Presiona Gobierno de Obrador para que la Suprema Corte no anule la prisión preventiva oficiosa
(Foto: Cuartoscuro)
- En la conferencia ‘mañanera’, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los jueces que liberan a criminales al plegarse a principios legales, pero sin considerar quiénes son las personas a las que están juzgando.
AN / MÉXICO.-En línea con la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de Presidencia , que defendieron la prisión preventiva oficiosa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó que las reformas planteadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocarán corrupción y un mercado de jueces y abogados.
Tras presentar el caso de José Bernabé Brizuela alias “La Vaca”, un peligroso criminal a quien se le acusa de ser el principal provocador de violencia en Colima, el subsecretario de Seguridad de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, apuntó que un juez de control se negó a vincularlo a proceso, por lo que habría quedado en libertad de no haber sido por dos órdenes de aprehensión en su contra liberadas por las fiscalías de Tamaulipas y Colima.
Mejía Berdeja afirmó que por eso es necesario que se mantenga el mecanismo de prisión preventiva oficiosa.
“Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos, los llamados ‘delitos de cuello blanco’, la prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez”, dijo al presentar los resultados de Cero Impunidad.
“Es importante mantenerlo por que si se está el árbitro de que cada detención por estos delitos sea un juzgador el que resuelva si se queda en prisión o no, esto puede dar lugar a múltiples casos de corrupción, a un mercadeo de abogados y jueces y también incrementaría la peligrosidad inclusive para los propios jueces, para la víctima que se atreve a denunciar esos delitos, para los testigos que intervienen en la parte procesal y sobretodo representa una amenaza para la sociedad”.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los jueces que liberan a criminales al plegarse a principios legales, pero sin considerar quiénes son las personas a las que están juzgando.
“Es lo que siempre se alega, siempre es eso: ‘está mal integrada la averiguación previa, no lo detuvieron a las 10 de la mañana sino a las 11, n o son consistentes las pruebas’. ¿Qué le cuesta a un juez que su función fundamental es impartir justicia? -tratándose de una persona así porque ni modo que no supiera a quién iba a juzgar- ¿Qué le cuesta tardarse medio día y preguntar en los estados si no hay antecedentes?”, dijo.
El Gobierno mexicano solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantener la figura de prisión preventiva oficiosa “tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
En un comunicado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica del Poder Ejecutivo federal, María Estela Ríos González, señalan que la existencia de dicha figura es fundamental en ciertos delitos.
“Para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas”, afirman.
La postura oficial asevera que dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura.
“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”.
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