Aurelio Contreras Moreno

Mientras las autoridades veracruzanas buscaban desesperadamente convencer a la opinión pública que no son corruptas, aunque las evidencias les hayan estallado en la cara con el caso de Araly Rodríguez, dos casos de violencia volvieron a colocar en la palestra el problema más grande que el actual gobierno estatal ha sido totalmente incapaz de siquiera atender. El pasado viernes, se confirmó que Sara Hilda Olarte Cid, trabajadora jubilada del Seguro Social que se reportó como desaparecida el lunes de la semana pasada, fue encontrada debajo de un puente en la desviación de las congregaciones de El Tronconal y Chiltoyac de la capital veracruzana. Asesinada. Este nuevo feminicidio reforzó el lugar de la entidad veracruzana entre las más brutales para las mujeres en todo el país, donde gobierna un régimen que simula combatir la violencia en su contra, pero que no protege ni respeta a sus propias trabajadoras, las cuales sufren un constante acoso dentro de la misma administración estatal. La respuesta del gobierno de Cuitláhuac García fue detener a tres sujetos, uno de ellos un sobrino de la víctima, achacándoles el crimen. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía General del Estado y de las corporaciones policiacas deja más dudas que certezas sobre lo que en realidad sucedió, en especial por la particular fruición que tienen por mentir.

Atrapados in fraganti en lo que ya no quedan muchas dudas de que serían sendos actos de corrupción, en el gobierno de Cuitláhuac García optaron por aplicar una máxima: negar la fiesta aunque traigan el confeti en los calzones. Luego de que la supuesta supercontratista del gobierno de Veracruz Araly Rodríguez difundiera un presunto desmentido -plagado de contradicciones- sobre todo lo publicado en torno de las más que evidentes irregularidades en el otorgamiento de contratos por asignación directa por al menos 100 millones 902 mil pesos que le dio la actual administración, fue el propio Cuitláhuac García quien entró a continuar con el rosario de desatinos con el que pretenden engañar a la opinión pública. En conferencia de prensa en palacio de gobierno y sin un gramo de vergüenza, este jueves García Jiménez salió a desdecirse de lo declarado por él mismo hace unos pocos días.

Lejos de aclararse, el caso de la “supercontratista” de los 100 (y más) millones de pesos del gobierno de Veracruz, Araly Rodríguez Vez, hunde más a la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Este lunes, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, prácticamente salió a deslindarse y a decir que las licitaciones –o la ausencia de las mismas-, así como la asignación de contratos, es responsabilidad de cada dependencia estatal. O dicho de otra manera, es su “bronca” y que cada quién explique lo que le toque. Pero no es tan simple como el funcionario quisiera que se perciba. La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es la encargada de llevar el registro de los proveedores del gobierno estatal y de verificar que cumplan con los requisitos que marca la ley para participar en concursos de obra y recibir contratos.

Aunque han intentado minimizarlo, el caso de la empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz que recibió contratos de diferentes dependencias del gobierno estatal por más de 100 millones de pesos es una bomba que hizo volar la podredumbre de la corrupción en la administración de Cuitláhuac García Jiménez. El tema fue dado a conocer desde las comparecencias de los secretarios de despacho del año 2021 por el diputado local y dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, quien en ese entonces cuestionó cómo era posible que una persona física cuya actividad comercial era la venta de bienes informáticos, muebles y mobiliario de oficina, fuera proveedora del DIF estatal, así como de las secretarías de Salud y de Seguridad Pública, a las que les ha vendido uniformes, batas quirúrgicas, overoles, sillas de ruedas y aparatos para la audición desde 2020. El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez prácticamente hizo como que no se enteró e ignoró las denuncias, que han vuelto a salir a la luz.

El desencuentro entre los tres titulares de los poderes de la Unión de este domingo 5 de febrero va más allá de meros problemas de protocolo o de descortesías políticas. El trato dado a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, y al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, relegados hasta el extremo del presídium, simplemente refleja lo que representa para el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, la separación de poderes. Como él mismo asegura reiteradamente, su “pecho no es bodega”. Así que no le preocupa manifestar abiertamente el desagrado que le provoca que los otros dos poderes no estén encabezados por personas que pueda controlar o que le tengan tanto miedo que se dejen someter, como hasta hace poco sucedía. Los cuatro años que López Obrador y Arturo Zaldívar compartieron como titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial fueron de, al menos, una clara resignación del segundo a evitar causar la furia del inquilino de Palacio Nacional, si no es que de total sumisión ante los deseos y caprichos del presidente de la República.

La desesperación con la que sus promotores y aplaudidores han buscado minimizar la anulación de la llamada “Ley Nahle”, jurando que la secretaria de Energía está “más fuerte que nunca” en su aspiración para ser gobernadora de Veracruz, demuestran exactamente lo contrario. Más allá del tema legal –Nahle nunca estuvo impedida debido a su residencia en Coatzacoalcos, más allá de los cargos que ha desempeñado en la Ciudad de México en los últimos años-, el golpe, como se mencionó en la entrega anterior de la Rúbrica, fue más de bien de índole política, pues el grupo que impulsa su candidatura quedó evidenciado como perpetrador de fraudes a la ley. Además, el tropiezo de la zacatecana sirvió para abrir por completo la carrera por la sucesión en la gubernatura de Veracruz, a la par de la que se librará por la Presidencia de la República.

La resolución de este martes con la que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la llamada “Ley Nahle”, significó un golpe político durísimo para la secretaria de Energía y el grupo que la apoya para que sea candidata a la gubernatura de Veracruz. Y no porque se le haya caído la candidatura, como erróneamente se interpretó en algunos medios el alcance de la resolución de la SCJN, sino porque quedaron exhibidos en su incompetencia, en su desprecio por la legalidad y, además, por el mensaje político implícito. La Corte eliminó del artículo 11 de la Constitución de Veracruz el supuesto introducido en la reforma aprobada el año pasado por los legisladores de Morena y sus aliados en la LXVI Legislatura del Estado –incluidos tres panistas-, en el que se establecía que son veracruzanos las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado “con hijos veracruzanos”.

Casi sin asomo de duda se puede afirmar que si las elecciones presidenciales fueran hoy, Morena las ganaría sin problema, independientemente de quien fuese la o el candidato. Y no porque los aspirantes conocidos representen grandes opciones para el país, ni porque Morena gobierne bien. Es totalmente claro que son dos los factores que influyen en esta tendencia. Y uno especialmente. Por un lado, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la cual depende completamente todo el régimen que arribó al poder en 2018. Sin su figura, la gran mayoría de quienes hoy ocupan gubernaturas, alcaldías, senadurías y diputaciones simplemente jamás habría soñado siquiera con llegar a esas posiciones.

Cada día que pasa, Cuitláhuac García Jiménez se parece más a Javier Duarte de Ochoa. Tras detener mediante una celada –a la que se prestó un líder sindical “charro” al que sus agremiados deberían considerar seriamente desconocer, pues está al servicio de sus estultos patrones- a dos mujeres que participaron en la toma de las instalaciones centrales de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), el régimen “cuatrotero” se les echó encima con la clara intención de mandar un mensaje de escarmiento a toda la burocracia estatal. La Fiscalía General del Estado imputó a Norma Midia “N” y Yelitza Lindali “N” como presuntas responsables del delito de “sedición en agravio de la seguridad del estado”, por haber tomado de manera pacífica las instalaciones de Sesver en protesta por abusos y violaciones de tipo laboral, ampliamente referidas. El Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz establece en su artículo 309 que por el delito de sedición “se impondrán de seis meses a seis años de prisión, multa hasta de ochenta días de salario y suspensión hasta por dos años en sus derechos políticos a quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para:

De aquel profesor universitario y de bachillerato que algunos recuerdan sencillo y comprometido con causas sociales de corte “progresista”, no queda absolutamente nada. Cuatro años ebrio de poder al frente del gobierno de Veracruz han logrado hacer salir el verdadero yo de Cuitláhuac García Jiménez: el de un represor vulgar, fascistoide, iracundo, que se ensaña con los débiles y que manipula, como cualquiera de sus antecesores, el aparato de la justicia para “escarmentar” a quienes en sus delirios autoritarios ubica como “enemigos”. Y no nos referimos a los políticos que ha metido a la cárcel y que mantiene presos mediante argucias legaloides, que solo eso ya lo pinta de cuerpo entero. Sino a los cientos de casos en los que ha utilizado a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado para acallar protestas de ciudadanos de a pie y, principalmente, de trabajadores de su propio gobierno.