Aurelio Contreras Moreno

El hallazgo de un campo de exterminio en un rancho de la localidad de Teuchitlán, Jalisco, no es más que una evidencia más del Estado fallido que pervive en México y de cómo las omisiones de todos los niveles de gobierno, han llevado a este país a una intolerable emergencia humanitaria.
El horror que sugieren –porque ni siquiera ha sido necesario encontrar cuerpos en el lugar- los cientos de pertenencias personales encontradas en el rancho Izaguirre es dantesco: hablan de tortura, de dolor, de la pérdida total de humanidad para infringir el mayor daño posible en los últimos momentos de la existencia de una persona.
Más de mil 300 registros de prendas, identificaciones y efectos personales –quizás los más impresionantes, los cerca de 200 pares de zapatos- encontrados en ese lugar dan cuenta, además del terror sufrido por las víctimas en los últimos momentos de sus vidas, de la brutal impunidad de los criminales y la complicidad de autoridades que nunca quisieron enterarse de lo que estaba sucediendo en sus narices. Lo cual ha sido una constante en prácticamente todo el país.
De Tijuana a Cancún, de Matamoros a Tapachula, la violencia sentó sus reales con la ayuda de autoridades que se coludieron con los criminales más sanguinarios de la historia de este país; que les entregaron no solo los territorios de comunidades, municipios, estados y regiones enteras, sino la tranquilidad y el derecho a la vida en paz de millones de personas, que hoy vivimos en la zozobra, que no contamos con ninguna certeza de que el Estado cumplirá con una de sus obligaciones fundamentales, básicas, que es la de garantizar la seguridad de la población, que para eso es que se dota de los diferentes niveles de gobierno.

A cuentagotas, en lo que “planchan” las inconformidades en cada municipio, Morena empezó a anunciar esta semana quiénes encabezarán sus candidaturas a los 212 ayuntamientos veracruzanos que se renovarán en los comicios de este próximo 1 de junio.
Como ya es una costumbre en el nuevo partido oficial, sus procesos se hicieron al margen de la legalidad electoral, a través de figuras que no están contempladas en norma alguna, como la de “promotores de la cuarta transformación”, eufemismo para darle la vuelta a las leyes y no decirles precandidatos, que es lo que en realidad son y que, por ese motivo, tendrían que rendir cuentas de sus gastos de promoción y las aportaciones recibidas en este periodo.
Sin embargo, como no hay autoridad que les ponga un alto y mucho menos que se atreva a anularles alguna candidatura, en Morena hacen lo que quieren y postulan a quienes la cúpula, no la militancia –como pretenden hacerles creer-, escoge.
Aunque el “método” que supuestamente utilizan para las definiciones es el de las encuestas, desde el proceso electoral del año pasado quedó más que probado que es una falacia, un engaño, porque la decisión final se toma en el centro del país, mediante el infalible e inefable “dedazo”. Así se definió en su momento la candidatura de Rocío Nahle a la gubernatura de Veracruz y así se están decidiendo las de las presidencias municipales.

Mientras la atención mediática y política en Veracruz está concentrada en los procesos electorales de las 212 presidencias municipales y, en menor medida, en el del Poder Judicial a nivel federal y estatal, hay otra elección en vísperas en la que también hay muchísimos intereses en juego: la de la rectoría de la Universidad Veracruzana.
Está por concluir el periodo de cuatro años para el que fue designado como rector Martín Aguilar Sánchez. Tiempo que podría considerarse como totalmente perdido, en el cual la casa de estudios fue ninguneada, humillada, gracias a la sumisión de quien tenía la responsabilidad de defender sus intereses.
Para nadie es un secreto a estas alturas que Aguilar Sánchez llegó a la rectoría de la Universidad Veracruzana con el beneplácito del régimen morenista, que vio en este académico de modesta imagen y muy cortos alcances el perfil perfecto para tomar el control de la casa de estudios, en sintonía con su estrategia de colonizar todas las instituciones para colocarlas dentro de una sola línea política y de pensamiento. Algo que, para una universidad, es monstruoso, valga decir.
Gris, apocado, negado para las relaciones públicas, Aguilar Sánchez se pasó los cuatro años de su gestión encerrado en la torre de rectoría, mientras la UV no solo perdía protagonismo entre las instituciones de educación superior del país –públicas y privadas-, sino que también veía vulnerado su derecho a contar con el presupuesto que le corresponde constitucionalmente y que, de manera sistemática, los gobiernos de la mal llamada “cuarta transformación” –el de Cuitláhuac García y ahora el de Rocío Nahle- le negaron.

Las sorpresivas -aunque no tan difíciles de explicar- extradiciones “fast track” que hizo el gobierno de México este jueves 27 de febrero de 29 presuntos –por aquello de que no tenían sentencias, lo cual no es un dato menor- criminales a Estados Unidos, suponen un completo viraje en la política que el actual régimen, el de la supuesta “transformación”, había aplicado desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Desde que asumió el poder Donald Trump en su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, las presiones que ejerció sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum –comerciales y hasta de tipo militar- provocaron un cambio total, palpable, en la estrategia de seguridad: se enterró el absurdo cómplice del “abrazos, no balazos” del sexenio obradorista y, como por arte de magia, comenzaron a caer operadores y sicarios de diversos grupos criminales, en especial del cártel de Sinaloa.
En cuatro meses de la administración de Sheinbaum, han sido detenidos más criminales de alta peligrosidad que en todo el sexenio de López Obrador. Y eso revela una sola cosa: siempre supieron dónde y cómo aprehenderlos. Simplemente, no habían querido hacerlo. Hasta ahora, que se han visto obligados a actuar.
Lo anterior, no solo por las bravuconadas y amenazas de Trump –que con que imponga uno solo de los aranceles con los que amaga, provocaría una recesión económica de grandes proporciones en México-, sino por lo que en realidad los tiene con los pelos de punta: la posibilidad de que el capo que está en Estados Unidos desde el año pasado, Ismael “El Mayo” Zambada, revele con lujo de detalle las redes de complicidad del régimen de la “cuarta transformación” con el crimen organizado. En tiempo presente.

Vaya embrollo en el que están metidos en la Secretaría de Educación de Veracruz, de donde no salen de una cuando ya están metidos en otra.
La SEV es una de las dependencias más importantes y sobre todo, más delicadas de la administración estatal. Tanto por el enorme presupuesto que maneja –el mayor de todas las secretarías de Veracruz- como por su número de empleados, que incluye a todo el magisterio de la entidad.
Por esa razón, su manejo requiere no solo capacidad operativa para dirigir a un verdadero monstruo en términos burocráticos, sino también de una singular capacidad de interlocución con todos los sindicatos de maestros, que tienen orientaciones e intereses variopintos.
La gobernadora Rocío Nahle decidió colocar al frente de esa sensible área a una persona de toda su confianza: Claudia Tello, a quien el sexenio pasado promovió dos veces para ser diputada federal por Xalapa –en donde sus electores, por cierto, no volvieron a saber de ella luego de los dos comicios en los que participó-, y el año pasado la hizo candidata de Morena al Senado, a donde llegó sin mucho problema, superando en la elección a –ironías de la vida y la política- su hoy “compañero de partido” Miguel Ángel Yunes Márquez.

Este jueves, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la tercera entrega de la Cuenta Pública 2023 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en la cual detectó irregularidades que podrían constituir un daño a la Hacienda pública por más de 51 mil millones de pesos.
Se trata de la revisión del uso de los recursos federales en el quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y es la suma de las tres cuentas públicas de 2023. Solo en la última, están “bailando” más de 48 mil millones de pesos, de acuerdo con lo informado por el auditor superior, David Colmenares Páramo.
Los principales boquetes fueron detectados en organismos como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur. Todos, directamente relacionados con algunos de los más graves saldos, símbolos de su estrepitoso fracaso, dejados por el gobierno obradorista: desabasto de medicamentos, carencia de insumos médicos, el pozo sin fondo de la dependencia del petróleo y el derroche ecocida del fallido Tren Maya.

Vaya crisis la que causaron los Yunes, “sin querer queriendo”, al interior de Morena.
La afiliación formal –porque en sus filas estaba desde diciembre pasado- del senador traidor Miguel Ángel Yunes Márquez al Movimiento de Regeneración Nacional provocó este martes un terremoto entre los morenistas, en especial los del estado de Veracruz, que encabezados por la gobernadora Rocío Nahle se declararon en “rebeldía” contra su dirigencia nacional.
La fotografía de Yunes Márquez como parte de la bancada de Morena en el Senado y su afiliación previa cayó como bomba en el ánimo de Nahle, quien no le perdona a él y su parentela la difusión de su riqueza inmobiliaria durante la campaña a la gubernatura del año pasado, por lo cual reaccionó iracunda a la incorporación de su enemigo político y personal al partido, donde según ella se “reservaban el derecho de admisión”.
Nahle exigió en redes sociales a la Comisión de Honestidad y Justicia –hasta suena a chiste- de su partido que “NO acrediten la membresía como integrante de MORENA a Miguel Ángel Yunes Márquez, por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración”. Y le dijo a la presidenta nacional formal –porque el liderazgo real se ejerce en otro lado- que le enviará la famosa “carpeta azul” con supuestas pruebas del involucramiento del ex panista en “lavado de dinero y otros delitos”.

El nepotismo y el consiguiente tráfico de influencias parece ser uno de los “pecados” favoritos de los políticos y autoridades afiliadas a la autoproclamada “cuarta transformación” y ahora a su “segundo piso”, que efectivamente ha resultado una prolongación de los mismos vicios.
Durante el anterior sexenio en Veracruz, un primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, Eleazar Guerrero Pérez, fue nombrado indebidamente como titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, desde donde manejó a su antojo el erario, colocó alfiles en todas las secretarías de despacho, financió a una asociación civil con la que hizo política electoral a costa del dinero público y se enriqueció ostensiblemente para después, obtener la impunidad del fuero del que hoy goza, habida cuenta de que varios dentro del gobierno, el que pasó y el actual, se beneficiaron de esa sangría descarada de recursos y se la debían.
Pero el de Guerrero Pérez no fue el único caso de castas familiares que fueron al abordaje de puestos públicos o de prebendas financiadas por el erario. Por ejemplo, las hermanas García Cayetano, quienes cobijadas por Cuitláhuac García –quien a la par, hizo a su hermano Tonatiuh “director de cine”- accedieron a posiciones legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia en las que su desempeño fue, por decir lo menos, bastante cuestionable.

El problema del desabasto de medicamentos, uno de los peores desastres provocados por las nefastas políticas “austericidas” del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” y su extensión de “segundo piso”, sigue causando estragos entre la población, cuya vida se pone irresponsable y criminalmente en riesgo.
La tarde de este martes, circuló un oficio en el que se informaba sobre la suspensión de todas las cirugías programadas para todos los servicios quirúrgicos en el Hospital Regional de Xalapa “Luis F. Nachón”, uno de los que atiende al mayor número de pacientes, la mayoría de escasos recursos, en los servicios de salud de Veracruz.
La tarde de este martes, circuló un oficio en el que se informaba sobre la suspensión de todas las cirugías programadas para todos los servicios quirúrgicos en el Hospital Regional de Xalapa “Luis F. Nachón”, uno de los que atiende al mayor número de pacientes, la mayoría de escasos recursos, en los servicios de salud de Veracruz.
Mediante el memorándum no. HRDLFN/ANESTESIOLOGIA/01/2024, fechado este 11 de febrero y firmado por el jefe del Servicio de Anestesiología, Octavio Arturo Carrión Mora, se le informa al director del Hospital Nachón -como es popularmente conocido-, Antonio Vásquez García, sobre la suspensión de los procedimientos quirúrgicos debido a la carencia, y no es broma ni exageración, ¡de medicamentos anestésicos!
“Debido a la situación que venimos atravesando, ante la falta insumos, de medicamentos indispensables y prioritarios para brindar una atención oportuna y de calidad a los usuarios de esta unidad hospitalaria, al no contar con medicamentos anestésicos (como fentanil, entre otros) nos vemos en la necesidad de suspender cirugías programadas de todos los servicios quirúrgicos, hasta que se cuente con los insumos necesarios”, señala el oficio referido, que expone de manera cruda lo que sin duda es una prueba de la crisis sanitaria por la que atraviesa el sector salud del estado. Porque además, esta situación no es exclusiva de este nosocomio.

La simulación es una de las prácticas favoritas de la autoproclamada “cuarta transformación”, junto con todas las malas mañas que con ésta buscan ocultar o justificar.
El pasado viernes, la gobernadora Rocío Nahle se reunió con ganaderos en Las Choapas, al sur de Veracruz, ante quienes mencionó, entre otras cosas, que “yo le pedí personalmente a mi esposo que me ayudara. En esto ha estado trabajando y ya se imaginarán, tengo el informe diario, todos los días me habla del hato ganadero y de todo el tema del campo, pero eso es bueno, porque me estoy enterando todos los días”.
La mandataria se refería al rol que su esposo, José Luis Peña Peña, desempeña dentro de su gobierno, concretamente en la Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa), mismo por el que, señaló en ese mismo momento, su cónyuge no percibe un salario.
Esa declaración, que solo unos pocos medios se atrevieron a destacar, provocó controversia sobre el papel de José Luis Peña Peña dentro de la administración de Nahle y si esto supondría un acto de nepotismo, por decir lo menos.
Este lunes, la gobernadora concedió una entrevista con el propósito de rechazar la idea del nepotismo. Pero en realidad, solo logró ratificar lo irregular de la posición de Peña Peña dentro de su administración.