Aurelio Contreras Moreno

Este fin de semana en el sur de Veracruz atestiguaron una grotesca pero reveladora reedición de las prácticas políticas más arcaicas y deshonestas de las que el PRI se valió todo el tiempo hasta no hace mucho, pero que ahora usan sin pudor sus herederos en Morena. La “cargada”, esa muy priista manera de adherirse a un proyecto político a través de figuras como el corporativismo y el clientelismo, fue lo que marcó las giras que realizaron por el sur de la entidad la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, para promover –ilegalmente- sus aspiraciones para ocupar la Presidencia de la República. Sin asomo de rubor por el descarado desvío de recursos públicos para un acto eminentemente político y electorero, todo el aparato del Estado se volcó en Coatzacoalcos para arropar a Sheinbaum, a quien en el grupo gobernante en la entidad consideran es la que lleva la “línea” del presidente Andrés Manuel López Obrador para sucederlo.

En su desquiciada carrera por desmantelar todas las instituciones que se lograron construir durante la inacabada –y al paso que va, malograda- transición a la democracia en México, el lopezobradorismo le asestó un golpe durísimo a la transparencia y la rendición de cuentas. Valores que detesta, por cierto. A partir de este sábado 1 de abril, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se volverá inoperante, luego de que el Senado de la República fue omiso en el nombramiento de tres comisionados que sustituyeran a los que concluyeron sus respectivos periodos. ¿Por qué inoperante? Porque el Pleno del Inai no contará con el quórum legal para poder sesionar, lo que literalmente lo paraliza e inutiliza, pues no puede resolver absolutamente ningún asunto, pues sus actos no tendrían validez jurídica. El Senado –órgano que nos sale demasiado caro para actuar como una vulgar oficialía de partes del Ejecutivo- debió nombrar desde marzo del año pasado a dos comisionados que dejaron vacantes sus puestos, y en este mes debió designar a uno más, en sustitución de Francisco Javier Acuña, quien dejará el Inai el próximo sábado.

Las consecuencias de las pésimas decisiones tomadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materias como la política migratoria, así como la incompetencia –sello de la “4t”- e indolencia de su funcionariado, finalmente han provocado una tragedia mayúscula que es atribuible única y exclusivamente a ellos. La muerte de 38 migrantes, calcinados en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, es responsabilidad directa del gobierno de López Obrador por varias razones. La primera de ellas, la sumisión del régimen lopezobradorista ante una imposición del gobierno de Estados Unidos, en ese momento encabezado por Donald Trump, para convertir a México en el “muro” prometido por el empresario estafador metido a político. Hay que recordar que a principios del sexenio, la política de “puertas abiertas” a los “hermanos migrantes” del lopezobradorismo cambió subrepticiamente a una de persecución y confinamiento.

La corrupción, las malas prácticas, las ambiciones personales desbocadas y el vacío de poder que implica un gobernador ausente, abúlico e incompetente, están teniendo consecuencias cada vez más graves en diversos ámbitos en Veracruz. La Salud, rubro en el que la actual administración se ha “despachado” con la cuchara grande desviando dinero –como quedó evidenciado con el caso de la contratista “fantasma” Araly Rodríguez Vez- está pasando por un momento crítico no únicamente por problemas como el desabasto de medicamentos –baste ir a cualquier hospital público para corroborarlo-, sino por las decisiones sin fundamento que se toman desde el poder central y que afectan los procesos médicos y la atención de los pacientes. El pasado 22 de marzo, fueron suspendidas las cirugías programadas y las consultas externas de especialidad en el Hospital Regional “Luis F. Nachón” en Xalapa. A través de un memorándum, el jefe del Servicio de Cirugía General, Melito Lozano Morales, informó de la determinación a la subdirectora del nosocomio, Reina I. Uscanga Uscanga, debido a “la situación actual del servicio de anestesiología que Usted ampliamente conoce y derivado del acuerdo unánime de los especialistas del servicio”.

Las respuestas pusilánimes ofrecidas por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y su primo hermano, el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, luego de la exhibición mediática de la operación político-electoral que se fragua desde las dependencias del gobierno veracruzano, es una muestra más de cómo la autoproclamada “cuarta transformación” en Veracruz no es más una mera extensión del priismo más rancio. Como en su momento lo hicieron cualquiera de los políticos que los precedieron en el poder, Cuitláhuac y el “orgullo de su nepotismo” hicieron gala de cinismo queriendo engañar a la gente con la mafufada de que las instrucciones que se oye dar al ex priista Ulises Rodríguez Landa a empleados de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, para que conformen una estructura electoral en los seccionales de Xalapa, son actividades “de fin de semana” que se realizan a partir de las “convicciones partidistas”. Lo mismo decían, palabras más o menos, Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa o Miguel Ángel Yunes Linares –que nunca dejó de ser priista en su fuero interno y en sus prácticas políticas- cuando se evidenciaba el descarado uso y desvío de recursos públicos para favorecer a sus partidos y candidatos. Pretextos y falacias al amparo de la sensación de impunidad que da el poder y que, a excepción de Duarte, los otros han gozado plenamente. Y que los actuales también creen que van a tener cuando termine este gobierno.

Entre las muchas arengas, consignas y balandronadas que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó el pasado sábado durante su mitin de simpatizantes y acarreados en el Zócalo de la Ciudad de México, hubo una que delinea claramente lo que el régimen que encabeza va a buscar hacer. “Hagan lo que hagan, no regresarán al poder”, le dijo López Obrador a quienes más que adversarios, realmente considera sus enemigos, y que son todos aquellos que no piensan como él ni se someten a sus deseos. Y “garantizó” que con cualquiera de los aspirantes de Morena que buscan sucederlo, está asegura la “continuidad con cambio”. Aunque en realidad, en su horizonte solo hay dos opciones: Claudia Sheinbaum o Adán Augusto López Hernández. Ambas expresiones reflejan el profundo talante antidemocrático del lopezobradorismo, pues en lo último que están pensando es en respetar el voto ciudadano libre, que aun cuando en este momento pareciera favorecer a Morena, no es estático y su sentido puede cambiar radicalmente de un día para otro.

Aunque aprovechó la coyuntura para lanzar una embestida más, ésta contra el Poder Judicial, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador saben que su reforma electoral, conocida como el “Plan B”, está tan mal hecha y es tan abiertamente inconstitucional, que difícilmente pasará la aduana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que cuenta con sobrados argumentos para echarla abajo. En donde el régimen tiene enfocadas sus baterías es en la ruta que le daría lo que finalmente está buscando, que es el control del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa ruta es apoderarse a través de alfiles, de títeres del gobierno, de las cuatro consejerías del órgano electoral que están por renovarse en los próximos días. Mientras la discusión política se centraba en los dimes y diretes sobre el “Plan B”, Morena se apoderaba del órgano encargado de organizar el proceso de selección de nuevos consejeros colocando ahí a otros incondicionales y peleles del régimen, como Enrique Galván Ochoa, columnista “orgánico” de la “4t” y quien se suponía se encargaría de la redacción de la “Constitución moral” con la que el morenato amagó con intentar adoctrinar a la población.

Sin poder salir del pasmo que les causó la movilización ciudadana de este domingo, para los líderes, voceros y palafreneros de la autoproclamada “cuarta transformación” no hubo otra salida que descalificar a los mexicanos y mexicanas que salieron a expresar libremente su descontento ante la intentona de imponer una regresión autoritaria y antidemocrática en el país. Instalados en la retórica de la negación, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su coro de imitadores y aduladores –el gobernador de Veracruz incluido- mantuvieron este lunes las consignas con las que hicieron una feroz campaña de propaganda para intentar inhibir la participación en la marcha contra la reforma electoral que destaza al INE. De manera soez, insultaron a los ciudadanos y ciudadanas que invirtieron su domingo de descanso para defender la democracia en ejercicio de su libertad de expresión y su derecho a la manifestación. Las personas que marcharon en la Ciudad de México y otras 100 ciudades de la República Mexicana y el extranjero fueron tildadas por los gobernantes de “defensoras de los privilegios” de los funcionarios de los órganos electorales. Como si no fueran privilegiados con jugosos salarios absolutamente todos los altos funcionarios de las administraciones federal y estatales. Como si el titular del Ejecutivo no viviera en un palacio virreinal.

Este miércoles, el Senado de la República ratificará lo que falta del llamado “Plan B” electoral promovido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La cerrazón y el autoritarismo de un régimen que, irónicamente, no ve ni oye a quienes disienten –exactamente de la misma forma como los ignoraban y avasallaban en el “periodo neoliberal”- ha quedado de manifiesto con su negativa a dialogar siquiera con los sectores de la sociedad civil que se le oponen para, por lo menos, escuchar lo que tienen que decir. Esto, en un afán desbocado por debilitar a tal grado el sistema electoral del país que de ninguna manera se pueda evitar que se enquisten en el poder y con ello, dar marcha atrás a las luchas democráticas que, por estúpido que parezca, encabezaron muchos de quienes hoy aplauden su destrucción. Es por ello que les irrita tanto la marcha que para protestar por la embestida antidemocrática del régimen de la mal llamada “cuarta transformación” se celebrará en más de 80 ciudades de la República –nueve de ellas en el estado de Veracruz- este domingo 26 de febrero: no soportan que la sociedad se organice fuera de la férula de un gobierno que pretende controlarlo todo, incluso la manera de pensar, como en cualquier autocracia bananera.

Entre las excusas, los dislates y las tonterías con las que pretenden tomarle el pelo a los veracruzanos para sostener el discurso de la supuesta honestidad, al gobierno de Cuitláhuac García le cayó como bomba el nuevo informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que evidencia el manejo desaseado de los recursos públicos en Veracruz. En los Informes Individuales de la Fiscalización Superior la Cuenta Pública 2021, la ASF reportó que el gobierno de Veracruz tiene miles de millones de pesos por aclarar entre los recursos del gasto federalizado, el gasto federalizado programable y el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En el caso del gasto federalizado, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tiene irregularidades por un total de mil 438.8 millones de pesos, de acuerdo con el informe consolidado. Revisando un poco el detalle, solamente en el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, la ASF determinó, entre otras irregularidades, que los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) “no destinaron todos los recursos del programa y los rendimientos financieros generados al cumplimiento del objeto del programa” y realizaron pagos por 77 millones 192.1 pesos por “conceptos de nómina no autorizados para financiarse con cargo en los recursos del programa”.