Aurelio Contreras Moreno

Lo que se juega México el año entrante es, simple y llanamente, su futuro como nación. Por eso es que resulta tan preocupante el camino que están tomando los acontecimientos en el país: comunidades que toman justicia por mano propia ante la incompetencia y –peor aún- indolencia de autoridades a las que lo único que les importa es aferrarse al poder; un vacío absoluto de propuestas reales de alternativas de país por parte de quienes pretenden gobernarlo; y un régimen que se abalanza sobre las instituciones que lo fiscalizan y que le hacen contrapeso, en su infame intentona por restaurar la autocracia del peor priismo, pero ahora de color guinda. Y nada parece poder ponerle freno. Mientras se avizora inevitable que una integrante del morenato arribe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está a punto de ser tomado por otros personeros del régimen, con lo que el resultado de las elecciones del próximo 2 de junio pende de un hilo, pues la certeza que durante más de dos décadas garantizó el órgano jurisdiccional a los comicios está a punto de desaparecer. Con todo y la evidencia de la corrupción y autoritarismo del obradorato, al menos hasta ahora tienen todo controlado. Incluido a un amplio segmento del electorado, cautivo gracias a los programas clientelares que probablemente le resuelven algo del día a día, pero que lo condenan a un futuro de dependencia de lo que cualquier gobierno quiera darles. Prebendas, migajas, más no oportunidades reales de desarrollo.

Los sucesos violentos del pasado viernes son un reflejo nítido del momento por el que pasa el país y pudiesen constituir un parteaguas de proporciones no estimadas aún. En el poblado de Texcaltitlán, en el Estado de México, transcurría una escena que es familiar en muchas otras localidades de todo el país: un grupo criminal que se presentaba a cobrar “derecho de piso” a los productores agrícolas del lugar. Esto es, el pago forzoso a los delincuentes de un porcentaje de las ganancias generadas por su trabajo. Sin embargo, de acuerdo con lo que se sabe, cuando los sicarios anunciaron que el porcentaje se iba a incrementar la situación se les salió de control, pues los pobladores se les fueron encima a balazos y machetazos. El saldo final fue de 14 personas muertas, 11 de las cuales pertenecían al bando de los delincuentes mientras que tres eran vecinos del lugar. La decisión de los pobladores de jugarse la vida –y algunos, perderla- para ponerle un alto a las extorsiones y amenazas es una prueba dolorosa y al mismo tiempo contundente de la ausencia del Estado, de la orfandad de los ciudadanos y, especialmente, de la necesidad de defenderse por su cuenta, ante la inmovilidad o abierta complicidad de las autoridades.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes Tribunal Federal Electoral) ha sido una de las instituciones fundamentales, junto con el IFE/INE, para la transición que permitió la democratización paulatina de México tras 70 años ininterrumpidos de “dictadura perfecta”. Desde su creación hace apenas poco más de dos décadas, el Tribunal Electoral le ha dado certeza a la justicia electoral y, en consecuencia, a los resultados de los diferentes comicios que se han celebrado desde entonces, al dirimir las controversias presentadas por los actores políticos e incluso por otros organismos electorales, federales y locales. La calificación de las elecciones y la definitividad de las sentencias del Tribunal Electoral han evitado un sinfín de conflictos post-electorales y han contribuido a mantener la estabilidad política del país. No es exagerado afirmar que es una de las instituciones más importantes de México. Pero todo lo anteriormente mencionado solo ha sido posible porque la fuerza del Tribunal Electoral se finca en su autonomía, en su alejamiento de los intereses partidistas a la hora de sus resoluciones que, si bien forman parte de su diseño institucional, por lo menos hasta 2018 brindaron esa certeza necesaria para que los resultados de las elecciones sean creíbles.

El lamentabilísimo despliegue de deshonestidad, autoritarismo, ilegalidad y corrupción que presenció el país la semana pasada con los acontecimientos en Nuevo León no es poca cosa. Representa un aviso para 2024. No solo quedó completamente expuesta la verdadera naturaleza de Movimiento Ciudadano como comparsa de Morena para las elecciones del año entrante. Se evidenció la tentación latente por pasar completamente por encima de la ley para imponer decisiones autoritarias y violadoras de cualquier clase de limitante jurídica. El fallido aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dio rienda suelta a las más simiescas prácticas al enderezar un “golpe de Estado” de facto contra los poderes en su entidad. Primero, con la irrupción de un grupo de porros emecistas en el Congreso neoleonés que intentaron reventar la sesión en la que se designó gobernador interino; luego, al prácticamente secuestrar la sede del Ejecutivo estatal con un despliegue policiaco grotesco para impedir que asumiera como su relevo un personaje al que no podría mangonear mientras se lanzaba a una aventura electoral no con el afán de ganar, sino de fragmentar el voto opositor al régimen.

Cuando el gobernador Cuitláhuac García afirma que en el pasado no tan lejano se llevaban a cabo elecciones de Estado de Veracruz, no le falta razón. En la tradición del viejo régimen, prácticamente no había diferencia alguna entre el gobierno y el partido oficial. Eran uno mismo. Así que los recursos públicos de las diferentes administraciones se trasladaban de manera cuasi natural a los candidatos, las estructuras partidistas y los operadores electorales para que, invariablemente, ganaran los abanderados del régimen en turno. Eso es lo que caracteriza a una elección de Estado. Además, conforme a una muy mexicana costumbre, el titular del Ejecutivo –el presidente, el gobernador- buscaba designar a su sucesor. Y si bien no siempre conseguía dejar a su favorito, siempre tomaba la decisión de favorecer a quien hubiese sido el –porque en ese tiempo no había espacio para ellas- beneficiado por la circunstancia. El presidente de la República era el gran elector por excelencia de las épocas del PRI hegemónico. Además de determinar a su sucesor, usaba sus facultades “metaconstitucionales” para “palomear” o decidir directamente sobre quiénes irían a las gubernaturas e incluso a las alcaldías más importantes. Era un sistema monolítico, centralizado y, claramente, nada democrático. Pero eficaz para mantener un férreo control.

Como la gran mayoría de los aspirantes morenistas a cargos de elección popular –con sus contadas excepciones-, la candidatura de Rocío Nahle a la gubernatura de Veracruz solo se sostiene por la decisión cupular de imponerla a toda costa, y por la acción del aparato del Estado para favorecerla ilegalmente. Sin arraigo ni cercanía alguna con la población –ni siquiera con la de Coatzacoalcos, donde solo eventualmente llega a poner un pie para “demostrar” su “residencia”-, la política oriunda de Zacatecas depende por completo del poder de la marca a la que está adscrita: el obradorismo. Es en lo único que finca su posibilidad real de alcanzar la primera magistratura del estado de Veracruz. Sin eso, ni en sueños. Su propio contendiente en el proceso interno para determinar la candidatura de Morena a la gubernatura, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se encargó de recordarle en estos días que el ganador de la encuesta fue él, y que su eventual nominación a la primera fórmula del Senado de la República se la otorgó el partido a quienes “lograron el más alto porcentaje en la pasada encuesta y quienes facilitaron la paridad de género”.

A la oposición en Veracruz parece que no le corre prisa por definir a quién postulará para disputar la gubernatura. Mientras bien que mal el morenato ya definió que sea Rocío Nahle su candidata –con todos los bemoles que puedan ponérsele-, los partidos de la coalición opositora avanzan a paso de hipopótamo enfermo, cediendo espacios que después será muy difícil recobrar. Sí, es cierto que los tiempos legales aún les dan margen para tomar la decisión. Pero así como ocurrió en el caso de la candidatura presidencial, los tiempos políticos son otros y Morena ha tomado ventaja adelantando los procesos. Ilegalmente, también es cierto. Pero como las autoridades electorales quedaron rebasadas, han salido impunes y como haya sido, sus candidaturas más importantes están definidas. Y abiertamente en campaña. En Veracruz, la coalición opositora sigue entrampada entre los intereses de las dirigencias y la ausencia de acuerdos en la mayoría de los casos. Más preocupados por sus grillas internas que por una elección que se celebrará dentro de ocho meses. En Veracruz, la coalición opositora sigue entrampada entre los intereses de las dirigencias y la ausencia de acuerdos en la mayoría de los casos. Más preocupados por sus grillas internas que por una elección que se celebrará dentro de ocho meses.

A pesar del triunfalismo que quieren aparentar, la realidad es que el proceso interno de Morena para definir a sus candidatas y candidatos a las nueve gubernaturas que estarán en disputa en 2024 evidenció la debilidad con la que arriban a las campañas, con fracturas que aun cuando se intentan ocultar, jugarán un rol que llegará a ser determinante. Quizás el caso más emblemático es el de la Ciudad de México. La imposición de Clara Brugada como “coordinadora de defensa de la transformación”, con todo y que fue ampliamente superada en las encuestas por “el policía” Omar García Harfuch, es una gran derrota para Claudia Sheinbaum, quien ni siquiera en el territorio que gobernó pudo decidir sobre su sucesión, imponiéndose en cambio el “ala dura” del morenismo. Y los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es poca cosa que una candidata presidencial con amplias posibilidades de ganar sea humillada de esa manera por su propio partido. Es un tremendo signo de fragilidad y ausencia de liderazgo que, por lo menos en este momento, no augura independencia de juicio ni autonomía de acción en caso de llegar a la Presidencia de la República. La sombra de López Obrador, cuya megalomanía llegaría a la cúspide con una especie de “maximato” al estilo Plutarco Elías Calles el siguiente sexenio, opaca por completo a una Claudia Sheinbaum que de por sí inspira poca emoción hasta entre los morenistas, que pareciera estar enfadada la mayor parte del tiempo y que, como quedó demostrado con el fiasco del estadio Azulgrana, depende por completo del acarreo y de la movilización de las estructuras para llevar gente a sus mítines.

Como se previó en este mismo espacio, Morena buscó una salida para ungir a Rocío Nahle como su virtual candidata a la gubernatura de Veracruz, aun cuando no ganó la encuesta interna para ser nombrada “coordinadora estatal de defensa de la transformación”. La tarde de este jueves, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena difundió un acuerdo en el que se decidió que “si los resultados de los procesos internos de organización arrojan un número mayor de hombres que ponga en riesgo” el “equilibrio de género”, el órgano partidista competente realizará “los ajustes necesarios para que se cumpla con la paridad de género con las mujeres mejor posicionadas en las encuestas”. Dicho de otra manera. En varias entidades fueron hombres los que ganaron las encuestas y Veracruz, hasta donde se sabe, es una de éstas. Así que por “dedazo”, la dirigencia nacional de Morena determinará a quien sea finalmente la candidata, tomando como base –y salida de emergencia- el acuerdo de paridad de género aprobado por el INE y ratificado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que mandata que sean postuladas cinco mujeres como candidatas a las gubernaturas en 2024. Hasta ahí, todo bien. Empero, si nos atenemos a lo que se filtró a medios, la de Nahle García ni siquiera fue una candidatura interna competitiva, pues habría sido relegada al tercer lugar en todas las mediciones. ¿Qué les pueden ofrecer a los que no solo ganaron, sino que lo hicieron de calle? Pues darles “premios de consolación” en forma de plurinominales.

Las protestas de los dos últimos días en la capital del estado de Veracruz desnudaron –otra vez- la incompetencia y, sobre todo, la indolencia del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, específicamente, respecto del tema de los desaparecidos en el estado. Desde el lunes, más de 30 colectivos de familiares de personas desaparecidas del estado de Veracruz tomaron el palacio de gobierno y las calles del centro y la salida de Xalapa a Veracruz puerto demandando una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con la fiscal general del estado Verónica Hernández Giadáns y con los titulares de las instituciones que conforman el Mecanismo Estatal de Coordinación (MEC). En su posicionamiento público, los colectivos expresaron “nuestra consternación ante la lentitud en los avances para localizar e identificar a nuestros seres queridos. Vemos que los procesos de búsqueda, recuperaciones e identificación están tardando años para lograr notificaciones y restituciones”. Señalaron que “al ver por ejemplo que en seis años de intervención en el predio la Guapota, si bien las exhumaciones se han realizado con todo el debido cuidado, solamente se han logrado restituciones de 11 de los cuerpos recuperados, nos preocupa lograr identificar a todos los que se han encontrado mientras estamos con vida”.