Atentado cobro de agua a los campesinos acabará con el sector agroalimentario: CNA

  

• El presidente del Consejo Nacional Agropecuario advierte de “una tormenta perfecta para acabar con el sector agroalimentario”

AN  / LP / CDMX.-La iniciativa presentada por el diputado de Morena, Carlos Lamarque, para obligar a pagar los derechos de agua a todos los agricultores del país a partir de 2020, “acabaría con el sector agroalimentario” de México, advirtió Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En entrevista para Aristegui en Vivo, De la Vega consideró que la iniciativa presentada el pasado jueves 17 de octubre, se redactó “al vapor”, sin tomar en cuenta a campesinos a través de consultas, y sin valorar el impacto negativo que podría tener en este sector productivo del país.

“Nuestro presidente nos prometió que no habría aumento a los impuestos existentes ni nuevos impuestos, y esto lo contradice”, dijo el titular del CNA, y recordó que el pasado 8 de febrero firmaron ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el plan de autosuficiencia alimentaria, por lo que consideró que esta iniciativa va en contra de dicho plan.

Actualmente, la Ley Federal de Derechos exenta a los agricultores del pago de derechos de agua. La justificación para la reforma a esta ley y la implementación del cobro, propuesta por Lamarque, es que el sector agroalimentario contribuye en una proporción ínfima al mantenimiento de la infraestructura de riego.

Bosco de la Vega negó que esta aseveración sea correcta, pues anualmente los agricultores pagan una cuota de 5 mil millones de pesos para el mantenimiento de drenes y canales, así como para la compra y reparación de maquinaria y equipo.

La principal falla en la iniciativa de ley propuesta por el diputado morenista, es que no se está considerando que los clientes del agua son los módulos de riego que abastecen por zona, tanto a pequeños, como medianos y grandes productores.

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Precisó que la imposición de un cobro “impactaría severamente en los costos de producción”, porque por hectárea tendrían que pagar entre 3 mil y 6 mil pesos, dependiendo de la necesidad de agua del cultivo.

Esto, afectaría al sector agroalimentario, el cual aporta el 8.3 por ciento del producto interno bruto, pero que, con la suma de cadenas de valor y servicios colaterales, representa el 18.3 del PIB, afirmó De la Vega.

Para los productores de maíz, trigo o arroz, esta decisión que se avecina en la Cámara Baja, podría significar que pequeños o medianos agricultores sigan produciendo o no.

Esto, aunado a la caída del presupuesto para el campo, la violencia en las regiones agrícolas del país, y el desmantelamiento de las consejerías agropecuarias, así como la promulgación de la nueva ley que protege al maíz nativo, “que atrasa un siglo en los esquemas de producción de maíz”, se convertiría en “una tormenta perfecta para acabar con el sector agroalimentario”.