Un plan nacional de emergencia para evitar el colapso económico nacional

La única manera de evitar que la cuarentena obligada se convierta en una catástrofe económica nacional es a través de profunda intervención de los gobiernos federal, estatales y municipales, que resuelva el doble problema que se ha generado: una intervención a través del gasto público que ponga dinero en manos de las familias y evite que desaparezcan las empresas de manera definitiva y con ellas las fuentes de empleo. Una intervención de esta naturaleza requiere un sacrificio fiscal de parte del gobierno. Requiere hacer uso de recursos públicos extraordinarios que bien pueden provenir de reasignaciones que se hagan dentro del presupuesto eliminado o posponiendo algunos programas o proyectos de inversión o bien a través de la contratación de deuda pública que ponga en manos del gobierno los recursos que necesita para financiar los apoyos.

Para ello se requiere la implementación de un plan de acción que contemple al menos las siguientes medidas:

1.- Para ayudar a las personas y salvar a las familias:

El gobierno federal deberá realizar trasferencias monetarias directas a las personas y a las familias para compensar la pérdida de la ocupación o el empleo.

Eximir temporalmente del pago de servicios públicos a cargo del gobierno federal y de los estados y municipios, (energía, eléctrica, agua potable, etc.) hasta que finalice la cuarentena a personas desempleadas.

Otorgar créditos sin intereses por parte del gobierno, a personas que hayan perdido su empleo o actividad económica que realizaban.

Ofrecer recursos para garantizar préstamos que las personas y familias soliciten a los bancos, los cuales serían equivalentes a la cantidad de impuestos que haya pagado cada individuo el año anterior.

Realizar prórrogas fiscales a las personas que hayan perdido su empleo, en pagos de impuestos federales, estatales y municipales, incluyendo las cuotas de seguridad social. Pagos que se podrían realizar en los siguientes dos años sin generar mora, ni interés, ni afectar su calificación crediticia.

2.- Para preservar el empleo y evitar el cierre de empresas

El gobierno federal deberá otorgar créditos sin intereses a micro, pequeñas y medianas empresas en riesgo, con el propósito de que no despidan a sus trabajadores y les otorguen al menos un salario de subsistencia y al mismo tiempo puedan seguir cubriendo los gastos de operación. Esto protege a los trabajadores de caer en el desempleo e impide el cierre definitivo y masivo de empresas.

Asimismo, el gobierno federal debe ofrecer recursos para garantizar préstamos que las empresas en riesgo soliciten a los bancos, los cuales serían equivalentes a la cantidad de impuestos que haya pagada cada empresa el año anterior.

Eximir del pago de servicios públicos a cargo del gobierno federal, estatal y municipal (energía, eléctrica, agua, etc.) hasta que finalice la cuarentena a las empresas en riesgo.

El gobierno federal debe otorgar créditos sin intereses y subsidios a empresas que produzcan material sanitario necesario para la actual pandemia.

Reducción temporal de las tasas impositivas del ISR a las empresas de los sectores productivos más afectados (que además pagarían con prorroga)

Realizar prórrogas fiscales a las empresas en riesgo en pagos de impuestos federales, estatales y municipales, incluyendo las cuotas de seguridad social. Pagos que se podrían realizar en los siguientes dos años sin generar mora, ni interés, ni afectar su calificación crediticia.

3.- ¿Y con qué dinero?

Existen dos fuentes de recursos de las que se podrían disponer de manera inmediata:

Constituir el “Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias”, con el cual el gobierno federal podría contar con recursos a través de financiamiento por hasta un monto que sea igual o menor al 100 por ciento del balance primario positivo, lo que equivale en este momento a 181 mil millones de pesos (mdp).

Para la creación de este fondo la Cámara de diputados propuso reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (fracción IV Bis al Artículo 2 y el Artículo 37 Bis) y la Ley Federal de Deuda Pública (artículo 4o, fracciones I y V, y adicionar un párrafo segundo al artículo 10). Se requiere que se apruebe dicha reforma de inmediato para que el gobierno federal pueda contratar un financiamiento por un monto de 181 mil mdp.

Suspender (al menos temporalmente) la construcción de la refinería de Dos Bocas, del aeropuerto de Santa Lucía, del corredor en el istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Esto permitiría contar con recursos por un monto de 81,631 mdp, que es la suma del presupuesto asignando a esos cuatro proyectos, los cuales podrían reanudarse el próximo año.

El gobierno federal podría contar de manera inmediata con un total de 263 mil mdp para implementar un programa económico de emergencia y evitar un colapso total. Es eso, o no hacer nada que es lo que hasta este momento ha sucedido.

Existe una fórmula para evitar la catástrofe económica y hay de donde obtener recursos para implementar las políticas públicas que se requieren. Lo único que se necesita es voluntad política y comprensión clara del gran problema económico que se vive.