Autor: 12 Horas GR

El Gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte ha cesado o recibido la renuncia de 382 prefectos provinciales y distritales en 24 regiones del país andino, en los últimos 15 días. En Ayacucho, un departamento del centro sur del país que es gobernado por Carlos Rúa (fundador del movimiento político Musuq Ñan), el Ministerio del Interior despidió a 57 funcionarios. En esta región, se desarrollaron algunas de las protestas con más convocatoria en contra de la destitución de Pedro Castillo, dejando 10 muertos y 72 heridos, entre el 15 y 16 de diciembre. En tanto, en el céntrico Junín, de Zósimo Cárdenas, del Movimiento Sierra y Selva Contigo Junín, la cartera de Gobernación cesó a un total de 41 prefectos provinciales y distritales. En este departamento, las fuertes movilizaciones y la respuesta de los agentes estatales ocasionaron tres fallecidos y 52 lesionados. En la resolución directoral Nº 403-2022-IN-VOI-DGIN, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de diciembre, se informó sobre el despido de 177 subprefectos distritales de 11 departamentos.

A menos de una semana para la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, la tensión en las calles se ha incrementado en medio de un clima de violencia postelectoral, alentado por grupos que apoyan al saliente mandatario Jair Bolsonaro que amenazan con impedir que se lleve a cabo la ceremonia de traspaso de mando el próximo 1 de enero. El hecho más reciente que causó alarma en los cuerpos de seguridad ocurrió el pasado sábado, en Brasilia, cuando la Policía desactivó un artefacto explosivo ubicado dentro de un camión de combustible en la vía al Aeropuerto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek, de esa ciudad. Frente a la posibilidad de que se desencadenen hechos de violencia por parte que los bolsonaristas que desconocen el triunfo de Lula da Silva, el nuevo ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció un fuerte despliegue policial y dijo que el acto de investidura transcurrirá en paz. Asimismo, Dino afirmó a medios locales que el Ministerio de Justicia adelantaría algunos actos administrativos para las primeras horas del 1 de enero, y con ello evitarían dejar un «vacío de poder».