganar tiempo para ver qué hacer con ello, cómo negociar e imponer a quienes ya estaban preseleccionados.

El desastre dejado por el huracán “Otis” a su paso por Guerrero ha sacado a la superficie mucha de la antológica miseria que ya se le conoce a la clase política de este país, pero que resulta especialmente repugnante cuando de lucrar con una tragedia se trata. Tanto del lado oficialista como del opositor, se han antepuesto –con sus raras excepciones- los intereses políticos por encima de los de miles de personas que lo perdieron todo y que se encuentran desesperadas, en una situación que se torna caótica y que podría escalar aún más si no se ofrecen salidas a lo que claramente constituye una emergencia humanitaria. Aunque se ha visto obligado a dejar que fluya con menos restricciones, la intención del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que los militares acaparasen la entrega de todos los apoyos enviados para los damnificados fue manifiesta desde el inicio de la emergencia. “Queremos que la distribución de las despensas las haga la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, no las autoridades civiles ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno municipal. Mucho menos organizaciones sociales llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil”, dijo el presidente en un audio que se difundió al menos los primeros días de la emergencia por perifoneo en las calles de un devastado Acapulco.

Algo no debe terminar de cuadrar en la campaña interna de Morena en Veracruz que el gobierno de Cuitláhuac García y hasta el federal no tienen empacho en violar la ley de manera realmente grotesca para promover a Rocío Nahle García, convirtiéndose todos en flagrantes delincuentes electorales. El pasado miércoles, a Nahle le organizaron un dizque congreso de energía en el World Trade Center de Boca del Río –inmueble propiedad del gobierno del estado- con el único objetivo de promoverla políticamente a pesar de que ya no es funcionaria federal, pues tuvo que renunciar, aunque no quería, unos días antes a la Secretaría de Energía (Sener) ante lo escandaloso de que al mismo tiempo fuera precandidata de Morena a la “coordinación estatal de defensa de la cuarta transformación”. Con todo y eso, el impresentable gobernador Cuitláhuac García –quien este fin de semana dejó ver cuánto le gusta estar en compañía de dictadores autoritarios y criminales, algo a lo que aspiró acercarse durante su sexenio- le dio una enorme cancha, con cargo al erario, a la zacatecana para que pudiera exprimirle lo último posible a su fracasada gestión en la Secretaría de Energía, echando un “rollo” sobre refinación, gas y petroquímica sin que su presencia en el acto público pudiese justificarse en absoluto. Más grave aún, mientras participa en un proceso interno en curso de definición de una candidatura.

La noche de este martes se consumó lo que en los hechos es el peor ataque a la división de poderes en México de los últimos 30 años, con la extinción de 13 de los fideicomisos con los que opera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Bajo una falsa premisa –los supuestos “privilegios” de los integrantes del Poder Judicial que serían financiados con ese dinero-, el obradorato no solo instrumentó su venganza contra la Corte por todas las leyes que le ha echado abajo por inconstitucionales. Fue también la primera piedra de lo que llaman el “plan C” para desbaratar la autonomía de los poderes de la Unión si Morena y sus aliados sanguijuelas llegan a obtener la mayoría calificada en el Congreso de la Unión en las elecciones del año próximo. En total, el régimen le arrebataría al Poder Judicial alrededor de 15 mil millones de pesos, afectando gravemente su funcionamiento, pero también las prestaciones y derechos de los trabajadores, lo cual miserablemente los palafreneros del régimen han querido negar. Así lo explicó con gran claridad la oficial mayor de la SCJN, Gisela Morales, quien aclaró que esos fideicomisos no son privilegios, sino derechos y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, entre éstos, las pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios.

Finalmente, el pasado viernes Rocío Nahle García fue orillada a renunciar como secretaria de Energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de varias semanas “dobleteando” entre su precandidatura a la gubernatura veracruzana y una responsabilidad pública que ya no atendía y que, en los hechos, jamás desempeñó con eficiencia, pues dedicó todas sus fuerzas al proyecto de la refinería Olmeca-Dos Bocas, descuidando todo lo demás. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien la tarde de este viernes, durante una reunión con funcionarios federales, el gobernador Cuitláhuac García y la propia Nahle sobre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, hizo oficial la salida de la zacatecana de su gabinete. “Me presentó su renuncia Rocío Nahle, secretaria de Energía. Le agradecí por su apoyo y le deseo que tenga suerte en su legítima aspiración”, escribió López Obrador en sus redes sociales desde la ciudad de Coatzacoalcos. En respuesta casi inmediata, Nahle replicó el mensaje del presidente, señalando que “desde mi querido Coatzacoalcos!!! (sic) Gracias señor Presidente … (sic) es un honor estar con Obrador. ¡Misión Cumplida!”.

Junto con el desmantelamiento de instituciones públicas funcionales y la embestida contra la democracia y la división de poderes, el sometimiento del poder civil al militar será el peor de los legados que dejará el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Contra su fachada de gobierno supuestamente “progresista”, “humanista” y de “izquierda democrática”, el régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” es, en los hechos, militarista como pocos que se recuerden en la historia reciente del país. Y quizás, hasta de la más antigua. Los militares han concentrado todo el poder los últimos cinco años. Son ellos quienes controlan los puertos y las aduanas –donde están los negocios de a de veras en este país-, construyen y administran las obras “insignia” del obradorato, y se han llenado las alforjas con las ganancias que todo lo anterior implica. Son hoy más que nunca una élite dorada y, sobre todo, blindada contra cualquier clase de rendición de cuentas. Su labor primordial, la de defender la soberanía nacional, ha sido puesta en un predicamento. Por un lado, se han formalizado sus tareas de índole policiaca, lo que, si nos atenemos a las cifras –cerca de 170 mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio y una violencia desbordada en buena parte del territorio nacional-, nada ha resuelto en México. Y por el otro, una parte de sus efectivos ha sido utilizada para servir a intereses extranjeros, en este caso los de Estados Unidos, para contener y perseguir migrantes desde la frontera sur de nuestro país. Denigrante por donde se le quiera ver.

La paridad en el acceso a candidaturas, puestos de representación popular y cargos públicos en general es sin duda uno de los logros más relevantes del movimiento feminista en materia política en los últimos años en México. Desde 2014, la paridad es un principio constitucional que consiste en que la mitad de los cargos de elección popular les corresponden a las mujeres. En 2020, se reguló el principio de la paridad en todo, con lo que ésta debe aplicarse en los tres poderes del Estado, en los tres niveles de gobierno. Lo cual incluye a los ejecutivos de las entidades federativas. Hace tres años, los partidos políticos –prácticamente todos- intentaron boicotear la paridad en todo desde el Senado y a través de sus representantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la pretensión absurda de que el principio solo era válido para cargos no unipersonales, es decir, para los congresos federal y estatales, más no para las gubernaturas, que implican el acceso a un nivel de poder –y de recursos- mucho mayor que el de los legisladores. Ello provocó una reacción de organismos de la sociedad civil que echaron a andar la estrategia “Gubernaturas Ya” -avalada finalmente por las autoridades electorales-, gracias a la cual los partidos fueron obligados a postular la mitad de sus candidaturas para mujeres, incluidas las gubernaturas que estuvieron en disputa en 2021. Fue así que seis mujeres fueron elegidas como gobernadoras de sus estados.

En los últimos días, el oficialismo a nivel nacional y estatal se ha dado a la tarea de buscar imponer la narrativa de que la elección ya está definida y casi que no habrá poder humano que impida el triunfo del obradorato en los comicios del año entrante. Para eso, se han apoyado con diferentes encuestas, la mayoría “cuchareadas”, sesgadas, pero algunas otras serias desde un punto de vista metodológico. Prácticamente todas le dan una amplia ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, la cual se modifica un poco si se incluye en la ecuación a otros actores como el gobernador de Nuevo León Samuel García, o hasta al indefinido Marcelo Ebrard, que ni rompe con Morena ni se alinea con el régimen al que decidió servir, aunque ya no le sirva de mucho. La respuesta automática de los “xochilovers” ha sido descalificar las encuestas –varias, con sobrada razón- y a quienes les dan algún crédito, sin asumir lo que es una dura realidad: Claudia Sheinbaum la candidata del régimen, la elegida del presidente, lleva una ventaja que si no se reduce pronto, después será imposible de revertir. Precisamente ésa es la idea del morenato al buscar posicionar en el ánimo colectivo esa narrativa del “hecho consumado”: que el electorado opositor, ante un sentimiento de derrota, se desanime, se desmoralice y, principalmente, se desmovilice.

El próximo 1 de octubre de 2024, Andrés Manuel López Obrador entregará la banda presidencial a quien lo sucederá en el poder. Su sexenio concluirá unos meses antes de cómo había sido desde la década de los 30 del siglo pasado, pues la reforma constitucional de 2014 dispuso adelantar el cambio de estafeta de diciembre a octubre para acortar el espacio entre las elecciones, que se celebrarán el próximo 2 de junio de 2024, y la toma de posesión del titular del Ejecutivo. Queda pues menos de un año del actual sexenio y no se vislumbran horizontes esperanzadores. Por el contrario, lo que se puede palpar en el ambiente es el recrudecimiento de la violencia en todos los órdenes y que en lo político mucho tiene que ver con la desesperación por saltar al siguiente periodo en una posición de poder. El sexenio de López Obrador terminará como el más violento de la historia de México. En estos momentos se acerca aceleradamente a los 170 mil homicidios, a un ritmo que podría llegar sin mucho problema a los 200 mil para 2024. Una tragedia dantesca. Y sí, mucho peor que la de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto porque además, y como nunca antes, el crimen organizado domina y “gobierna” buena parte del territorio a fuerza de sangre, fuego y complicidades.