Aurelio Contreras Moreno

El problema del desabasto de medicamentos, uno de los peores desastres provocados por las nefastas políticas “austericidas” del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” y su extensión de “segundo piso”, sigue causando estragos entre la población, cuya vida se pone irresponsable y criminalmente en riesgo.
La tarde de este martes, circuló un oficio en el que se informaba sobre la suspensión de todas las cirugías programadas para todos los servicios quirúrgicos en el Hospital Regional de Xalapa “Luis F. Nachón”, uno de los que atiende al mayor número de pacientes, la mayoría de escasos recursos, en los servicios de salud de Veracruz.
La tarde de este martes, circuló un oficio en el que se informaba sobre la suspensión de todas las cirugías programadas para todos los servicios quirúrgicos en el Hospital Regional de Xalapa “Luis F. Nachón”, uno de los que atiende al mayor número de pacientes, la mayoría de escasos recursos, en los servicios de salud de Veracruz.
Mediante el memorándum no. HRDLFN/ANESTESIOLOGIA/01/2024, fechado este 11 de febrero y firmado por el jefe del Servicio de Anestesiología, Octavio Arturo Carrión Mora, se le informa al director del Hospital Nachón -como es popularmente conocido-, Antonio Vásquez García, sobre la suspensión de los procedimientos quirúrgicos debido a la carencia, y no es broma ni exageración, ¡de medicamentos anestésicos!
“Debido a la situación que venimos atravesando, ante la falta insumos, de medicamentos indispensables y prioritarios para brindar una atención oportuna y de calidad a los usuarios de esta unidad hospitalaria, al no contar con medicamentos anestésicos (como fentanil, entre otros) nos vemos en la necesidad de suspender cirugías programadas de todos los servicios quirúrgicos, hasta que se cuente con los insumos necesarios”, señala el oficio referido, que expone de manera cruda lo que sin duda es una prueba de la crisis sanitaria por la que atraviesa el sector salud del estado. Porque además, esta situación no es exclusiva de este nosocomio.

La simulación es una de las prácticas favoritas de la autoproclamada “cuarta transformación”, junto con todas las malas mañas que con ésta buscan ocultar o justificar.
El pasado viernes, la gobernadora Rocío Nahle se reunió con ganaderos en Las Choapas, al sur de Veracruz, ante quienes mencionó, entre otras cosas, que “yo le pedí personalmente a mi esposo que me ayudara. En esto ha estado trabajando y ya se imaginarán, tengo el informe diario, todos los días me habla del hato ganadero y de todo el tema del campo, pero eso es bueno, porque me estoy enterando todos los días”.
La mandataria se refería al rol que su esposo, José Luis Peña Peña, desempeña dentro de su gobierno, concretamente en la Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (Sedarpa), mismo por el que, señaló en ese mismo momento, su cónyuge no percibe un salario.
Esa declaración, que solo unos pocos medios se atrevieron a destacar, provocó controversia sobre el papel de José Luis Peña Peña dentro de la administración de Nahle y si esto supondría un acto de nepotismo, por decir lo menos.
Este lunes, la gobernadora concedió una entrevista con el propósito de rechazar la idea del nepotismo. Pero en realidad, solo logró ratificar lo irregular de la posición de Peña Peña dentro de su administración.

Dice un popular refrán que “no hay borracho que trague lumbre”. Algo así parece haber sucedido estos últimos días en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Como ya lo han mencionado algunos analistas, la primera escaramuza entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump concluyó más o menos como ambos lo calcularon: la presidenta mexicana no se “acalambró” –mucho- con la amenaza de la imposición arbitraria de aranceles a las exportaciones hacia Estados Unidos –aunque sí hubo otro elemento que la sacó de balance- y esperó a ver qué es lo que en realidad le pedía el empresario metido a político, que se hizo rico precisamente coaccionando a sus “socios”. Y él, a su vez, obtuvo lo que quería: una muestra de sometimiento para mantener el “show” en su territorio.
Trump sabe perfectamente que gravar con 25 por ciento los productos mexicanos que se exportan a la Unión Americana sería tan dañino para la economía estadounidense como para la nuestra. Así que se trató más bien de un chantaje para negociar otra cosa que, como se pudo observar este lunes, fue por principio de cuentas el compromiso de México de militarizar la frontera con diez mil elementos de la Guardia Nacional, de manera que éstos se conviertan en el “muro” que prometió desde su primer mandato para contener, aparentemente, la migración y, supuestamente, el tráfico de drogas.
¿Gana algo realmente Trump con esta medida? Poco, en los hechos. Si bien la presencia de militares en ambos lados de la frontera “cazando” migrantes dificultará los cruces, no los detendrá del todo. Y el otro “compromiso”, que se detenga también el flujo de drogas hacia Estados Unidos, es ilusorio. Si acaso, la encarecerá y eso le representará a alguien un gran negocio.

Mientras el escándalo por las empresas “fantasma” en la Secretaría de Educación de Veracruz causa revuelo político y mediático –aunque durante el anterior sexenio se documentaron varios casos más, que “embarraban” a las secretarías de Salud, de Seguridad Pública, de Finanzas y hasta al Tribunal Superior de Justicia-, por lo “bajito” se cocinan los negocios de los que quizás en seis años se estén entablando las correspondientes denuncias.
En el Congreso del Estado concretaron lo que Rocío Nahle anunció desde su toma de posesión como gobernadora de Veracruz: concentrar la construcción y la asignación de toda la obra pública del estado en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), convirtiéndola así en la “supersecretaría” del sexenio.
Mediante reformas a la Ley de Obras Públicas para el estado y otros ordenamientos en materia de construcción de infraestructura, adquisiciones y servicios, se determinó que todas las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas estarán a cargo exclusivamente de la SIOP, dotando a esa dependencia de un poder inmenso, tanto económico como político.

Vaya sacudida la que ha provocado el reconocimiento del Órgano de Fiscalización Superior de que el gobierno de Veracruz contrató empresas “fantasma” en el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez.
Especialmente, causó escozor el tema de la “empresa” denominada “Soluciones y Milagros”, la cual obtuvo 218 contratos por adjudicación directa y otros 27 vía licitación y que, como sucede con ese tipo de compañías, hacen y venden de todo. Y al final, no entregan nada de lo que se les contrata. Pero claro que lo cobran.
Pues bien, la aceptación de la auditora general Delia González de la existencia de ese esquema de desvíos de recursos –eso es lo que son- en el anterior gobierno, le puso los pelos de punta a más de uno de los que están hasta adentro en esos “negocitos” con los que se enriquecieron de la noche a la mañana, al amparo del presupuesto público y mientras pregonaban el traído y sobado discurso de la “honestidad”, la “austeridad” y el “no somos iguales”.
Uno de ellos es el exsecretario de Educación estatal y hoy diputado federal Zenyazen Escobar García. En la SEV, “Soluciones y Milagros” se fue “cabezona” con contratos para proveerle de folders, lapiceros, tóner, agua purificada y persianas apenas fue constituida en 2019, al arranque de la administración de su amigo Cuitláhuac García, y a pesar de que su giro inicial era el “comercio al por mayor de ropa”.

“Muerto el rey, viva el rey”, dice un refrán, aplicable casi siempre en los cambios de gobierno. Incluso, en los que son de un mismo partido, como sucede en Veracruz.
Después de ponerle “estrellita” a todas sus cuentas públicas mientras estaba en el poder, la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia Gonzáles Cobos, le dejó ir “la voladora” y exhibió –aunque fuera muy por encimita- al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, al admitir que en su administración se contrataron empresas “fantasma” –así como las de Javier Duarte- y que siempre no fue tan “pulcro” el desempeño de las diferentes secretarías durante el sexenio anterior.
Al comparecer ante diputados locales de la LXVII Legislatura, la auditora general del Orfis reveló lo que muchos señalaron durante años, con documentos en mano, y que durante todo el anterior gobierno fue ignorado: que hubo una corrupción galopante de la que el “honesto” Cuitláhuac “no se dio cuenta”.
A pregunta expresa del diputado Héctor Yunes –el único opositor que hace alguna clase de ruido en la LXVII Legislatura de Veracruz-, Delia Gonzáles Cobos informó que hay de 280 a casi 300 expedientes abiertos de la pasada administración que podrían acabar en denuncias penales.

El arranque del segundo periodo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no podría haber sido más amenazante. No solo para México, sino para el mundo entero.
El ánimo que permea en el grupo que arriba con Trump a su segundo periodo es de un supremacismo e imperialismo fascistoide que, con derroche de soberbia y delirios de grandeza, siente que va a la conquista del mundo sin importar por encima de quien tengan que pasar.
Y el primer presidente estadounidense que llega al poder con antecedentes penales ha decidido comenzar por quienes tiene más cerca: sus vecinos y principales socios comerciales, México y Canadá.
El solo amago de imponer aranceles de un 25 por ciento a las exportaciones de ambos países si no ceden sus chantajes y el riesgo real de dinamitar el tratado de libre comercio representa un cambio radical en la relación de las naciones de Norteamérica de los últimos 30 años. Lo que se irá extendiendo rápidamente a otras regiones del orbe, en lo que muchos ya ven como el verdadero inicio de un nuevo orden mundial cuyos alcances y consecuencias aún son difíciles de prever, pero que sin duda serán graves y modificarán el escenario geopolítico.

El ADN priista que le brota a Morena a la mínima oportunidad se ha hecho presente con fuerza en su proceso interno de selección de candidatos a las presidencias municipales de Veracruz.
Nepotismo, uso de cargos públicos para la promoción personal, guerra sucia mediática, aspirantes impresentables y el adelanto del más clásico “dedazo” han caracterizado el arranque de un proceso que, como lo fue durante décadas en el PRI, de democrático no tiene absolutamente nada, pero que en Morena además es burdo, soez de tan obvio.
En una entrega anterior de la Rúbrica referimos cómo varios funcionarios públicos del gobierno de Rocío Nahle campechanamente se inscribieron al proceso de elección morenista sin tomarse la molestia de dejar sus cargos, incurriendo en un abuso que, como se mencionó en ese texto, con mucha facilidad podría caer en el uso de los recursos públicos para promover esas aspiraciones electorales.
Pues bien, resulta que en pleno proceso, el Instituto de Pensiones del Estado anunció que a partir del próximo lunes 20 de enero activará un programa de préstamos para sus derechohabientes con un presupuesto de más de 700 millones de pesos, maniobra que claramente busca beneficiar a su titular Daniela Griego, quien tras una trayectoria aparentemente sin tacha en la política y el activismo, decidió enlodarse en el fango de la corrupción electorera en su ambición por ser alcaldesa de Xalapa.

Más allá de las cuentas alegres con las que la presidenta Claudia Sheinbaum pretendió “celebrar” sus primeros 100 días de gobierno con un acto faraónico a la vieja usanza priista, con los sindicatos acarreando a sus “fuerzas vivas” para ensalzar al poderoso en turno, la realidad del país tiene, paradójicamente, otros datos.
Según las cifras de Sheinbaum, entre septiembre y diciembre de 2024 los homicidios dolosos disminuyeron 16 por ciento, las lesiones dolosas por arma de fuego 20 por ciento y “todos” los robos con violencia un 5 por ciento.
Con ese estilo altanero que la ha caracterizado, la presidenta aseguró que “algunos quisieran que fracasáramos. La estrategia de seguridad va a funcionar porque hay humanismo, dedicación y honestidad”.
Sin embargo, la realidad es terca y no suele sujetarse a torpes guiones de propaganda oficialista.
De acuerdo con datos oficiales –ésos a los que cada vez va a ser más difícil acceder, tras el aniquilamiento de los mecanismos e instituciones de transparencia y acceso a la información-, desde el 1 de octubre pasado en que inició el sexenio del autoproclamado “segundo piso de la transformación”, al menos cinco mil 160 personas han sido asesinadas en México. Ése solo hecho debería ser suficiente para que reconocieran que han sido incapaces de frenar la violencia y de garantizar uno de los derechos fundamentales de la población, que es el de la seguridad.

Verdadero furor causó la apertura del proceso de inscripción para ser candidato/a de Morena a las presidencias municipales que estarán en juego en el estado de Veracruz en los comicios de junio próximo.
Según sus datos, han sido “miles” los inscritos en todos los municipios del estado que buscan ser abanderados del nuevo partido hegemónico, el que se perfila –gracias al clientelismo con que gobierna y a la demolición de las instituciones democráticas que instrumentó- para arrasar en unas elecciones en las que la oposición, simple y sencillamente, no existe. Ha sido borrada. Incluso, por decisión propia.
Partidos como el PRI y hasta el PAN –ni qué decir del extinto PRD- se han desfondado y varias de sus figuras regionales han comenzado a emigrar hacia el organismo político que, como antes el tricolor, “garantiza” el acceso a posiciones de poder.
Ese fenómeno es uno más de los efectos del retroceso democrático que se vivió tras la elección del pasado mes de junio de 2024, misma que devolvió a México a un estadio político como el de la década de los 70 del siglo pasado, e incluso quizás más atrás en la historia del país.