Crece la polémica por un nuevo Estado de Bienestar, pero los hogares se colapsan por la pandemia
Niño en un barrio pobre cerca de Tijuana, Baja California, México, 22 de abril de 2019. Andrés Martínez Casares
- Mientras el presidente mexicano publicó un texto con la necesidad de incluir la justicia social dentro de la visión de un nuevo modelo económico, legisladores discuten la posibilidad de entregar un Ingreso Mínimo Vital para los trabajadores afectados por la crisis sanitaria
Manuel Hernández Borbolla /
RT / MÉXICO.-Al mismo tiempo que México continúa su batalla contra los contra la Covid-19, algunas voces al interior del país han resaltado la necesidad de construir un Estado de Bienestar que garantice el acceso a los derechos sociales de la población, más allá de la coyuntura económica.
La iniciativa todavía es incipiente y ha derivado en una fuerte polémica, mientras se buscan opciones de financiamiento en un contexto de crisis económica global.
El «derrumbe del modelo neoliberal»
El presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa el tema, al escribir un ensayo titulado ‘La nueva política económica en los tiempos del coronavirus’, en el que sostiene la necesidad de implementar un Estado de Bienestar ante lo que considera el derrumbe del modelo neoliberal, incluso antes de la pandemia por el coronavirus.
«Como es evidente, el covid-19 no es la causa principal de la recesión económica global. La pandemia solo vino a precipitar, en medio de un tremendo agotamiento, el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo«, señaló López Obrador en un escrito del 15 de mayo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 9 de marzo de 2020. Henry Romero / Reuters
En este sentido, el mandatario reiteró que el crecimiento económico debe ir de la mano de la justicia social, que atienda de manera prioritaria a los más pobres, porque estima que la riqueza es inservible si está concentrada en pocas manos.
«Nuestra propuesta consiste, en suma, en establecer un Estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores», apuntó López Obrador en el texto.
¿Medir la riqueza en el domicilio?
Casi al mismo tiempo que el presidente publicó su ensayo, una polémica propuesta acaparó la discusión en México. La idea fue planteada por Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado con licencia y actual presidente de Morena, el partido fundado por López Obrador.
En su propuesta, Cuéllar planteó que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) mida la concentración de riqueza en el país y, para ello, se permita a este organismo entrar «sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas». El revuelo no tardó en estallar.
La oleada de críticas empezó con acusaciones contra el partido Morena, señalándolo de querer ingresar al domicilio de las personas para revisar sus niveles de riqueza.
La polémica no terminó allí. El texto también proponía una «progresividad fiscal que tendrá que aplicarse a la propiedad, la riqueza, el ingreso, las emisiones de CO2 y los daños a la salud», lo cual implicaría mayores impuestos para los más ricos.
Ante la controversia generada, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se pronunció para deslindarse de la propuesta, al considerar que toda iniciativa para debatir el «nuevo orden mundial» emanado de la crisis de covid-19 debe revisarse con calma.
Lo mismo hizo el presidente López Obrador, quien no consideró conveniente dicha iniciativa.
«No creo que sea correcto. Se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios de todos los mexicanos», dijo este martes.
Ante la falta de consenso en su propio partido, el presidente de Morena ofreció varias entrevistas a medios de comunicación para señalar que su propuesta no era que INEGI ingresara a los domicilios, sino contar con un organismo que mida la concentración de la riqueza y las grandes fortunas.
«Yo no estoy proponiendo dar a conocer la propiedad de las personas, que el INEGI se meta a nuestras casas, que se condene el patrimonio. Yo lo que quiero es que así como medimos la extrema pobreza, midamos también la extrema riqueza», dijo Ramírez Cuéllar en entrevista con Aristegui Noticias.
Ingreso Mínimo Vital
El pasado lunes, líderes sindicales, académicos y legisladores realizaron el primer conversatorio virtual para discutir la propuesta de Ley de Ingreso Vital, impulsada por la senadora Patricia Mercado, del partido Movimiento Ciudadano.
La iniciativa plantea que el Gobierno entregue un salario mínimo de 3.696 pesos mensuales (156 dólares), durante un periodo de tres meses, a todas aquellas personas que han perdido sus ingresos, ya sea en empleos formales o informales. La propuesta surge luego de que al menos 750.000 personas hayan perdido su empleo durante la cuarentena, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La propuesta, de hecho, también fue planteada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por la enfermedad del coronavirus, con el objetivo de que las transferencias de dinero puedan ayudar a satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, «lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida».
De aprobarse la propuesta de ley, que se encuentra en un proceso todavía incipiente, podría beneficiarse a alrededor de 32 millones de personas, de entre 18 y 65 años, que no entran dentro de los programas sociales impulsados por la administración de López Obrador.
La iniciativa cuenta con el respaldo de algunos sindicatos y académicos, como el economista Rolando Cordera, quien incluso propuso que esta idea escale hacia un Ingreso Universal Único, que contribuya a construir un Estado de Bienestar.
El concepto de Estado de bienestar es un modelo de organización político y administrativo desarrollado en Europa tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y que se caracteriza por el intento de universalizar los derechos humanos de segunda generación (derechos sociales), tales como educación, sanidad, seguridad social y jubilación.
Todavía no queda del todo claro cómo harán los políticos mexicanos para financiar un Estado de bienestar en medio de una debacle financiera generalizada como consecuencia de la pandemia del covid-19, que ha generado pérdida de empleos y una gran volatilidad de los precios del petróleo en el mercado internacional, un aspecto crucial para las cuentas públicas en México.
Sin embargo, la iniciativa surge en un momento en que líderes de América Latina y otras regiones del mundo, han comenzado a plantear un modelo económico alternativo, tras los efectos de la pandemia global del coronavirus.