Autor: 12 Horas GR

Emiliano Rojas, coordinador de asesores en la Cámara de Diputados, y el diputado morenista Ricardo Monreal, se deslindaron de la demanda promovida por la abogada Mariana Gutiérrez, madre de Rojas, en contra del periodista Irving Pineda y otros comunicadores, por divulgar un video en el que se ve a la mujer zarandear a un perro.

A través de redes sociales, Rojas afirmó desconocer los procedimientos iniciados por su madre. Posteriormente, la abogada se desistió de las medidas cautelares solicitadas contra los comunicadores, que incluían la prohibición de realizar declaraciones o publicaciones sobre el tema.

“Mi mamá tomó la decisión de poner medidas de precaución contra algunos periodistas, de los cuales yo no sabía y no estoy de acuerdo. Por lo mismo, hablé con ella y presentó el desistimiento; es decir, renunció a esta acción. Yo estoy a favor de la libertad de expresión”, manifestó Rojas en un video publicado durante la tarde de este lunes.

Antes de esta publicación, el coordinador de asesores se había deslindado del actuar de su mamá en un post de X: “No tenía conocimiento de las acciones que tomaría mi madre por un video. A partir de hoy me deslindo siempre de sus acciones. Me lastima mucho su actuar con Irving y otros compañeros. Y espero dé espacio al diálogo (…) Y condenó el actuar de mi madre con el perro y el de cualquiera”.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal deslindó a su equipo de trabajo de cualquier estrategia de coerción hacia los medios de comunicación.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, advirtió que la iniciativa presidencial para evaluar candidaturas podría convertir al organismo en “juez y parte” de la contienda política, en caso de que las reglas no queden perfectamente diseñadas.

Taddei alertó que si se pide al instituto juzgar o determinar la probidad de los aspirantes se vulnerará de manera directa el papel de la autoridad, que debe ser neutral e imparcial.

La presidenta Sheinbaum plantea crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con cinco consejeros electorales. Según la reforma, esta comisión sería un canal de comunicación confidencial entre los partidos políticos y las instancias de seguridad del gobierno, para una “evaluación de riesgo” de los candidatos.

Según Taddei, el mecanismo propuesto no disminuye la responsabilidad de los partidos en la selección de sus candidatos, ya que el proceso será opcional.

La consejera presidenta afirmó que su función institucional exclusiva es organizar elecciones y garantizar equidad, certeza y legalidad, por lo que no le corresponde validar la integridad de las candidaturas ni calificar los antecedentes de las y los aspirantes.

Reiteró la importancia de que la ley mantenga la separación de funciones, bajo el argumento de que el instituto es una autoridad administrativa y no un órgano ministerial ni judicial.