Aurelio Contreras Moreno

El brutal asesinato la noche de este domingo de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Texistepec, Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, y de otras cuatro personas, es solo la reiteración y la consecuencia de la indolencia del gobierno estatal, que prefirió negar la grave situación de violencia por la que atraviesa la entidad en lugar de tomar las medidas que, ahora sí, quiere establecer.
Lo cierto es que hasta hace unas cuantas semanas, la gobernadora Rocío Nahle descalificaba con sorna las denuncias y llamados de auxilio provenientes de la sociedad civil en primer lugar, y de los aspirantes opositores a alguno de los cargos de elección popular municipal que se disputarán el 1 de junio. Los acusaba de “victimizarse”.
Tuvieron que asesinar a dos candidatos de Morena a presidencias municipales para que la mandataria reconociera, aunque sea a medias y a fuerza, la gravedad del problema que minimizó y que ahora amenaza con brotar en cualquier parte y contra cualquiera de los aspirantes a ediles.
El mismo día que iniciaron las campañas, el candidato de su partido a la alcaldía de Coxquihui, Germán Anuar Valencia, fue ejecutado a plena luz del día. Dos semanas después, en Texistepec la tragedia volvió en forma de una masacre de cinco personas, asesinadas en un recorrido de campaña en el que había familias enteras que terminaron huyendo aterrorizadas cuando empezaron los balazos.
Si a los candidatos de Morena, el partido oficial, el partido en el poder y con todo el poder, los pueden asesinar con esa facilidad, ¿qué se pueden esperar los demás entonces?

Si solo pretendía darle un “llegue” a su antecesor, a la gobernadora Rocío Nahle le salió el “tiro por la culata”.
Su anuncio de que la Contraloría General del Estado presentó denuncias por un presunto desvío por 200 millones de pesos en la Cuenta Pública 2023 de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) –cifra ridícula, contra los mil 600 millones detectados por la Auditoría Superior de la Federación-, lo que provocó realmente fue la suposición de que había un rompimiento franco con el anterior mandatario, Cuitláhuac García Jiménez.
Es conocida la “ojeriza” que la actual gobernadora le tiene a todo lo que “huela” al cuitlahuato y cómo ha intentado deshacerse de varias de sus “herencias”. O por lo menos, neutralizarlas, en lo que se cumplen los periodos mínimos de los compromisos políticos contraídos o impuestos.
Sin embargo, también es sabido que la anterior administración estatal apoyó con todos los recursos públicos posibles –humanos, materiales y financieros, dicho por los propios empleados a los que luego de usarlos les dieron una patada en el trasero- la candidatura de Rocío Nahle. Una fractura total se antoja imposible. Por lo menos en este tramo del sexenio. Menos aún, después del “estatequieto” que le puso la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunque intentaron esconderlo y minimizarlo en la agenda pública, el desfalco en los Servicios de Salud de Veracruz ha terminado por explotar y a la gobernadora Rocío Nahle no le ha quedado de otra que denunciar, pues de lo contrario, sería omisa y, en consecuencia, cómplice.
En la revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas irregularidades en contratos en los Servicios de Salud de Veracruz que suman casi mil 600 millones de pesos sin justificación, por lo cual, ordenó iniciar 24 investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios del organismo, que abarca a la Secretaría de Salud estatal.
Varias de las irregularidades son conocidas para quienes hayan seguido las denuncias que se presentaron -con poco eco- desde los partidos de oposición en el Congreso del Estado durante el sexenio pasado: contratación por adjudicación directa de empresas sancionadas y cuestionadas por prácticas corruptas, de reciente creación, de giros diversos a los de la salud o bien cuyos “propietarios” eran beneficiarios de programas sociales. Prestanombres, pues. En el mejor estilo de las empresas “fantasma” del duartismo.

En un clima de incertidumbre y en medio de una violencia que el gobierno del estado de Veracruz prefiere no voltear a ver y en cambio minimizar, comenzaron formalmente las campañas del proceso electoral municipal por el que se renovarán los 212 ayuntamientos de la entidad.
Una veintena de aspirantes a cargos edilicios han denunciado haber sido víctimas de amenazas y varios han incluso renunciado, mientras que el gobierno y la propia titular del Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, lo menos que han hecho es tirarlos a locos. Incluso, los han ridiculizado, acusándoles de hacerse las “víctimas”.
Pero la realidad que no se quiere asumir –por omisión o complicidad- es que el crimen organizado también participa en la elección y su manera de hacerlo es a través de la violencia.
Desde el año pasado algunos aspirantes a presidencias municipales fueron agredidos y otros asesinados. Incluidos simpatizantes y/o militantes de Morena, el partido oficial, cuyos dirigentes, para no “incomodar” a las autoridades estatales emanadas de ese mismo instituto político, hicieron mutis y prefirieron “descartar” que los ataques se debiesen al tema político-electoral.

Desde que asumió el poder el morenato obradorista hace poco más de seis años, uno de sus principales objetivos fue limitar la libertad de expresión en redes sociales y medios de comunicación.
Ello fue patente y explícito desde el mismo comienzo del régimen. La estrategia de denostar sistemáticamente a todos los críticos desde el “púlpito” presidencial mañanero, la toma por asalto de los medios públicos para convertirlos en vergonzosos difusores de propaganda del más ínfimo nivel y la promoción –con recursos públicos- de aduladores, textoservidores, youtubers, bots y troles replicadores de las versiones oficiales –por inverosímiles e idiotas que fuesen-, contaminó hasta grados irreversibles el intercambio público, con el objetivo de apoderarse de la narrativa e imponer la visión gubernamental.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se horadó la estabilidad de medios y periodistas críticos, a quienes les aplicaron la máxima lopezportillista del “no pago para que me peguen”, como si el presupuesto de comunicación social fuera para pagar paleros en lugar de para rendir cuentas e informar sobre las acciones del gobierno, además de que se les expuso al escarnio y el linchamiento público desde las conferencias presidenciales matutinas, que también se financian, hasta la fecha, con recursos públicos.

Si hay un área del gobierno de Veracruz que ha sido saqueada indiscriminadamente es la de los Servicios de Salud, que durante varios sexenios funcionó como “caja chica” y fuente de enriquecimiento de quienes estuvieron a cargo de administrar sus millonarios recursos, en su mayoría de procedencia federal.
Ese saqueo invariablemente ha tenido repercusiones en la prestación de los servicios médicos en las diferentes unidades y hospitales del estado, en todos los puntos de la entidad veracruzana, poniendo en serio riesgo a la población que no tiene acceso a la seguridad social –donde tampoco es mejor la situación- y depende de la atención que le pueda brindar el gobierno estatal, que las más de las veces es limitada o de plano insuficiente e ineficaz.
En su edición del mes de abril, la revista Proceso publicó un reportaje de la periodista Flavia Morales en el que retoma muchas de las denuncias sobre corrupción en la Secretaría de Salud que se presentaron en los últimos años, específicamente durante el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, quien en lugar de estar rindiendo cuentas de su pésima administración en Veracruz, sigue incrustado en la nómina junto con su cofradía.
Contratos por adjudicación directa a empresas de reciente creación, a beneficiarios de programas sociales-clientelares o de plano a compañías y proveedores “fantasma”, con giros comerciales declarados que nada tenían que ver con la salud, fueron la constante que unos pocos diputados como Marlon Ramírez -y algunos otros que ya no se quieren acordar de eso, porque ya agarraron “hueso” en la “4t”- denunciaron durante el anterior sexenio, sin que pasara nada realmente, más que la exhibición de corruptelas que no tuvieron –y siguen sin tener- consecuencias legales y que hasta ahora, ascienden, solo en Salud, a alrededor de dos mil millones de pesos. Más lo que se acumule.

La crisis política y de imagen para el gobierno de Claudia Sheinbaum detonada por los hallazgos del rancho Izaguirre en Jalisco no son sino consecuencia de una actitud omisa que viene de mucho tiempo atrás, de complicidades nunca castigadas y ni siquiera investigadas y también, en muchos casos, de la actuación directa de agentes del Estado mexicano en alguno de los tres niveles de gobierno.
El tema de la desaparición forzada de personas tiene unos 15 años de haberse vuelto un problema serio en México, y al menos una década siendo una verdadera emergencia humanitaria a la que ningún gobierno, de ningún partido, le ha dado la atención ni la importancia que se merece, porque finalmente es la consecuencia de un mal actuar que involucra a toda la clase política, que lo que busca es lavarse las manos.
Por eso causó tal escozor entre el morenato la decisión de iniciar un procedimiento contra México tomada la semana pasada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mismo que determinó que “la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”, razón por la cual activó el procedimiento de intervención previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En éste, se establece que “si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”.

¿Usted piensa votar en la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio?
Hay quien considera que debe hacerlo, como en cualquier otra elección de curso legal, que hasta hace poco suponía la posibilidad real de elegir a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a los representantes populares en el Poder Legislativo federal y de los estados.
Y decimos que suponía porque, como quedó bastante claro en la elección del año pasado, la certeza de esa posibilidad quedó hecha añicos luego de la toma del INE por parte del régimen obradorista. La actuación de las autoridades electorales, empezando por la presidenta Guadalupe Taddei, fue desastrosa y significó un retroceso democrático que tardará varias generaciones en revertirse. Tal vez a ninguno de nosotros nos toque ver retornar la alternancia política que marcó el inicio del siglo XXI.
Pero regresando a la llamada “elección judicial”, aquí no solo estamos ante una regresión democrática. El atraso que representa esta pantomima con la que el obradorato gobernante pretende hacer creer que se “democratizará” el Poder Judicial es justamente lo contrario: se trata de la demolición de la división de poderes en México para inaugurar, en pleno, una autocracia en la que no exista más voz que la del partido oficial, que controlará a todos los poderes de la Unión, pasando por encima de los derechos de los ciudadanos que estaremos legalmente indefensos ante cualquier atropello de los poderosos. Incluso, eso ya se empieza a sentir y padecer desde ahora.

A casi tres de semanas de haber anunciado la intención de fusionar las secretarías de Cultura y Turismo, la gobernadora Rocío Nahle ha ignorado olímpicamente todos los llamados al diálogo y los justos reclamos de la comunidad artística veracruzana que se opone a este claro retroceso.
De nada han valido los pronunciamientos, las explicaciones, los reclamos, los manifiestos ni los argumentos de artistas y gestores culturales. Para la gobernadora, son como si no existieran. Y eso que muchos de ellos votaron por ella y su partido en las pasadas elecciones.
Por el contrario, la mandataria –que al parecer no sabe que ese término significa que tiene un mandato recibido de los ciudadanos a los cuales se debe, porque no es monarca- aprovechó la última edición de la Cumbre Tajín para refrendar su idea acerca de que la cultura es un adminículo del turismo, una herramienta para atraer visitantes y generar recursos. Y nada más.
Acompañada por la secretaria de Turismo federal –porque la del estado estaba quién sabe dónde haciendo quién sabe qué-, Nahle reiteró cuál es su idea al respecto: “turismo y cultura van de la mano y son la clave para generar empleo y movilidad económica en nuestras comunidades”. Una burda lógica de mercantilización.

La imagen es grotesca como pocas, pero ilustra a la perfección la simulación, la farsa del discurso del régimen de la “transformación” y su indolencia y complicidad con las peores prácticas, como la impunidad para la violencia contra las mujeres en este país.
El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, venido a político con gran poder por obra y gracia del obradorismo, denunciado por tentativa de violación por su propia media hermana, siendo protegido, arropado y hasta vitoreado no por sus pares varones en la Cámara de Diputados, sino por las mujeres, por las legisladoras morenistas, a las que obviamente enviaron –y ellas obedecieron- a secundarlo en la tribuna de San Lázaro, quedará grabado como un capítulo más que vergonzoso, asqueroso, de un sexenio –¿o sería más apropiado llamarlo “maximato”?- que no para de acumular agravios.
Al tratarse de uno de los suyos –en el más amplio sentido de la palabra-, el régimen no ha dudado un segundo en salir a respaldar a Cuauhtémoc Blanco, conocido violentador de mujeres, quien además dejó al estado de Morelos hecho una desgracia de corrupción y violencia criminal.
¿Dónde quedó el “yo te creo”? ¿Dónde el “si se meten con una, se meten con todas”? Para la mayoría de las diputadas morenistas –con algunas contadísimas excepciones-, en el retrete de los pretextos. Aunque no solo para ellas, valga decir.