Se dobla. Cuitláhuac acata recomendación de la CNDH para frenar abusos de poder
- La CNDH hizo un exhorto para que el Poder Legislativo del Estado derogue, a la brevedad posible, el numeral 331 del Código Penal de la entidad, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos. La revocación del articulado deberá ser notificado al órgano colegiado que acrediten su cumplimiento.
Augusto ÁLVAREZ BASSOLS /
12HORAS / XALAPA, Ver. 12 enero 2022.-El caso de los seis jóvenes detenidos ilegalmente en Xalapa por “ultraje a la autoridad”, desembocó en la recomendación de la CNDH 146/ 2021 al gobernador Cuitláhuac García y a la fiscal general Verónica Hernández para que subsanen la vulneración de los derechos humanos.
Con este exhorto de la CNDH a cargo de Rosario Ibarra, acabó dándole la razón al senador y líder de la bancada de Morena de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, y al Colegio y Barra de Abogados del Estado, quienes denunciaron la “inconstitucionalidad” del numeral 331 del Código Penal para el Estado.
El gobernador Cuitláhuac García, quien desde el principio del diferendo por la ampliación del artículo 331 del Código Penal que entró en vigor en abril del 2021 se negó a revocar el numeral, terminó aceptando la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“Si tenemos que corregir, corregimos”, respondió el mandatario morenista tras la debacle nacional y polarización que originó la creación de una Comisión Especial del Senado de la República para investigar los abusos de poder y violación a los derechos humanos en Veracruz.
Anunció que aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la que se señaló abusos de policías del estado, tras la detención de seis jóvenes en la capital del Estado.
Detalló que al igual que la Fiscalía General del Estado envió un escrito a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra por el que se notifica la aceptación de la recomendación 146/2021.
“No solamente ha avanzado en notificar la recomendación, si no que ya ha iniciado el proceso de atender lo que nos correspondía”, subrayó.
Según la recomendación 146/2021, tanto el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, como la Fiscalía General del Estado tendría que apoyar con las siguientes medidas para subsanar los errores de la violación del estado de derecho.
-Brindar atención médica y psicológica que requieran los seis jóvenes detenidos y encarcelados en el penal de Pacho Viejo, la cual deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación psicológica y emocional.
-De igual forma deberán valorar el monto justo para que se otorgue una compensación justa a V1, V2, V3, V4, V5 y V6, en virtud de las violaciones a derechos humanos que deberá ser atendido y tramitado a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Delito.
-La CNDH presentó una queja ante la Contraloría General del Estado, así como una denuncia de hechos en la Fiscalía General del Estado, por la violación a los derechos humanos de parte de los elementos, a la cual se tendrá que dar seguimiento, es decir, se tendrán que sancionar administrativa y penalmente a los policías involucrados.
-Para garantizar las medidas de no repetición, tanto el gobierno de Cuitláhuac García como la Fiscalía General tienen un plazo de tres meses para impartir un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a la seguridad jurídica, dirigido a los elementos involucrados y a los fiscales del caso de los seis jóvenes.
-Mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa; remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento
La Comisión finalmente pidió al gobierno estatal y a la fiscalía general designar a un servidor público de alto nivel de decisión como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.
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