Aurelio Contreras Moreno

Conforme se acerca el fin de su infame sexenio, Cuitláhuac García se desespera más, se torna agresivo y se encierra en su cada vez más reducido círculo, habida cuenta de que terminando, habrá cuentas que le exigirán pagar en varios frentes. En los hechos, Cuitláhuac García nunca ha gobernado a plenitud. Los primeros cinco años fue públicamente eclipsado por el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos, quien durante algún tiempo representó los intereses de la secretaria de Energía Rocío Nahle García y que por esa causa, concentró en su persona los hilos del poder y abusó procazmente del mismo. El papel de Cuitláhuac García, entonces como ahora, era el de la formalidad institucional luego de que un golpe de suerte lo hiciera gobernador de Veracruz. Pero las principales decisiones siempre se tomaron en un escritorio diferente al suyo. Si acaso, le dieron la oportunidad de colocar algunos alfiles en dependencias importantes, en especial en la Secretaría de Finanzas, donde su primo hermano Eleazar Guerrero ha saqueado los recursos del estado para destinarlos a la operación política y electoral a través del organismo fachada llamado “Unidos Todos”. Hoy mismo, tienen el estado inundado de propaganda para promover a candidaturas de Morena a los personeros del “primo incómodo” del gobernador. Pero todas las trapacerías y abusos que se han cometido durante el sexenio que agoniza tienen un único responsable: el titular del Ejecutivo del estado, que es quien debe responder por lo que quizás –dándole todavía el beneficio de la duda- él no ordenó ejecutar. Pero que sin lugar a dudas dejó pasar o bien cerró los ojos, lo que lo convierte en cómplice, por obra u omisión.

El 2024 comenzó en medio de la incertidumbre para trabajadores, burócratas y académicos a los que les han regateado el pago de sueldos, becas y prestaciones, a pesar de que el gobierno –federal y estatal- jura que las finanzas se encuentran bien. Incluso, trabajadores del gobierno del estado de Veracruz, como los de la Secretaría de Salud –uno de los principales “hoyos negros” de corrupción de la administración de Cuitláhuac García Jiménez- se vieron obligados a salir a protestar a principios de año porque ni siquiera les habían terminado de pagar sus aguinaldos. Varias otras dependencias y organismos estatales están en la misma situación: les retrasan el pago de sus sueldos, se los difieren y los cubren en partes o por obligación cuando detectan que hay una protesta por estallar. El pasado viernes 12 de enero, ya había pasado de mediodía y varios trabajadores de la Universidad Veracruzana no habían recibido el pago de su quincena. Fue hasta la tarde de ese día que la casa de estudios comenzó a dispersar el resto del dinero, cuando el asunto estaba llegando a los medios de comunicación y los trabajadores universitarios se aprestaban para manifestarse.

Desde el inicio del actual sexenio, fue evidente y agresiva la embestida del régimen para tomar por asalto los medios públicos y convertirlos, en lugar de medios del Estado, en órganos propagandísticos del gobierno. Emisoras como el Canal Once y el 22, otrora referentes de la televisión cultural a nivel mundial, se vieron secuestradas por facilitadores, propagandistas, voceros y paleros de la “4t”, usando sus espacios no solo para ensalzar al régimen, sino para atacar, con recursos del Estado mexicano, a ciudadanos que expresaban desacuerdo con el gobierno o a los que éste catalogaba como “adversarios”, pero a los que en realidad les da trato de enemigos. Mención aparte merece el caso de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Al frente fue colocada una periodista militante del obradorismo, Sanjuana Martínez, que con las fobias que caracterizaron su desastrosa gestión terminó por destruir a un medio estatal que, aunque siempre fue de orientación oficialista, sí prestaba un valioso servicio informativo.

Desde hace varios meses, la posición de Movimiento Ciudadano es clara: ser una comparsa del régimen gobernante y ayudarle a Morena a fragmentar el voto de la oposición. El fallido intento de precandidatura del impresentable gobernador de Nuevo León, Samuel García, estuvo en esa tesitura desde el principio: sus baterías se enfocaron contra la coalición opositora y su abanderada Xóchitl Gálvez, mientras que a la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, no la tocó ni con el “pétalo” de una suave crítica. Una vez que la oposición frenó su intentona por dejar un sustituto a modo en la gubernatura de Nuevo León brincándose lo establecido en la Constitución de su estado, García –cuyo único “mérito” político es su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, sin la cual no habría ganado ni una jefatura de manzana- se quitó la máscara y se lanzó abiertamente en contra de la coalición opositora, al igual que el dueño de la franquicia, el ex gobernador ex priista de Veracruz Dante Delgado Rannauro. Las veleidades del líder de Movimiento Ciudadano son antológicas. Como candidato al Senado por la oposición de izquierda en el año 2000, nunca esbozó señalamiento alguno contra la más vieja política representada por su contrincante priista, Fernando Gutiérrez Barrios –la mano ejecutora de la matanza de Tlatelolco en 1968 y de la “guerra sucia” de los 70-, su mentor y quien lo dejó como gobernador de Veracruz en 1988.

Hace mucho que resulta evidente que el régimen de la mal llamada “cuarta transformación” solo representa la refundación del priismo más recalcitrante, del que hizo del abuso de poder, el autoritarismo, el clientelismo, el fraude y la simulación democrática su modus vivendi para sostenerse en el poder durante siete décadas. El cierre de 2023 no fue sino la confirmación de que no solo el obradorato y el priismo son básicamente lo mismo, sino que cada vez son más los mismos. Aquellos que un día antes eran de la “mafia del poder”, símbolo de la corrupción del neoliberalismo, parte de los saqueadores y “traidores” a la patria, por obra y gracia de un malabar producto de la ambición, fueron “perdonados” por el régimen para integrarse a la “4t” y ponerse “del lado correcto de la historia”, como justifican con infinita cursilería en su discurso propagandístico más chafa. La desbandada de priistas y algunos panistas a los brazos del régimen, directamente a través de Morena o por vía de sus satélites, no tiene nada que ver con convicciones, ideales o revelaciones súbitas de corrección de rumbo. En todos los casos, se trata de ambiciones vulgares –para utilizar un término de los que les gustan a los morenistas- por saltar a cargos y candidaturas que, al no encontrar eco ni espacio en los partidos de los que medraron por años, ven en el obradorismo el camino para mantenerse enchufados en el presupuesto.

Lo que se juega México el año entrante es, simple y llanamente, su futuro como nación. Por eso es que resulta tan preocupante el camino que están tomando los acontecimientos en el país: comunidades que toman justicia por mano propia ante la incompetencia y –peor aún- indolencia de autoridades a las que lo único que les importa es aferrarse al poder; un vacío absoluto de propuestas reales de alternativas de país por parte de quienes pretenden gobernarlo; y un régimen que se abalanza sobre las instituciones que lo fiscalizan y que le hacen contrapeso, en su infame intentona por restaurar la autocracia del peor priismo, pero ahora de color guinda. Y nada parece poder ponerle freno. Mientras se avizora inevitable que una integrante del morenato arribe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está a punto de ser tomado por otros personeros del régimen, con lo que el resultado de las elecciones del próximo 2 de junio pende de un hilo, pues la certeza que durante más de dos décadas garantizó el órgano jurisdiccional a los comicios está a punto de desaparecer. Con todo y la evidencia de la corrupción y autoritarismo del obradorato, al menos hasta ahora tienen todo controlado. Incluido a un amplio segmento del electorado, cautivo gracias a los programas clientelares que probablemente le resuelven algo del día a día, pero que lo condenan a un futuro de dependencia de lo que cualquier gobierno quiera darles. Prebendas, migajas, más no oportunidades reales de desarrollo.

Los sucesos violentos del pasado viernes son un reflejo nítido del momento por el que pasa el país y pudiesen constituir un parteaguas de proporciones no estimadas aún. En el poblado de Texcaltitlán, en el Estado de México, transcurría una escena que es familiar en muchas otras localidades de todo el país: un grupo criminal que se presentaba a cobrar “derecho de piso” a los productores agrícolas del lugar. Esto es, el pago forzoso a los delincuentes de un porcentaje de las ganancias generadas por su trabajo. Sin embargo, de acuerdo con lo que se sabe, cuando los sicarios anunciaron que el porcentaje se iba a incrementar la situación se les salió de control, pues los pobladores se les fueron encima a balazos y machetazos. El saldo final fue de 14 personas muertas, 11 de las cuales pertenecían al bando de los delincuentes mientras que tres eran vecinos del lugar. La decisión de los pobladores de jugarse la vida –y algunos, perderla- para ponerle un alto a las extorsiones y amenazas es una prueba dolorosa y al mismo tiempo contundente de la ausencia del Estado, de la orfandad de los ciudadanos y, especialmente, de la necesidad de defenderse por su cuenta, ante la inmovilidad o abierta complicidad de las autoridades.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (antes Tribunal Federal Electoral) ha sido una de las instituciones fundamentales, junto con el IFE/INE, para la transición que permitió la democratización paulatina de México tras 70 años ininterrumpidos de “dictadura perfecta”. Desde su creación hace apenas poco más de dos décadas, el Tribunal Electoral le ha dado certeza a la justicia electoral y, en consecuencia, a los resultados de los diferentes comicios que se han celebrado desde entonces, al dirimir las controversias presentadas por los actores políticos e incluso por otros organismos electorales, federales y locales. La calificación de las elecciones y la definitividad de las sentencias del Tribunal Electoral han evitado un sinfín de conflictos post-electorales y han contribuido a mantener la estabilidad política del país. No es exagerado afirmar que es una de las instituciones más importantes de México. Pero todo lo anteriormente mencionado solo ha sido posible porque la fuerza del Tribunal Electoral se finca en su autonomía, en su alejamiento de los intereses partidistas a la hora de sus resoluciones que, si bien forman parte de su diseño institucional, por lo menos hasta 2018 brindaron esa certeza necesaria para que los resultados de las elecciones sean creíbles.

El lamentabilísimo despliegue de deshonestidad, autoritarismo, ilegalidad y corrupción que presenció el país la semana pasada con los acontecimientos en Nuevo León no es poca cosa. Representa un aviso para 2024. No solo quedó completamente expuesta la verdadera naturaleza de Movimiento Ciudadano como comparsa de Morena para las elecciones del año entrante. Se evidenció la tentación latente por pasar completamente por encima de la ley para imponer decisiones autoritarias y violadoras de cualquier clase de limitante jurídica. El fallido aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, dio rienda suelta a las más simiescas prácticas al enderezar un “golpe de Estado” de facto contra los poderes en su entidad. Primero, con la irrupción de un grupo de porros emecistas en el Congreso neoleonés que intentaron reventar la sesión en la que se designó gobernador interino; luego, al prácticamente secuestrar la sede del Ejecutivo estatal con un despliegue policiaco grotesco para impedir que asumiera como su relevo un personaje al que no podría mangonear mientras se lanzaba a una aventura electoral no con el afán de ganar, sino de fragmentar el voto opositor al régimen.

Cuando el gobernador Cuitláhuac García afirma que en el pasado no tan lejano se llevaban a cabo elecciones de Estado de Veracruz, no le falta razón. En la tradición del viejo régimen, prácticamente no había diferencia alguna entre el gobierno y el partido oficial. Eran uno mismo. Así que los recursos públicos de las diferentes administraciones se trasladaban de manera cuasi natural a los candidatos, las estructuras partidistas y los operadores electorales para que, invariablemente, ganaran los abanderados del régimen en turno. Eso es lo que caracteriza a una elección de Estado. Además, conforme a una muy mexicana costumbre, el titular del Ejecutivo –el presidente, el gobernador- buscaba designar a su sucesor. Y si bien no siempre conseguía dejar a su favorito, siempre tomaba la decisión de favorecer a quien hubiese sido el –porque en ese tiempo no había espacio para ellas- beneficiado por la circunstancia. El presidente de la República era el gran elector por excelencia de las épocas del PRI hegemónico. Además de determinar a su sucesor, usaba sus facultades “metaconstitucionales” para “palomear” o decidir directamente sobre quiénes irían a las gubernaturas e incluso a las alcaldías más importantes. Era un sistema monolítico, centralizado y, claramente, nada democrático. Pero eficaz para mantener un férreo control.