Aurelio Contreras Moreno

Luego de un mes recluidos en el penal de Amatlán de los Reyes, los cafetaleros Cirio Ruiz González, Minervo Cantor Peña y Abraham Cabal Pulido fueron liberados este miércoles 28 de junio. Esto, luego de que el juez de control que lleva su caso aceptó modificar la medida precautoria de prisión preventiva que dictó en un principio, bajo el argumento de que no existe riesgo de fuga de los imputados que, sin embargo, continúan bajo proceso por el delito de estragos contra una planta de la empresa transnacional Agroindustrias Unidas de México (AMSA), filial de ECOM Agroindustrial Corp. Ltd. Desde un principio, este caso no ha tenido casi ningún sustento legal y sí una clara motivación política. Los cafetaleros niegan haber participado en el incendio a la planta de AMSA en enero de 2022 que se les achaca, e incluso acusan a la empresa de haber provocado el siniestro por el que ahora les exige la reparación del daño. Independientemente de quién tenga la razón y diga la verdad –quien esto escribe se inclina por la versión de los productores de café-, la realidad es que la liberación de los agricultores y en especial la de Cirio Ruiz, presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, se da como consecuencia de una negociación política con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, con quien otros dirigentes agrícolas se reunieron hace unos días para buscar una salida al conflicto, que se concretó con la libertad condicionada de tres de los detenidos.

Luego de un intenso estira y afloja, la coalición opositora presentó su nueva encarnación, con la que definirá una candidatura única a la Presidencia de la República: el Frente Amplio por México. Se trata de un mecanismo en el que se intenta amalgamar a los partidos integrantes de la coalición opositora con organizaciones de la sociedad civil identificadas con un mismo objetivo: evitar la restauración del sistema de partido hegemónico en México a través de Morena, que desaparezca los contrapesos institucionales para concentrar y centralizar el poder en la figura del titular del Ejecutivo federal. El proceso para definir candidato o candidata, que tomará en primera instancia el apelativo de “responsable nacional de la construcción del Frente Amplio por México”, constará de tres etapas, en las que se recabarán firmas, se celebrarán foros, se aplicarán encuestas y se irá a unas elecciones primarias para definir a quien encabezará la alianza opositora integrada por PAN, PRI y PRD. La idea no es mala. En los hechos, es un método claramente más democrático e incluyente que el que a la par desarrollan en Morena con el mismo objetivo de definir candidatura presidencial, decisión que en el partido oficial tomará una sola persona, alrededor de la cual gira todo. Pero el proceso del Frente Amplio por México también tiene varios “asegunes”.

A la par de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena –que para darle la vuelta a la ley llaman por ahora “coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación”, cualquier cosa que eso pueda significar-, en Veracruz las “corcholatitas” que buscan suceder en la gubernatura a Cuitláhuac García también se mueven en el límite de la ilegalidad. Nada extraño, la costumbre del régimen. Aunque hasta hace poco parecía que no había más aspirantes que la secretaria de Energía Rocío Nahle y el diputado federal Sergio Gutiérrez, quien decidió “quemar sus naves” en estos días fue el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien de la noche a la mañana ha inundado las calles de un buen número de ciudades veracruzanas con propaganda. Simuladores al fin, Cisneros se promueve bajo el pretexto de la presentación de un libro hecho a su medida –acerca de la raíz afromestiza en Veracruz, misma que usurpa para promoverse políticamente-, en cuya propaganda lo que menos se lee es el nombre de la obra, que fue financiada con recursos públicos al haber sido publicada por la Editora de Gobierno, organismo que ¡oh sorpresa!, forma parte de la misma Secretaría de Gobierno. Esta “salida del huacal” ya le ha valido a Cisneros ataques e indirectas de sus mismos “compañeros” de gobierno y de partido, que no ven con buenos ojos que parezca que le disputa la candidatura a Rocío Nahle, cuyas aspiraciones penden de una refinería que, según ella, comenzará a operar y a producir gasolina dentro de una semana. Aunque la inauguraron hace más de un año.

El caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández es tan escandaloso, que ha escalado hasta la misma Presidencia de la República ante la ola de indignación que ha provocado en el ámbito jurídico del país por lo que, a todas luces, es un brutal abuso de poder del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Claro. Con el pequeño detalle de que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió por enésima ocasión en defensa de las arbitrariedades que comente su “bendición” sin escrúpulo alguno y que, alineado con su propia estrategia a nivel federal, tiene como objetivo desbaratar la independencia judicial para someter a jueces, magistrados y ministros, como muy claramente sucede en la entidad que García Jiménez malgobierna. En dos ocasiones, la jueza Angélica Sánchez ha sido detenida de manera irregular, por no decir que francamente ilegal. La primera, tras acatar el amparo concedido a un presunto criminal –que obtuvo ese beneficio de la justicia federal gracias al pésimo trabajo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz en la integración de la carpeta de investigación-, y durante la cual fue evidente que se trataba de una revancha, pues no tenían ni siquiera un caso firme en su contra. Por ello, los policías estatales le intentaron inventar delitos disparatados y hasta sembrar droga.

El arranque de las precampañas que según Morena no son precampañas, sino “recorridos” para hablarle a la militancia de ese partido, son la continuación de la espiral de ilegalidad con la que los principales aspirantes a la candidatura presidencial del partido oficial se han promovido electoralmente desde hace meses. Cientos de espectaculares, bardas, pendones, gallardetes, mantas y demás propaganda encubierta y engañosa se ha desplegado a lo largo del territorio nacional, con el fin de posicionar la imagen de esos políticos que se pretenden vender como la “continuidad” de la autoproclamada “cuarta transformación” y del obradorato. Todo eso, violando flagrantemente la Constitución, que prohíbe expresamente la promoción política personal de funcionarios y los actos proselitistas fuera de los tiempos para ello establecidos de manera muy precisa en la norma. A ese enorme cúmulo de irregularidades ahora hay que sumar un proceso que es una verdadera tomada de pelo, porque se lleva a cabo meses antes de las fechas determinadas legalmente para que los partidos políticos inicien formalmente sus precampañas para definir a sus candidatos.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez ha perdido el piso completamente y cree que puede hacer absolutamente cualquier cosa que le plazca, sabiéndose impune gracias a la protección que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como si eso fuese a ser eterno y el poder no se les acabara nunca. La grotesca violación del Estado de Derecho que se sufre en Veracruz ha llegado a extremos demenciales. La detención por segunda ocasión de la jueza Angélica Sánchez el viernes pasado así lo demuestra. Bajo argumentos pueriles, violando flagrantemente el debido proceso, inventando delitos, se vive una suerte de terrorismo judicial del que nadie está a salvo en Veracruz y que lanza un mensaje amenazador y autoritario: el o la que sigue puede ser cualquiera que se oponga o critique las arbitrariedades de un régimen que se endurece cada vez más, en la víspera del inicio de un proceso sucesorio que, contrario a su verborrea triunfalista, los tiene muy nerviosos, casi en estado de pánico, lo que los vuelve aún más peligrosos. El proceso contra la jueza Sánchez Hernández es un compendio de ilegalidades que tarde que temprano se les revertirán a sus perpetradores, que no son otros que la fiscal Verónica Hernández Giadáns, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado Lisbeth Aurelia Jiménez y el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Durante el proceso electoral municipal de 2021, varias expresiones de candidatos y representantes partidistas fueron sancionadas dentro de los parámetros de la violencia política de género, al pretender desacreditar a las mujeres que participaron en la contienda. Esto fue especialmente notorio en la elección por la presidencia municipal de Veracruz. La candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Patricia Lobeira Rodríguez, fue objeto de múltiples denuestos y descalificaciones para intentar reducirla al papel de mera “esposa de” quien originalmente buscó la postulación a la alcaldía, Miguel Ángel Yunes Márquez. Lobeira Rodríguez denunció estos hechos como violencia política de género ante la autoridad electoral. En una primera instancia, el Tribunal Electoral de Veracruz desechó la denuncia. Pero la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación le ordenó a este organismo emitir una nueva sentencia, ya que el contenido de las manifestaciones denunciadas “presupone un tipo de violencia política de género, el cual ha sido catalogado como violencia simbólica, es decir, se realiza una comparación entre las candidaturas para la presidencia municipal”.

El “show” político montado por el régimen de la autodenominada “cuarta transformación” para darle cauce a la postulación de la candidatura presidencial de Morena, es una suerte de simulación combinada con un mecanismo de control de daños ante eventuales rupturas. Nadie con dos dedos de frente y un mínimo de honestidad intelectual puede negar que el obradorato es, esencialmente, una restauración de las prácticas del antiguo régimen priista postrrevolucionario, que anteponen la hegemonía del Estado por sobre los individuos y que es, necesariamente, autoritario, como un mecanismo para mantener y perpetuarse en el poder. Uno de los pilares del sistema ultrapresidencialista que sostuvo esa hegemonía del PRI durante 70 años es lo que el ex rector de la UNAM Jorge Carpizo definió como las “facultades metaconstitucionales del presidente”, que como el concepto mismo lo indica, son atribuciones que no están plasmadas en la Constitución ni en ley alguna, pero que el mandatario en turno ejercía a plenitud.

Las elecciones de este domingo representan el punto de arranque de la sucesión presidencial de 2024, tanto por lo simbólico como por sus alcances en lo político. Los resultados de los comicios tanto en Coahuila como en el Estado de México no sorprenden. En realidad, ya se esperaba este desenlace, en el que Morena destronara al PRI en territorio mexiquense, mientras que el tricolor se quedaba el estado lagunero como premio de consolación y como un último salvavidas antes de su inevitable naufragio, para el que ya no falta mucho tiempo. De cara a la sucesión, hay un ánimo triunfalista en las huestes obradoristas, que al fin lograron apoderarse de la “joya de la corona”, el Estado de México, que es el corazón mismo del priismo, que hoy ha quedado reducido a una presencia regionalizada en la comarca lagunera (Coahuila y Durango), que en términos de recursos y volumen poblacional valen mucho menos que lo que perdieron este domingo. ¿Esto significa que la sucesión presidencial ya está decidida? Por supuesto que no. De un año a otro las circunstancias pueden cambiar. Pero lo cierto es que a día de hoy, no se ve cómo la oposición pueda hacerle frente a una aplanadora que basa su fuerza en el discurso populista, la política clientelar y, particularmente, los yerros de sus adversarios en los partidos opositores, que siguen sin entender que no pueden lograr resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre.

La nueva chapuza legaloide del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez es realmente demencial. La mañana de este lunes, la juez del distrito de Cosamaloapan, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida en Xalapa e incomunicada por más de cinco horas, lapso durante el cual sus familiares la reportaron como desaparecida. El motivo de la detención de la impartidora de justicia fue que un día antes, el domingo, cometió la “imperdonable” decisión de acatar un amparo, algo que ya ha quedado más que claro que al régimen de la falaz “cuarta transformación” le importa un rábano, pues lo suyo es violar la ley y desacatar flagrantemente al Poder Judicial federal. Lo cual, por cierto, en algún momento tendrá consecuencias penales para varios de ellos. El amparo le fue concedido a Itiel Palacios García, a quien la Fiscalía General del Estado de Veracruz –el brazo ejecutor de las venganzas y trapacerías del Ejecutivo estatal- le imputa la autoría material del homicidio calificado del ex diputado y líder ganadero Juan Carlos Molina el 19 de noviembre de 2019.